La intranquilidad volvió al mercado financiero de Brasil, con caída de las bolsas, de la moneda y de los títulos de la deuda externa, tras un fallo judicial que impone un duro golpe al ajuste fiscal planificado por el gobierno.
El Supremo Tribunal Federal consideró inconstitucional, por unanimidad, el descuento obligatorio de aportes sociales a los funcionarios públicos jubilados de ingreso superior a 600 reales (315 dólares).
En la sesión del jueves, que se prolongó por la noche, la corte suprema de justicia brasileña también rechazó, por nueve votos a dos, un aumento de las contribuciones de los funcionarios en actividad, de 11 por ciento a 20 o 25 por ciento sobre los salarios más altos.
Las dos decisiones representan una pérdida de 2.500 millones de reales (1.300 millones de dólares) en los ingresos del Estado previstos para el próximo año, señaló el jefe de la Casa Civil de la Presidencia, Pedro Parente.
Eso exigirá un esfuerzo adicional, con recortes en los gastos o aumento de impuestos, para que Brasil cumpla las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de un superávit fiscal equivalente a 2,6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el 2000.
La nueva situación hizo que el mercado financiero reaccionara inmediatamente. En las últimas horas del jueves la bolsa de Sao Paulo registró una caída de 3,8 por ciento, tendencia que se mantuvo en la mañana de este viernes, seguida de una pequeña recuperación en la tarde.
La moneda brasileña, que sufrió persistente devaluación en todo septiembre, llegó a caer cerca de 2,6 por ciento. La cotización del dólar pasó de 1,92 a 1,97 reales, pero también logró alguna recuperación en el final de la tarde de este viernes.
El mercado es particularmente sensible a las dificultades del ajuste fiscal, consideradas el principal factor de incertidumbre en la economía brasileña.
El país se hizo más vulnerable con el fallo de la corte suprema de justicia, explicaron empresarios e inversionistas del mercado accionario. Operadores de la bolsa criticaron la falta de precaución del gobierno, señalando que un fallo por unanimidad no podría ser tan imprevisible.
Las metas de superavit fiscal se mantienen, aseguró Parente, anunciando que el gobierno estudiará formas urgentes de aumentar su recaudación.
Para este año no habrá problemas, porque se obtuvieron hasta agosto resultados superiores a los previstos, sostuvo.
Parlamentarios descartan la posibilidad de un nuevo aumento de impuestos, por considerarlo políticamente inviable, ya que la carga fiscal en Brasil ya alcanza a 30 por ciento del PIB, un nivel casi intolerable para el país, donde el gran tamaño de la economía informal reduce la base de contribuyentes.
El Supremo Tribunal Federal transfirió para toda la sociedad el costo de los privilegios de los funcionarios públicos, acusaron el secretario general de la Presidencia, Aloysio Ferreira, y el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Arnaldo Madeira.
Los 560.000 funcionarios "inactivos" (como se llaman los jubilados) provocarán un déficit de 22.000 millones de reales (11.460 millones de dólares) este año en las cuentas del gobierno central, informó el ministro de Previsión Social, Waldeck Ornelas.
Es que los funcionarios públicos retirados ganan en Brasil salarios idénticos al que reciben los 517.000 colegas en actividad. Son "inactivos" y no jubilados, según la terminología empleada.
Pero en realidad, con la prohibición de cobrarles una contribución, los jubilados ganan más, ya que los funcionarios activos afrontan un descuento de 11 por ciento en sus salarios en favor del sistema previsional.
Esa situación estimula el retiro precoz, que proporciona un aumento inmediato de 11 por ciento en los ingresos, lamentó el presidente Fernando Henrique Cardoso.
El fallo de los once jueces de la corte suprema de justicia provocó fuerte críticas entre parlamentarios oficialistas. El Poder Judicial "no puede seguir con los ojos cerrados para las necesidades del país", dijo el presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes.
Muchos atribuyeron la decisión a la insatisfacción de los jueces por la resistencia del gobierno y del Congreso a que el Poder Judicial tenga un tope salarial de 12.720 reales (6.625 dólares), 17,7 por ciento superior al fijado para los poderes Legislativo y Ejecutivo.
"Es imoral" el reclamo de los jueces, que ahora se hizo menos factible, con el déficit ampliado en la previsión social provocado por la propia corte, sentenció Magalhaes.
Los jueces declararon inconstitucional el cobro de las contribuciones, argumentando que representa una "confiscación" y reducción real de los salarios, vetada por la Constitución.
El fallo respondió a un pedido del Colegio de Abogados de Brasil, cuyo presidente, Reginaldo de Castro, justificó la acción por la necesidad de defender la Constitución. (FIN/IPS/mo/dm/if ip/99
