La evaluación multilateral y no punitiva que desde el 2000 harán los miembros de la OEA a su lucha contra el narcotráfico es una medida positiva, pero no eliminará la urticaria que produce la certificación unilateral y coercitiva de Estados Unidos, señalaron expertos.
El secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), César Gaviria, afirmó que el nuevo mecanismo evaluatorio aprobado esta semana en Uruguay entierra la desconfianza y las tensiones regionales.
Sin embargo, expertos de México sostienen que la medida apenas puede considerarse un bálsamo a las fricciones que periódicamente genera el narcotráfico entre Washington y los gobiernos de América Latina y el Caribe.
"Aunque Estados Unidos está en la OEA y participará en la evaluación multilateral, no dejará de examinar por su cuenta a otros países, aunque ahora quizá se cuide más en sus evaluaciones", dijo a IPS Jorge Chabat, experto del Centro de Investigación y Docencia Económica de México (CIDE).
"Si Washington se anima a descertificar a alguien, ese país ya se podría animar a reclamar con fuerza argumentando que la OEA dice otra cosa o que también critica a Estados Unidos", señaló.
El mexicano Jorge Fernández, autor de estudios sobre las relaciones entre narcotráfico y poder político y económico, entiende que el gobierno de Bill Clinton no parece tener mucho interés en ceder en su política de certificación, aunque prometa cooperación y respeto al derecho internacional.
Los 34 miembros de la OEA adoptaron el llamado Mecanismo de Evaluación Multilateral en una reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). El hecho se produjo luego de 13 años de recibir protestas directas y veladas contra el proceso de certificación estadounidense.
En la segunda mitad de esta década, Estados Unidos, país líder en el consumo de drogas, impuso castigos a naciones socias en la OEA, como Colombia y Paraguay, luego de calificarlas negativamente, "usando parámetros absolutamente relativos" en materia de lucha contra el narcotráfico, según Chabat.
"Habrá que ver ahora qué bases pone la OEA para examinar a sus miembros. Ojalá sean cosas concretas y no simples evaluaciones a la voluntad de tal o cual país, lo que se presta a presiones e influencias políticas", afirmó el experto del CIDE.
Gaviria aseguró que los miembros de la OEA dejaron atrás la desconfianza y adoptaron la evaluación multilateral en "una nueva acción conjunta", plena de "energía y creatividad en la lucha contra las drogas, bajo el principio de la responsabilidad compartida entre productores y consumidores".
La CICAD sostiene que la evaluación multilateral se basa en "el respeto a la soberanía, la jurisdicción territorial y el orden jurídico interno de los Estados, así como la reciprocidad, responsabilidad compartida, integridad y equilibrio en el tratamiento del tema".
En Colombia, uno de los principales países productores de drogas, el historiador Alvaro Tirado dijo a IPS que el nuevo mecanismo "da más confiabilidad y produce menos resistencia que el odioso mecanismo de la certificación unilateral" que ha venido aplicando Estados Unidos.
Además, coloca a la OEA a la altura de los retos que debe enfrentar en el nuevo milenio, agregó.
Productores de drogas, como Bolivia, Colombia, Perú, y los de tránsito y lavado de dinero del narcotráfico, como México, Islas Caimán, Bahamas y Barbados, comparten con Estados Unidos, mayor consumidor de estupefacientes del mundo, múltiples esfuerzos de lucha contra el narcotráfico.
Fernández sostiene que Washington mantiene su postura de "juez y policía", lo cual contradice el espíritu de mecanismos de cooperación como la OEA.
En marzo de cada año, desde 1986, Estados Unidos hace de juez y emite veredictos de certificación plena, condicionada o descertificación y, cuando la calificación es negativa, impone sanciones económicas y hace todo por frenar préstamos de organismos multilaterales al país afectado.
Washington ha reconocido en diversos foros internacionales que la certificación puede crear tensiones, pero la mantiene con el argumento de que lo obliga la ley de "Control, educación y coerción contra las drogas".
Estados Unidos no tiene autoridad para juzgar por ser el mayor consumidor de drogas en el mundo, con un gasto de alrededor de 100.000 millones de dólares cada año, opinó el mexicano Manuel Quijano, ex miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas.
Ese país no es sólo un importante consumidor (tiene 70 por ciento de los adictos a la cocaína en el mundo) sino que también es uno de los principales centros de lavado de dinero de las mafias, indica un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, difundido en diciembre de 1998.
En más de una ocasión presidentes de América Latina acusaron a Estados Unidos, su socio en la OEA, de no hacer lo necesario para combatir el narcotráfico a nivel interno y presionar a otros países para que sí lo hagan.
"Los mexicanos sienten que nuestro esfuerzo contra las drogas y el crimen organizado es mucho mayor que el de Estados Unidos (…) Los mexicanos se preguntan ¿por qué confiscamos cocaína, por qué detenemos a policías corruptos y por qué eso ocurre raras veces en Estados Unidos?", expresó en 1995 el presidente de México, Ernesto Zedillo. (FIN/IPS/dc/dm/ip/99)
