El gobierno de Bolivia y compañías petroleras transnacionales expresaron preocupación por los derechos de preferencia que ostenta la empresa brasileña Petrobrás para exportar gas natural boliviano a Brasil.
Bolivia cuenta en la actualidad con 16 trillones de pies cúbicos de reservas de gas, de los cuales 8,8 trillones corresponden a los yacimientos de San Alberto y San Antonio, propiedad de Petrobrás.
Con esas reservas Petrobrás podría suministrar a Brasil, si lo solicitara, los 30 millones de metros cúbicos diarios (MMCD) de gas que permite transportar el gasoducto construido entre la ciudad boliviana de Santa Cruz y Sao Paulo.
Para la venta de 30 MMCD de gas natural se requieren como mínimo 7,2 trillones de pies cúbicos de reservas probadas.
Compañías transnacionales competidoras, como Maxus, Chaco, Pluspetrol, Pérez Companc y otras, se quedaron hasta ahora sin la posibilidad de abastecer al mercado brasileño, debido a cláusulas específicas en los contratos suscriptos por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con Petrobrás
Los acuerdos, cuestionados por esas empresas, fueron firmados entre 1992 y 1996 y otorgan a la compañía brasileña, socia mayoritaria del gasoducto, derechos de preferencia respecto de terceros para vender a Brasil gas natural de campos bolivianos en los que tenga participación directa o indirecta, hasta 30 MMCD.
Esa situación pone en riesgo la permanencia en el país de las compañías que fueron desplazadas por esos contratos y amenaza con detener el flujo de inversiones extranjeras.
Ante ese estado de cosas, el gobierno boliviano decidió enviar a Brasil la próxima semana una delegación encabezada por el vicepresidente Jorge Quiroga para intentar negociar una modificación de los derechos de preferencia.
La comisión discutirá también con Brasilia la posibilidad de construir un nuevo gasoducto entre ambos países y la venta de electricidad, anunció el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Lupo.
El gobierno de Hugo Banzer tiene en este asunto poco margen de maniobra. Aunque le preocupa la eventual pérdida de otras inversiones petroleras por los beneficios que goza Petrobrás, no es fácil revisar y pretender modificar contratos largamente discutidos y ya firmados.
Además, La Paz es consciente de que la compañía brasileña apostó en 1992 a un negocio que por entonces era incierto, viabilizó la construcción del gasoducto y, en ese contexto, se ganó el derecho de preferencia.
"La única empresa que garantizaba la venta de gas a Brasil era quien tenía la llave del mercado y por eso se inició el ciclo de la venta de gas con Petrobrás", dijo el ministro de Hacienda, Herbert Muller, quien era titular de la cartera de Hidrocarburos entre 1991 y 1993, cuando se firmó el primer contrato gasífero.
Muller agregó que para Bolivia es indiferente que sea Petrobrás u otra empresa la que produzca gas, "porque todas pagan los mismos impuestos" y lo que interesa es vender ese combustible boliviano.
Otro inconveniente derivado del derecho de preferencia es que el Estado dejará de percibir unos 380 millones de dólares en concepto de participación y regalías por el suministro de gas natural de los campos San Alberto y San Antonio, ya que son considerados hidrocarburos "nuevos".
La ley de hidrocarburos aprobada en 1996 establece que los yacimientos que tenían reservas probadas hasta entonces deben tributar 51 por ciento de los ingresos, mientras que para los hidrocarburos "nuevos" fija sólo 18 por ciento.
Los reservorios de gas de los dos yacimientos de Petrobrás fueron descubiertos entre 1998 y 1999.
El viceministro de Energía e Hidrocarburos, Carlos Alberto López, sostiene que Petrobrás debiera aplicar su derecho de preferencia en la venta de gas a Brasil con un criterio de racionalidad, para equilibrar sus propios intereses con los de Bolivia.
De no existir esa "racionalidad", las inversiones actuales y futuras se verían afectadas, porque los inversionistas no encontrarán razones para establecerse en este país si no se les ofrece oportunidades de exportar gas natural en el corto plazo, agregó López.
El gobierno tiene la intención de corregir los problemas que le originan las excesivas ventajas que otorgó a Petrobrás, que en opinión de los analistas es producto de la inexperiencia de los negociadores bolivianos en aquel entonces.
Alvaro Ríos, experto independiente de temas relacionados con energía e hidrocarburos, sostiene que, a diferencia del gobierno boliviano, Petrobrás fue un buen negociador.
Por ahora solo queda buscar en forma agresiva nuevos mercados para el sector energético, con el fin de conformar a las otras compañías petroleras, afirmó.
Ríos recuerda que las compañías que apostaron a invertir en Bolivia conocían las reglas de juego y el derecho de preferencia establecido a favor de Petrobrás en los contratos de venta de gas natural a Brasil.
Lo que no imaginaron ni conocían con certeza es el gigantesco potencial de gas que contenían los campos de San Alberto y San Antonio, indicó el analista. (FIN/IPS/ac/dm/if ip/99
