La polémica sobre las jubilaciones de los funcionarios públicos, convertidas en el principal problema económico y político de Brasil, promueve la alianza de grupos políticos opuestos y divisiones peligrosas entre el gobierno, el Poder Judicial y los militares.
El déficit de la previsión social del sector público, estimado en 17.500 millones de dólares, es considerado el mayor obstáculo al ajuste fiscal y, por ende, a la expansión de la economía.
Una reforma en esa área devolvería al Estado brasileño la capacidad de inversión que tuvo en el pasado, al promover el crecimiento mediante el ahorro en los gastos del sector, argumentó el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Alcides Tapias.
Pero eso exige medidas impopulares, lo que explica las sucesivas derrotas del gobierno en sus intentos por reducir el déficit fiscal. Enmiendas constitucionales en la materia fueron aprobados por el congreso, pero con cambios que frustraron los planes del Poder Ejecutivo.
Además, la Corte Suprema de Justicia consideró el 30 de septiembre, por unanimidad, inconstitucional el cobro de contribuciones previsionales a los funcionarios públicos jubilados, que en este país son llamados "inactivos".
Esa contribución, cobrada desde mayo, era una forma de disminuir los gastos, ante la imposibilidad de reducir directamente las remuneraciones.
Ante el fallo judicial, el presidente Fernando Henrique Cardoso decidió modificar la Constitución, con una enmienda que autorice claramente el cobro a los "inactivos".
Es injusto, y un estímulo a la jubilación, que los inactivos ganen más que los funcionarios activos, ya que a éstos se les descuenta 11 por ciento de sus salarios para la previsión social, argumentó.
Para superar las conocidas resistencias parlamentarias a esa enmienda, Cardoso obtuvo el apoyo de los gobernadores estaduales, incluso los de oposición, casi todos enfrentados a dificultades financieras también agravadas por el déficit previsional.
Ese respaldo, que será ratificado en una reunión entre el presidente y los 27 gobernadores este viernes, puede vencer la resistencia parlamentaria. Pero no es seguro, ya que no todos los diputados son sumisos al gobierno de sus estados, advirtió el presidente de la Cámara, Michel Temer.
En la oposición, el asunto generó divisiones. Sus miembros con responsabilidad administrativa, como Olivio Dutra, gobernador del estado de Rio Grande del Sur, quieren gravar a sus jubilados, rebelándose contra la orientación de sus partidos.
Entre los juristas existen dudas de que, aunque aprobada, la enmienda constitucional no será invalidada por la Suprema Corte por anular disposiciones inmutables, como los derechos adquiridos. Muchos consideran una provocación proponer tal medida, luego del fallo contrario de la Justicia.
Además, las contribuciones de los jubilados representarían menos de diez por ciento del déficit previsional del sector público.
Por eso el gobierno pretende extender la medida a los militares, a través de otra enmienda constitucional. El ministro de la Previsión Social, Waldeck Ornellas, anunció que el sector deberá contribuir con el mismo 11 por ciento cobrado sobre los salarios de funcionarios civiles.
El ejército reaccionó, acusando de "interferencia precipitada" la declaración del ministro. Las Fuerzas Armadas, con respaldo del ministro de Defensa, Elcio Alvares, se atrobuyen el derecho de influir en la cuestión y estudios internos apuntan como recomendable una contribución limitada a 9,5 por ciento.
El asunto es delicado. La argumentación del gobierno pone a los funcionarios públicos, incluso a los militares y especialmente a los "inactivos", en la condición de culpables del estancamiento de la economía nacional.
Unos 160 millones de brasileños pagan el privilegio de 918.000 funcionarios públicos inactivos, dijo el ministro de Hacienda, Pedro Malán. Los jubilados del sector privado ganan, en promedio, cerca de nueve veces menos.
En el origen están los beneficios concedidos a esos trabajadores en el pasado para compensar salarios más bajos que los del sector privado.
La jubilación, en algunos casos, no se hace con el mismo nivel de remuneración al momento del retiro, sino con aumento por un ascenso al nivel superior, como ocurre con los militares.
Imponer una contribución previsional a los ya jubilados parece una paradoja, pero es la forma con que se quiere corregir errores del pasado, ante la imposibilidad de solucionar directamente el problema. (FIN/IPS/mo/mj/if/99
