Organizaciones ambientalistas internacionales tratan de evitar que un gasoducto cruce y amenace bosques nativos en Bolivia para abastecer Cuiabá, una capital estadual del centro-oeste de Brasil.
El proyecto, encabezado por la empresa estadounidense Enron, en asociación con la compañía Shell International, establece la construcción de un ramal del gasoducto que ya está transportando gas natural boliviano hasta Sao Paulo y que luego se prolongará hacia el sur de Brasil.
El caño de 630 kilómetros de largo cruzará los bosques tropicales bolivianos de Chiquitano, clasificados entre los 200 ecosistemas más importantes del mundo, y el Pantanal brasileño, una extensa área húmeda que concentra una fauna de variedad sin par.
La obra comienza en la boliviana localidad de Ipias y continuará con rumbo noreste hasta Cuiabá, capital del estado de Mato Groso, donde Enron construye una central termoeléctrica a un costo de 500 millones de dólares, para generar 480 megavatios.
La empresa transnacional energética, en franca expansión en América del Sur, negocia un crédito de 200 millones de dólares de la agencia estadounidense Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC), para construir el gasoducto que abastecería su planta eléctrica.
Un grupo de organizaciones no gubernamentales brasileñas e internacionales envió una carta al vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y otras autoridades de ese país, advirtiendo que permitir el financiamiento de la OPIC incumpliría la política de Washington de no apoyar proyectos que afecten bosques primarios,
La disposición inicial de conceder el crédito se debió a una maniobra de la empresa Enron, afirmó Glenn Suitkes, director del programa latinoamericano de la Red Internacional de Ríos.
La empresa comenzó un diálogo con cinco grupos ambientalistas de Bolivia y Estados Unidos, entre ellos el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF en sus siglas en inglés), con los cuales firmó un protocolo, comprometiéndose a contribuir a la conservación del área afectada con un fondo de 10 millones de dólares.
WWF se retiró de la negociación tan pronto se dio cuenta que Enron la utilizó ante la OPIC como si fuera un aval de los ambientalistas al proyecto, dijo Bernardete Lange, coordinadora del programa del Pantanal de la organización no gubernamental en Brasil.
Esta organización ambientalista se opone al gasoducto Ipias- Cuiabá en el trayecto pretendido, aclaró Lange, ante la "interpretación distorsionada" que se difundió.
La negociación comenzó porque, "por un momento", representantes de la organización en Bolivia entendieron posible negociar cambios en el proyecto para proteger los bosques, explicó.
Chiquitano tiene 2,9 millones de hectáreas y los ambientalistas temen que el gasoducto someta al bosque vulnerable a la explotación sin control y a la colonización. Recuerdan que, además, el gasoducto atravesaría un territorio indígena.
Hay rutas alternativas que no representarían daños ambientales tan graves, dijo Lage, quien considera importante llevar el gas natural a Cuiabá, como alternativa a las centrales hidroeléctricas que, además de inundar extensas áreas, provocan muchos problemas sociales.
El gasoducto principal Bolivia-Brasil también cruza el Pantanal, pero no se conoce que haya provocado grandes daños. Cuenta con un seguimiento permanente y el consorcio que lo construyó ya reconstituyó los paisajes alterados, reconoció Lange.
Pero la región de Cuiabá no necesita nuevas centrales, ya que dispone de fuentes energéticas suficientes para los próximos 20 años, sostuvo Suitkes, un estadounidense que vive en la ciudad hace cuatro años.
Todo es preferible, sin embargo, al embalse hidroeléctrico que se pretende constituir en un río cercano a la ciudad, con base en un proyecto de la década pasada que cuenta con un estudio de impacto ambiental ya sobrepasado, señaló según Suitkes.
La obra casi concluida amenaza expulsar 600 familias de áreas fértiles y turísticas para tierras impropias a la agricultura, lamentó.
Suitkes es radical. Solo admite el gas natural como "puente", para el corto plazo, mientras se desarrollan alternativas energéticas sustentables, como la eólica y la solar, incluso más adecuadas a la electrificación rural en un estado agrícola como Mato Groso. (FIN/IPS/mo/dm/en/99
