El fallo favorable a la extradición de Augusto Pinochet dictado hoy por el juez británico Ronald Bartle constituye un duro revés para el gobierno español de José María Aznar, quien en los últimos días intentó facilitar la liberación del ex dictador chileno.
Bartle dio curso a la extración solicitada para juzgar a Pinochet en España por 35 casos de tortura y uno de conspiración para torturar, delitos cometidos en los tramos finales del régimen militar que encabezó (1973-1990).
En su exposición, el juez británico explicó que no se pronunciaba sobre las demás acusaciones que pesan sobre el senador vitalicio chileno, que serán motivo de un juicio posterior.
Segundos después de darse a conocerce la decisión de Bartle, se desataron en España numerosas expresiones de alegría por el fallo, así como de adhesión al juez Baltasar Garzón, el solicitante de la extradición.
Pero no todos brindaron con alegría este viernes en España. El gobierno de Aznar dio un traspié diplomático en los últimos días, en un intento por complacer a las autoridades chilenas, contrarias al juzgamiento de Pinochet en Madrid.
El gobierno español envió a Londres el miércoles a dos portavoces diplomáticos para contradecir frente al fiscal Brian Gibbins al juez Garzón, quien le había ordenado apelar de inmediato un eventual fallo negativo a la extradición.
La ley británica obliga a notificar de inmediato, una vez producido el fallo, el interés por una apelación. El fiscal Gibbins representa a España en el juicio.
La acción diplomática fue calificada de ilegal y sorpresiva por los abogados de la acusación.
Al conocerse estas gestiones, se produjo una airada reacción de los partidarios de la extradición de Pinochet y el gobierno de Aznar se vio obligado a dar marcha atrás.
El canciller español, Abel Matutes, intentó desmentir el objetivo de la visita, al ratificar el jueves, y de forma oficial, la instrucción "clara y precisa" cursada antes por el juez Garzón.
Pero Gibbins reclamó, en una carta en la que dijo haber constatado diferencias entre el gobierno y el juez Garzón en torno de la apelación, "instrucciones precisas y por escrito", con lo que dejó la maniobra al descubierto.
El desliz fue conocido cuando en España restan como máximo seis meses para las próximas elecciones.
Según las últimas encuestas, la diferencia de intenciones de voto entre el gobernante Partido Popular (PP) y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es de apenas tres puntos porcentuales.
Estos sondeos revelan, además, que la mayor parte de los electores indecisos se ubican en el centro del espectro político español, compartido por el PP y el PSOE, y se manifiestan sensibles a la defensa de los derechos humanos.
El portavoz del gobierno, Josep Piqué, precisó este viernes que el Poder Ejecutivo "seguirá colaborando con la justicia en este caso" y pidió "un serio esfuerzo" a todas las fuerzas políticas para preservar las relaciones con Chile.
El PSOE , por su parte, destacó que la noticia procedente de Londres "alegra a todos los demócratas y entristece al gobierno y sus fiscales".
Mientras, cundían en Madrid rumores procedentes de Santiago según los cuales un avión de la Fuerza Aérea chilena arribaría a Londres para llevar de regreso a Pinochet, quién sería, de acuerdo con esas versiones, liberado por cuestiones humanitarias.
El abogado acusador Carlos Slepoy, quien fue además víctima de la dictadura argentina (1976-1983), afirmó que " las verdaderas razones humanitarias deben tender al juzgamiento de Pinochet".
"Si, por ventura, el Ministerio (del Interior) británico lo dejase ir en libertad sin que sea requerido judicialmente desde Chile, quedará ante la historia que el Reino Unido ha dejado en libertad al símbolo de los mayores genocidas de este siglo", afirmó Slepoy.
Todos los medios de comunicación mantuvieron este viernes canales de comunicación directa abiertos con sus corresponsales en Londres y en Santiago, y con organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos y sindicales que se concentraron para festejar en la céntrica Plaza del Sol de Madrid.
En las transmisiones, el telón de fondo fueron los gritos a favor de quienes llevaron sobre sus hombros la acción contra Pinochet y de condena al gobierno de Aznar y al fiscal Eduardo Fuingairiño.
"Tengo el sentimiento de que David ha vuelto a vencer a Goliat", dijo Slepoy. El abogado añadió, parafraseando a Unamuno: "Tenemos el derecho y la razón".
"A pesar de que (algunos medios de comunicación) ponían énfasis en el conservadurismo de Ronald Bartle, el juez no tenía alternativas que habilitar la extradición de Pinochet si aplicaba la ley. De lo contrario, el Reino Unido tendría que juzgarlo en Londres, en aplicación del convenio contra la tortura", agregó.
"Por lo tanto, e independientemente de los recursos que se impongan, estamos absolutamente convencidos que este fallo no cambiará y que efectivamente, desde el punto de vista judicial, la extradición quedará habilitada", sostuvo.
Fernando Barrios, miembro de la Fundación Pinochet que respalda al ex dictador, dijo en Londres tras conocer el dictamen que "este es el peor de los veredictos posibles".
"El juez actuó como si fuera un oficial de correos", o sea un simple transmisor de lo que ha dicho España, concluyó. (FIN/IPS/af/mj/hd ip/99
