Un tribunal de Italia procesó hoy en ausencia a ocho militares argentinos por la desaparición de siete ciudadanos italianos durante la dictadura impuesta entre 1976 y 1983.
Los procesados por la corte judicial de Roma son los generales Santiago Omar Riveros y Carlos Guillermo Suárez Mason, el prefecto naval Julio Gerardi y los suboficiales Alejandro Puertas, Roberto Julio Rossin, Héctor Maldonado y José Luis Porchetto.
Los argentinos de origen italiano desaparecidos cuyo destino investigará la corte son Luis Alberto Fabbri, Laura Estela y Guido Carlotto, Martino Mastinu, Mario Marras, Norberto Moresi, Pedro Luis Mazzocchi y Daniel Ciuffo.
Familiares de los desaparecidos anunciaron que serán citados a declarar numerosos testigos, entre ellos el escritor Ernesto Sábato, familiares de las víctimas y militares argentinos.
La corte postergó la primera audiencia, que debió celebrarse este jueves, para el 22 de diciembre, a petición del abogado defensor de los acusados, Marcello Melandri, quien presentó a tales efectos un certificado médico según el cual será operado en Londres el próximo lunes.
Angela Boitano, cuyos hijos Adriana y Michelangelo desaparecieron en Argentina, sostuvo que el proceso italiano es el "más preciso y claro" contra militares violadores de derechos humanos en ese país "respecto a los iniciados en España, Francia y Alemania".
Boitano sostuvo que los juicios en curso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet en España y Gran Bretaña ha multiplicado las fuerzas de quienes no quieren olvidar la triste suerte de los 30.000 desaparecidos en Argentina.
Pinochet fue arrestado, a pedido del juez español Baltasar Garzón, el 16 de octubre de 1998 en un centro médico de Londres donde había sido sometido a una intervención quirúrgica.
Garzón instruye desde 1996 instruye un proceso por crímenes contra la humanidad a las dictaduras de Chile y Argentina.
Por otra parte, la fiscalía de Roma dio luz verde a un juicio contra otros cinco militares argentinos y decidió indagar a Pinochet por la desaparición de personas en el marco de la coordinación de los aparatos represivos del Cono Sur de América denominada Operación Cóndor.
El 9 de junio se presentó ante la fiscalía romana una nueva acusación contra del ex dictador chileno por su responsabilidad en la desaparición de ciudadanos italianos en América Latina.
El abogado italiano Giancarlo Maniga explicó que el código penal italiano permite procesar en Italia a responsables de crímenes cometidos fuera de sus fronteras contra ciudadanos de este país.
Familiares de desaparecidos argentinos y uruguayos de origen italiano pidieron que Pinochet sea procesado como responsable de la Operación Cóndor, que permitió el arresto de opositores a las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en cualquiera de esos países.
La denuncia también acusa a cuatro militares uruguayos, un comisario y un efectivo de la policía paraguaya y dos miembros del ejército argentino.
Italia también solicitó semanas atrás la extradición del ex jefe de los servicios secretos de la dictadura chilena, Manuel Contreras, por su responsabilidad en el atentado perpetrado en Roma en 1975 que dejó gravemente herido al ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y a su esposa Ana Fresno.
Boitano criticó la actitud de la Iglesia Católica en Argentina durante la dictadura. "De los 80 obispos argentinos, solo cinco o seis estuvieron cercanos" a los reclamos en materia de derechos humanos, afirmó.
"El papa Juan Pablo II no ha pronunciado jamás públicamente el nombre de nuestra organización, Madres de la Plaza de Mayo, y cuando en 1979 tocó el tema de los desaparecidos por la dictadura sólo expresó su dolor y sus condolencias", dijo.
"Y pensar que entonces nosotros estábamos en búsqueda de nuestros hijos y a lo mejor los habríamos podido encontrar vivos si no hubiéramos sido abandonados por todos", concluyó. (FIN/IPS/jp/mj/hd/99
