BRASIL: Crimen organizado se infiltra en poderes públicos

Los indicios de penetración del crimen organizado en la policía, el ámbito político y en el sistema judicial de varios estados de Brasil hacen temer la "colombianización" de algunas regiones del país.

Esa infiltración del crimen en los poderes estatales se constata en las investigaciones de la Comisión Parlamentaria (CPI) dedicada al narcotráfico, que decidió este jueves prorrogar hasta marzo sus actividades, cuya conclusión se había previsto originalmente para el 10 de noviembre.

Los primeros resultados de la comisión llevaron al desmantelamiento de un verdadero poder paralelo en el estado de Acre, en la frontera con Bolivia y Perú.

Un grupo de policías dedicado al tráfico de drogas y armas mantenía el terror en la población y entre las autoridades locales, tras asesinar decenas de personas. Como jefe se identificó al diputado Hildebrando Pascoal, inhabilitado el mes pasado y detenido en Brasilia, junto con más de 20 acusados.

El sucesor de Pascoal, José Aleksandro, investido diputado el 25 de septiembre, está también bajo amenaza de inhabilitación, ante varios indicios de ilegalidades cometidas.

El estado de Maranhao, en el Nordeste, recibirá la próxima semana una misión de la CPI sobre narcotráfico, para averiguar denuncias de que el crimen organizado local es comandado por otro diputado, José Gerardo.

Um comisario de la policía local, Stenio Mendonza, fue asesinado en 1997 cuando investigaba la cuadrilla que, además de traficar drogas, actúa en asaltos a camiones.

La gobernadora estadual de Maranhao, Roseana Sarney, hija del ex presidente brasileño José Sarney (1985-1990), informó haber recibido amenazas de muerte. Otros testigos que serán escuchados por la CPI tienen sus identidades ocultas por el riesgo de ejecuciones.

Los jefes del crimen en Maranhao están conectados con los de Acre y de otros estados, según reveló a la CPI el camionero Jorge Meres de Almeida, que confesó haber trabajado para el grupo y cuyas denuncias indican la existencia de una amplia red nacional.

Otro cabecilla, según Meres, sería el diputado Augusto Farías, hermano de Paulo César Farías, el tesorero que controlaba el esquema de corrupción durante el gobierno del ex presidente Fernando Collor de Mello, entre 1990 y 1992.

Los Farías son del estado de Alagoas, también en el Nordeste, conocido por la violencia política. Paulo César Farías fue asesinado hace tres años y su hermano es sospechoso de haber ordenado el crimen.

El robo de camiones en Brasil y el posterior canje por drogas y armas en Bolivia era el negocio de la cuadrilla que pasaba por Maranhao y Sao Paulo, reveló el camionero.

En Piauí, otro estado del Nordeste, se descubrió por otras vías una organización criminal dedicada a la corrupción y la extorsión en las alcaldías. Se sospecha que sus actividades derivaron en el asesinato de ocho alcaldes en los últimos 10 años y en la amenaza de muerte a por lo menos otros 15.

El supuesto jefe, el coronel retirado de la Policía Militar José Viriato Correia Lima, está en prisión provisional mientras se desarrolla la investigación. La reclusión fue justificada por llamadas telefónicas grabadas en las que Correia Lima declara sus acciones ilegales.

El presidente del Colegio de Abogados de Piauí, Nelson Nery, pidió la intervención del gobierno central en el estado para combatir la criminalidad y también protección de la Policía Federal, ante el riesgo de vida.

Su temor es que Brasil se "convierta en otra Colombia", porque el crimen organizado ya no limita su actividad a enclaves en barrios de Río de Janeiro o Sao Paulo, sino que estructuró una red en varios estados.

Nery aludía así a la penetración del narcotráfico en los poderes del Estado en Colombia y a su influencia en todo el territorio de ese país, que tuvo manifestaciones extremas de violencia a fines de los años 80.

Otra CPI que investiga irregularidades en el Poder Judicial obtuvo numerosas informaciones sobre la influencia del narcotráfico sobre jueces de al menos dos estados, Mato Groso y Amazonas, que tienen fronteras con Bolivia, Perú y Colombia . La liberación de muchos traficantes se debería a esas conexiones. (FIN/IPS/mo/mj/ip/99

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