El camino más corto para el regreso del ex dictador Augusto Pinochet a Chile sería que Santiago pidiera su extradición a Gran Bretaña, un paso excluido hasta ahora.
Pinochet cumplió el sábado un año de arresto domiciliario en Londres, donde fue detenido en la noche del 16 de octubre de 1998, cuando se recuperaba de una operación de hernia de disco.
La orden de captura fue emitida por los jueces españoles Manuel García Castellón y Baltasar Garzón, basados en un proceso iniciado por el primero en julio de 1996.
Desde entonces, el gobierno de Chile y la defensa del acusado han apelado a diversas acciones, unas judiciales y otras políticas, para evitar su extradición a España para ser juzgado por cometer delitos de lesa humanidad.
Uno de los argumentos más utilizados por los defensores de Pinochet es la reivindicación de la soberanía de Chile, que consideran vulnerada por las actuaciones judiciales en España, Gran Bretaña y otros países europeos.
Joan Garcés, Premio Nobel Alternativo y abogado de la acusación, dijo el viernes a IPS que "nadie en Londres ni en Madrid cuestiona la jurisdicción ni la soberanía de Chile".
Garcés añadió que "para hacer válida esa jurisdicción, en Derecho se requiere que haya una solicitud de extradición (de Pinochet, enviada por Santiago a Londres), que hasta ahora no se ha cursado".
La posibilidad de realizar esa solicitud enfrenta en Chile obstáculos derivados de la Constitución y de leyes que Pinochet impuso antes de abandonar la jefatura del Estado, a la cual accedió en 1973 tras encabezar un cruento golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Salvador Allende.
Se han iniciado varios juicios contra el ex dictador en su país, pero Pinochet aún no ha sido declarado reo, lo cual sería necesario para que hubiera pedidos de prisión y extradición.
Otro paso indispensable sería que se despojara al acusado de la inmunidad que le confiere el cargo de senador vitalicio (conferido a los ex mandatarios por la Constitución que él mismo impulsó).
Esa posibilidad existe, según dijo en septiembre el canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, al diario madrileño El País.
"Estoy seguro de que si (Pinochet) llega a Chile va a tener que responder ante los tribunales. Hoy día esto, que podía parecer increíble, es una realidad", afirmó Valdés.
Desde que comenzó el juicio en España se han presentado y aceptado casi medio centenar de querellas contra Pinochet ante la justicia chilena.
España sigue esperando, mientras tanto, que Gran Bretaña le conceda la extradición del ex dictador, la cual también fue solicitada a Londres por Bélgica, Francia y Suiza.
Fuentes judiciales próximas a la Audiencia Nacional española, ante uno de cuyos juzgados se realiza el juicio, señalaron que Chile tendría prioridad si pidiese la extradición de Pinochet, aunque sea luego de las solicitudes de los cuatro países europeos, y de procesos ya iniciados contra el ex dictador en Gran Bretaña.
Si Chile no lo hace, lo más probable es que finalmente Gran Bretaña conceda la extradición a España, dijeron las mismas fuentes. Según el dictamen británico, Pinochet podrá ser procesado por delitos de torturas y de conspiración para torturar cometidos después de diciembre de 1988.
Fuentes cercanas a la parte acusadora en España sostuvieron, sin embargo, que se aplicarán las leyes de ese país si el ex dictador es juzgado allí, y que Pinochet será acusado de más de 1.100 delitos de secuestro y desaparición forzada de personas, que se consideran imprescriptibles y continuados.
Una vez terminada la instrucción del caso por el juez Garzón, el sumario pasaría a la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por tres jueces, los que deberían abrir una instancia de juicio oral, escuchar a la acusación, al acusado y a la defensa, y dictar sentencia.
Mientras tanto, el ex dictador permanecería en la cárcel de Alcalá-Meco, a 20 kilómetros de Madrid, donde esperaron su juicio ex ministros y funcionarios del gobierno español procesados en los últimos años, según fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por IPS. (FIN/IPS/td/mp/ip/99)
