La culpabilización de los empleados públicos en Brasil, que ya dura una década, llegó ahora a su punto culminante de la mano del propio gobierno, ante la necesidad cumplir con el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los 160 millones de brasileños tendrán que sacrificarse para mantener "los privilegios de 918.000 jubilados y pensionistas" del sector público federal, dijo el ministro de Hacienda, Pedro Malán.
El mismo argumento fue esgrimido por el ministro del Presupuesto, Martus Tavares, y otros miembros del gobierno, para condenar el fallo de la Suprema Corte de Justicia que rechazó el cobro de contribuciones previsionales de los funcionarios jubilados.
La decisión judicial también impide aumentar la contribución de los funcionarios activos para la previsión social, con lo que el gobierno pierde más de 2.000 millones de dólares en ingresos en este año y el próximo.
Ahora tendrá que recortar gastos o buscar ingresos similares por otra vía, para alcanzar en el 2000 el superávit fiscal prometido al FMI, de 2,6 por ciento del producto interno bruto.
Los ministros atribuyeron el esfuerzo adicional exigido al país a las "injustas" ventajas de los empleados públicos.
El sistema de previsión social de la Unión, es decir de todos los poderes centrales, debe registrar un déficit de 10.000 millones de dólares este año, según el presupuesto oficial.
Esta cifra representa el doble del saldo negativo esperado en el sistema previsional del sector privado, que tiene 20 veces más beneficiarios, ya que cada empleado público retirado gana en promedio nueve veces la remuneración de los jubilados no estatales.
Mientras los primeros mantienen el mismo sueldo que sus colegas en actividad, los del sector privado sufren una fuerte reducción salarial al retirarse, debido al sistema de cálculo de sus beneficios y porque el límite fijado para su jubilación equivale hoy a 630 dólares mensuales.
Los empleados públicos fueron convertidos en el "chivo expiatorio" del desequilibrio en las cuentas públicas de Brasil, afirmó la socióloga María Brito, que trabaja en el gobierno estadual de Río de Janeiro desde hace 16 años.
Sus salarios están congelados hace cinco años y "su autoestima está por el suelo" ante los permanentes ataques de los gobernantes a sus "privilegios", haciendo imposible que mejoren su productividad, arguyó la experta.
Las presiones sobre el sector comenzaron en 1990, bajo el gobierno de Fernando Collor de Mello, cuyo triunfo electoral se debió en gran parte a sus ataques a los "marajás", como se denomina a los funcionarios estatales de altos salarios.
Desde entonces, se busca eliminar la estabilidad laboral en el sector público, que prohibe el despido de las personas contratadas por concurso y una compensación por los bajos salarios de funcionarios calificados, en comparación con los de empresas privadas.
La amenaza de despidos provocó una ola de jubilaciones precoces en los últimos años, ante el temor de pérdida de "derechos adquiridos", un proceso que agravó, en lugar de resolver, el déficit previsional, sostuvo Brito.
En realidad, las contribuciones adicionales que el gobierno pretenda cobrar de sus funcionarios y jubilados constituyen un mecanismo de reducción de sueldos, hecho que los miembros de la Suprema Corte de Justicia consideraron inconstitucional.
Las jubilaciones y pensiones del sector público siempre se interpretaron en Brasil como un costo inherente al Estado, cuyos jubilados son llamados "funcionarios inactivos".
La cuestión previsional se hizo polémica con la prioridad concedida al ajuste fiscal, tras el fin de la alta inflación en 1994.
Dirigentes sindicales y políticos opositores condenan la política oficial de buscar el equilibrio de sus cuentas por esa vía y argumentan que el gran problema radica en los intereses de la deuda pública, que consumirá más de 60.000 millones de dólares este año, el triple del déficit previsional total.
Los expertos en finanzas públicas, sin embargo, consideran clave reducir los gastos previsionales por su doble efecto fiscal. Además de favorecer las cuentas primarias, hace bajar las tasas de interés, alegan, al inspirar mayor confianza en el mercado financiero sobre la solvencia del Estado. (FIN/IPS/mo/ag/if/99
