Miles de ambientalistas acudirán a la conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que comenzará el mes próximo, para exigir que las normas comerciales internacionales no prevalezcan sobre las leyes ambientales de los países.
Delegados de 134 naciones ante la OMC intentarán resolver el conflicto entre el libre comercio y la protección de ambiente durante la III Conferencia Ministerial de esa organización, que se llevará a cabo en la ciudad noroccidental estadounidense de Seattle entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.
El Secretariado de la OMC prevé que se producirán manifestaciones de hostilidad por parte de los ambientalistas durante la conferencia, y reconoció que el comercio tiene a veces un impacto negativo sobre el ambiente, pero afirmó que no se lo puede responsabilizar por la contaminación.
En un informe de la OMC sobre Comercio y Ambiente, divulgado a mediados de este mes, se afirmó que la verdadera causa de la degradación ambiental es que los países pobres no disponen de los recursos necesarios para proteger el ambiente y reducir la contaminación.
"La verdadera enemiga del ambiente es la pobreza, y no necesariamente la actividad económica", declaró Michael Moore, director general de la OMC.
En el informe se señaló que la próxima ronda de negociaciones internacionales sobre comercio podría ser positivas para la preservación del ambiente si incluyeran cuestiones como la de los subsidios a la industria pesquera, a la cual se acusa de causar una reducción de la cantidad total de peces en los océanos.
Esa afirmación agradó a los ambientalistas, pero el resto del informe no disminuyó sus preocupaciones sobre el predominio de las normas internacionales del comercio sobre las leyes ambientales nacionales.
"La OMC dio un paso adelante al reconocer la existencia de un conflicto entre el desarrollo comercial y la preservación del ambiente, pero no admitió que algunas de sus normas son parte del problema", dijo Charles Arden Clarke, jefe del programa de comercio e inversión del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Cada vez que se han impugnado leyes nacionales sobre salud y ambiente, alegando que eran "barreras para el libre comercio", los fallos de los paneles formados por la OMC para resolver los conflictos otorgaron mayor jerarquía a las normas comerciales internacionales, añadió.
El gobierno de Estados Unidos debió reducir las exigencias de su Ley de Aire Limpio luego de que un panel de la OMC fallara a favor de Venezuela, que había impugnado esa ley porque prohibía las importaciones de combustibles que tuvieran elementos contaminantes.
La OMC arguyó en su informe de este mes que las normas ambientales internacionales deberían reforzarse para resolver el conflicto entre el comercio y el ambiente.
Jenny Bates, analista de comercio y economía del Instituto de Políticas Progresistas, una organización no gubernamental con sede en Washington, dijo que la OMC debería asegurar que los acuerdos ambientales multilaterales no puedan ser impugnados.
"Un gran paso en la dirección correcta sería aclarar la relación entre los acuerdos ambientales multilaterales y las normas de la OMC, para evitar que los acuerdos que cumplan con ciertas condiciones puedan ser impugnados", añadió.
La OMC señaló, sin embargo, que hasta ahora sólo se han impugnado leyes ambientales nacionales.
Si surgieran conflictos con normas internacionales sobre el ambiente, como la Convención sobre Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestres en Peligro de Extinción, se podrían resolver mediante el proceso de resolución de disputas de la OMC ya existente, dijeron funcionarios de la organización.
Bates afirmó que esa estrategia es riesgosa, ya que el panel de resolución de disputas de la OMC ha perdido incluso el respaldo de los ambientalistas menos radicales.
"Una solución mejor sería incorporar los acuerdos ambientales multilaterales a las normas de la propia OMC", agregó.
"Esta propuesta moderada sería un primer paso hacia la reconciliación de los objetivos comerciales y ambientales, fortalecería el sistema internacional e indicaría que los defensores de los mercados abiertos también se toman en serio los problemas ambientales internacionales".
En un informe publicado por dos grupos de expertos, el Instituto de Estudios de Políticas y el Centro de Recursos Interhemisféricos, Stephen P. Mumme, profesor de la Universidad Estatal estadounidense de Colorado, opinó que normas ambientales deben incluirse en forma explícita en los acuerdos comerciales.
Mumme señaló el precedente establecido en las áreas de protección ambiental y el desarrollo sustentable por instituciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que incluye desde 1994 a Canadá, Estados Unidos y México.
Tras intensa presión de las organizaciones ambientales, se acordó la creación de tres instituciones ambientales dentro del TLCAN: la Comisión para la Cooperación Ambiental, la Comisión de Cooperación Ambiental de la Frontera entre México y Estados Unidos y el Banco de Desarrollo Norteamericano.
Mumme señaló que esas instituciones aportaron "recursos muy necesarios para infraestructura ambiental en comunidades fronterizas con serios problemas económicos, y promovieron el desarrollo sustentable y la participación pública en la toma de decisiones sobre el ambiente".
El experto admitió, sin embargo, que drásticos recortes de fondos y "fallas en los procedimientos y programas" debilitaron institucionalmente a las agencias ambientales del TLCAN.
Estaba previsto, por ejemplo, que la Comisión de Cooperación Ambiental dispusiera de un presupuesto de 15 millones de dólares anuales, pero ha debido mantenerse con nueve millones de dólares por año.
Mumme consideró que los mecanismos de protección ambiental establecidos por el TLCAN son, de todos modos, un importante "primer paso para cerrar la brecha de políticas entre el comercio y el ambiente".
En escala mundial, las fallas del TLCAN indican lo que debe hacerse para fortalecer las perspectivas de desarrollo sustentable en acuerdos futuros, añadió.
Los gobiernos deberían invertir recursos adicionales en las instituciones encargadas de supervisar y aplicar esos acuerdos. "El desarrollo sustentable no puede lograrse con menos", subrayó Mumme. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/at/mp/en if/99
