La forzada permanencia del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, donde un juez autorizó el viernes en primera instancia su extradición a España, crea un paradójico escenario en Chile para las elecciones presidenciales del 12 de diciembre.
El candidato derechista Joaquín Lavín, ex funcionario de la dictadura (1973-1990), es el más favorecido por la lejanía del ex gobernante de facto y senador vitalicio en términos de posibilidades electorales, según analistas políticos.
Ricardo Lagos, abanderado de la gobernante Concertación por la Democracia, de centroizquierda, aumentaría sus posibilidades de triunfo en diciembre con el ex dictador en Chile, de acuerdo a esos mismos análisis, recogidos por la prensa santiaguina.
Luego de que el juez Ronald Bartle dictaminara que el general retirado de 83 años es extraditable a España, Lagos y Lavín coincidieron en que las razones humanitarias son el único recurso viable para traerlo de regreso a Chile.
Lagos, exiliado y detenido durante el régimen militar, subrayó que el fallo de Bartle es una nueva confirmación de que la comunidad internacional busca justicia a las graves y masivas violaciones de derechos humanos ocurridas en este país.
Lavín insistió en sus críticas a la justicia británica e internacional al comentar el dictamen de Bartle, reiterando que Pinochet debe "someterse a los tribunales de justicia en Chile" si se abre un proceso en su contra en este país.
El juez Juan Guzmán tramita en Santiago alrededor de 40 querellas penales presentadas contra Pinochet desde enero de 1998, pero aún no dictó ningún auto de procesamiento al ex dictador, aunque sí ordenó detener a otros militares retirados.
A primera vista, no hubo grandes diferencias en las reacciones ante el fallo de Bartle de los dos candidatos, pero una segunda lectura muestra el afán de Lavín de alejarse de Pinochet y el empeño de Lagos en poner en la campaña el tema de los derechos humanos.
Lavín, ex alcalde del acomodado municipio santiaguino de Las Condes y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), es el abanderado de la Unión por Chile, la alianza electoral que integran su colectividad y el Partido Renovación Nacional (PRN).
"El cambio" es el lema de este candidato, cuya campaña se sustenta en dar respuesta "a las preocupaciones reales de la gente" con una "mirada de futuro", más allá de las definiciones políticas e ideológicas.
Bajo estas premisas, Lavín se alejó del integrismo doctrinario de la UDI y exhibe en su discurso un sesgo tolerante que parece contradecir tanto su pertenencia al Opus Dei como la carrera política que inició a la sombra de Pinochet.
La detención del ex dictador en Londres el 16 de octubre de 1998 se transformó a la larga en un beneficio para el candidato derechista, cuya campaña está liberada del lastre que le representaría la polémica y odiada figura del senador vitalicio.
La estrategia de Lavín ha sido exitosa, al punto de remontar, según algunas encuestas, el respaldo en torno a 42 por ciento que posee la derecha y mermar seriamente las posibilidades de Lagos, indiscutido favorito hace sólo dos meses.
En los comicios competirán seis candidatos, aunque solo Lagos y Lavín tienen posibilidades de triunfar, pero la dispersión de votos en el espectro progresista obligará, al parecer, a una segunda vuelta electoral en enero del 2000.
La constitución establece que si ningún candidato presidencial obtiene mayoría absoluta en los primeros comicios, debe hacerse una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas, recurso que no fue necesario aplicar en 1989 ni en 1993.
El comando de Lagos tomó conciencia de que debe marcar las diferencias fundamentales con la derecha para recuperar terreno y asegurar sobre todo el voto del progresismo, y por ello procura ahora dar relieve a los derechos humanos en la campaña.
El caso Pinochet no ha constituido un punto principal de debate para ninguno de los dos postulantes presidenciales, por lo cual el ex dictador aparecía hasta ahora como un protagonista oculto y no deseado, pero a la vez fundamental, de la campaña.
En sus comentarios al fallo de Bartle, Lagos insistió en que Pinochet debe ser juzgado en Chile, tal como lo planteó el actual presidente, Eduardo Frei, quien quiere de regreso al ex dictador antes de que concluya su mandato en marzo del 2000.
En este empeño tienen un papel clave dos ministros socialistas muy cercanos a Lagos, el canciller Juan Gabriel Valdés y el ex canciller y actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Miguel Insulza.
El otro actor de esta operación es el ministro de Defensa, el democristiano Edmundo Pérez, quien volvió a esa cartera en julio a pedido de Lagos, gestor de la mesa de diálogo cívico-militar sobre derechos humanos instalada el 31 de agosto.
Para los observadores políticos resultó ilustrativa la reacción moderada ante el dictamen de Bartle, tanto de Lavín, como de las directivas de la UDI y el PRN, que marcaron así distancia con el pinochetismo más radical.
El democristiano Genaro Arriagada, secretario ejecutivo de la campaña de Lagos, exhortó a la derecha a asumir sus culpas por su silencio ante las violaciones de derechos humanos y fustigó a los empresarios y generales retirados que piden suspender la mesa de diálogo.
Carlos Ominami, senador socialista y jefe de Comunicaciones del comando oficialista, dijo que las anteriores "reacciones histéricas" de los partidos derechistas hacia España y Gran Bretaña contribuyeron a hundir más que a salvar a Pinochet.
Tanto Arriagada como Ominami llamaron a la candidatura de Lavín y a los partidos derechistas a asumir actitudes "responsables y de cordura" si es que desean que tengan éxito el argumento humanitario para traer de regreso a Pinochet. (FIN/IPS/ggr/mj/ip/99
