La OEA debe sancionar al gobierno de Perú por su desacato al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de cuatro chilenos condenados a prisión perpetua en ese país, dijo Máximo Pacheco, vicepresidente del tribunal.
Pacheco, jurista, ex senador y ex ministro chileno, señaló al diario La Tercera que la CIDH entregó todos los antecedentes del caso a la OEA (Organización de Estados Americanos).
De esta manera se abre una instancia política en el conflicto planteado por el gobierno de Alberto Fujimori, quien en junio desconoció el dictamen de la corte interamericana que pidió un nuevo proceso para los cuatro chilenos.
Jaime Castillo, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Concepción Pincheira, fueron sentenciados a prisión perpetua en 1994 por una corte militar peruana integrada por "jueces sin rostro" bajo cargos de terrorismo y traición a la patria.
Los chilenos, identificados como altos dirigentes del insurgente Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), fueron apresados en 1993 cuando la policía allanó una residencia en que mantenían secuestrado a un empresario.
Un tribunal militar integrado por jueces anónimos, con rostros cubiertos, les atribuyó la muerte de cinco secuestrados cuyos familiares no pagaron rescates, y los procesó por traición a la patria pese a no ser peruanos.
Castillo, Mellado, Astorga y Pincheira cumplen la sentencia en el inhóspito penal de Yanamayo, en la provincia del Puno, donde realizaron la semana pasada una huelga de hambre junto a los demás presos del MRTA para denunciar maltratos.
En su fallo de junio, la CIDH no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de los cuatro chilenos ni acerca de la inaplicabilidad del cargo de traición a la patria, sino que estableció que el juicio debía ser anulado.
El tribunal interamericano señaló que los cuatro chilenos no tuvieron un debido proceso y por tanto correspondía hacerles un nuevo juicio con todas las garantías procesales, en estrados públicos y abogados defensores designados por ellos.
El gobierno de Fujimori desconoció ese dictamen y anunció que se retiraba de la CIDH, aunque mantuvo la adhesión que suscribió en 1979 a la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
Tal decisión resultó contradictoria, ya que la convención determina que los fallos de la CIDH son inapelables y obligatorios para los 34 estados miembros de la OEA, sin reservas de ninguna naturaleza.
"La corte es la garante del Pacto de San José de Costa Rica", señaló Pacheco, precisando que la CIDH no es un tribunal de tercera instancia, sino que su función es revisar si en un juicio nacional hubo o no violaciones de los derechos humanos.
"Estudiamos el caso de los chilenos" presos en Perú "y por las pruebas que nos proporcionaron llegamos a la conclusión de que no se habían respetado las normas del debido proceso", agregó el jurista.
"Ellos fueron procesados por un tribunal sin rostro, no se les dio la oportunidad de designar abogados y manifestaron haber sido torturados en el proceso", concluyó.
El ex senador advirtió que "es la primera vez en estos 20 años de existencia de la corte que un país no cumple con una sentencia".
"Hemos denunciado todos estos hechos a la OEA y le corresponde a esta instancia internacional aplicar una sanción" al gobierno de Perú "en el caso de los chilenos, si lo estima conveniente", agregó Pacheco.
Recalcó que "es muy grave que un país desconozca la competencia de la CIDH", porque ello significa desconocer la Convención Americana de Derechos Humanos.
"Esto es muy peligroso para los ciudadanos de ese país, porque no van a poder recurrir a la CIDH en procura de sus derechos, y es peligroso para todo el sistema" interamericano de protección de los derechos humanos, dijo.
La actitud del gobierno de Perú "abre un tragaluz para que otros países hagan lo mismo" cuando son objeto de fallos del tribunal interamericano que contravienen sus conductas judiciales, finalizó Pacheco. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/99
