La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) acusó al gobierno español de pasividad ante los juicios iniciados contra los ex dictadores de Argentina y Chile.
Directivos de AI subrayaron, al presentar un informe en Madrid, que el gobierno del centroderechista José María Aznar mantiene una actitud de apoyo formal a la justicia, pero no efectivo.
La responsabilidad del gobierno, de acuerdo con sus leyes y con los tratados internacionales que España ha firmado, es colaborar activamente para que se haga justicia, subrayaron.
En cambio, "el gobierno español ha trabajado activamente por mantener unas buenas relaciones bilaterales con Chile y Argentina, aún a costa de no exigir, como es su obligación, que los gobiernos de esos dos países cumplan con sus obligaciones internacionales", afirmaron el viernes.
La posición formal de respeto a la justicia "contrasta poderosamente con las numerosas reuniones de trabajo con autoridades argentinas y, sobre todo, chilenas, desde que comenzó el caso Pinochet en octubre de 1998".
Desde que el ex dictador chileno, Augusto Pinochet, fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998 por orden del juez español Baltasar Garzón, Aznar ha dicho que respetará la independencia del Poder Judicial.
Pero, al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado (que, según Aznar, desarrolla la opinión del gobierno) se ha opuesto, y ha presentado recursos contra las actuaciones de Garzón y de los 11 jueces del Tribunal Supremo que ratificaron su competencia.
Aznar reconoció que esa era la postura de su administración en declaraciones al diario chileno El Mercurio, en noviembre de 1997, mientras asistía a la VII Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita, Venezuela.
Además, la cancillería española negoció con la chilena e intentó favorecer otras vías para que no se concrete la extradición de Pinochet.
En su informe, AI también citó los principios adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1989 y acogidos en la resolución de la Asamblea General ese mismo año.
El principio 18 establece que "los gobiernos velarán porque sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción".
"Los gobiernos harán comparecer a esas personas ante la justicia o colaborarán para extraditarlas" y ese principio "se aplicará con independencia de quienes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, de su nacionalidad y del lugar en el que se cometió el delito", agrega.
Además, AI recordó el Convenio de las Naciones Unidas contra la Tortura, ratificado por Argentina, Chile, España y Gran Bretaña.
Ese convenio establece que "los estados parte se prestarán todo el auxilio posible, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder".
Los gobiernos de Argentina y Chile no sólo no han suministrado ninguna prueba, sino que paralizaron todas las instancias judiciales cursadas desde el exterior contra los ex dictadores y sus cómplices.
AI insistió en que Aznar no colabora con la justicia, y mencionó en ese sentido declaraciones suyas a El País, de Madrid, publicadas el 21 de octubre de 1998.
En ellas, el jefe del Poder Ejecutivo español declaró su esperanza de que "en función del final de los recursos, hasta es posible que esto no pueda llegar al gobierno" y que "a lo mejor el gobierno no se tiene ni que pronunciar".
Y añadió que "hay que buscar el bien mejor, ya que con el afán de que actúe la justicia con las dictaduras por abusos de poder, se pueden poner en riesgo vidas humanas en aquellos países en los que perviven las dictaduras".
AI contrastó la actitud de Aznar con la de otros gobernantes, como el ministro de Justicia italiano, Oliviero Dilimberto, quien pidió que los jueces de instrucción de su país consideren la posibilidad de abrir una investigación contra Pinochet.
La organización internacional también mencionó al canciller de Canadá, Lloyd Axeworty, quien elogió la resolución de la Cámara de los Lores británica de dar vía libre a la extradición del ex dictador a España.
AI solicitó al gobierno español que "al igual que otros y a través de las más altas autoridades, declare públicamente su obligación de enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad y de cooperación en su identificación, detención, extradición y castigo". (FIN/IPS/af/mj/hd/99
