El proceso de liberalización económica lanzado por el régimen comunista de Vietnam en 1989 elevó notablemente la calidad de vida de la población, pero también amplió la brecha entre ricos y pobres.
"Hace 10 años comíamos sólo arroz y verduras dos veces por día. Ahora podemos permitirnos carne, pescado y camarones. Sí, las cosas han mejorado enormemente…", declaró Dung, un agricultor de la aldea de Truc Son, situada a 25 kilómetros de Hanoi, la capital de Vietnam.
Dung podría hablar en nombre de la mayoría de los 79,5 millones de habitantes del país.
En efecto, el nivel de vida en la comunista Vietnam aumentó sensiblemente debido al "doi-moi", las reformas de liberalización económica lanzadas en 1989.
La tendencia quedó confirmada por un sondeo entre 6.000 familias realizado por el Departamento General de Estadísticas, el cual reveló que entre 1993 y 1998 el ingreso promedio anual por habitante aumentó 250 por ciento hasta 3.466 millones de dong (247 dólares estadounidenses).
El sondeo, realizado entre 1997 y 1998 pero cuyos resultados fueron conocidos solo en agosto último, fue realizado con la ayuda del Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.
Antes que el gobierno efectuara cambios en la dirección económica, alrededor del 70 por ciento de los vietnamitas languidecían en la pobreza.
El apoyo crucial de la Unión Soviética se esfumó después de la guerra fría, y la amenaza del hambre se sumó al colapso económico.
A pesar de una desaceleración económica en los últimos años, el producto interno bruto (PIB) de este país, impulsado por la ayuda externa para el desarrollo y capitales privados extranjeros, alcanzó niveles sin precedentes en esta década.
La economía creció en promedio más de ocho por ciento al año entre 1990 y 1997, y la producción industrial alcanzó un pico de 14,2 por ciento en 1996.
Vietnam, que antes era incapaz de autoabastecerse de alimentos, se convirtió en el segundo exportador mundial de arroz.
Sus niveles de pobreza cayeron a 50 por ciento en 1992 y a 15 por ciento el año pasado, según las estadísticas oficiales, basadas en la cantidad de arroz que cada habitante consume mensualmente.
El Banco Mundial, por su parte, estimó que el porcentaje de vietnamitas que vive por debajo de la línea de pobreza cayó de 58 por ciento en 1993 a 37 por ciento en 1997.
A pesar de estos logros, superiores a los de otros países más ricos, Vietnam no pudo evitar un problema que también perturba a otras economías en rápido crecimiento de la región: el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres.
La diferencia es más evidente entre las ciudades y las zonas rurales. El año pasado, los residentes urbanos tuvieron un ingreso promedio anual por persona de 650 dólares, lo que representó un aumento de 350 por ciento en los últimos cinco años.
En cambio, los ingresos en las áreas rurales, donde vive 80 por ciento de la población, apenas se duplicaron hasta alcanzar 183 dólares.
Pero los campesinos como Dung tienen varios motivos de satisfacción. Tras la aprobación de la Ley de Tierras en 1993, que eliminó las desastrosas cooperativas agrícolas y dio a las familias derechos sobre su propia tierra, obtuvieron libertad para elegir sus cultivos y sus propios mercados.
Muchas familias, especialmente en el Delta del Río Rojo, adoptaron un sistema de cultivos conocido como VAC (vuon-ao- chuong) o estanque de peces, huertos y ganado para suplementar sus ingresos.
Sin embargo, desastres naturales como las severas sequías seguidas por inundaciones el año pasado, trabas burocráticas para conseguir créditos, la baja calidad de algunas clases de arroz, la falta de infraestructura y de acceso a los mercados provocaron un retroceso en la economía rural.
El Banco Mundial está discutiendo con el gobierno la manera de corregir esos problemas, informó Nguyen Nguyet Nga, economista de la institución financiera, que es uno de los principales donantes para proyectos de desarrollo rural en Vietnam.
Mientras, la propuesta de un impuesto de 32 por ciento para las familias de agricultores "ricas" con un ingreso anual superior a 2.572 dólares anuales recibió una oleada de críticas y alimentó el argumento que los campesinos siempre salen perdiendo.
Los críticos señalaron que los empleados públicos pagan sólo el 20 por ciento del impuesto a las ganancias, las empresas inversoras foráneas un promedio de 25 por ciento y las firmas estatales gozan de reducciones impositivas y préstamos blandos.
"El gobierno sabe lo que debe hacer para impulsar la economía rural, pero al mismo tiempo necesita ingresos. No hay coherencia en esa política", opinó un analista político en Hanoi.
Para aquellos que trabajan en los arrozales, la falta de solidaridad del gobierno central no constituye el único obstáculo. En efecto, la corrupción y la burocracia a nivel local frustran los intentos de los campesinos para mejorar su potencial productivo.
En la provincia septentrional de Thai Binh estalló la violencia el año pasado cuando los campesinos denunciaron que los beneficios de sus abundantes cosechas iban a parar siempre a los bolsillos de funcionarios locales a través de gravámenes excesivos e injustos.
En un gesto que dio aún más credibilidad a las acusaciones de los agricultores, el Partido Comunista expulsó el mes pasado a 150 funcionarios de Thai Binh y aplicó sanciones disciplinarias a otros 900.
Para corregir el difuso problema de la corrupción oficial, el secretario general del Partido Comunista, Le Kha Phieu, lanzó en mayo una campaña de "crítica y autocrítica" de dos años de duración.
Sin embargo, el refrán vietnamita que dice que los edictos reales quedan bloqueados en las puertas de las aldeas parece ser muy cierta, porque los agricultores raramente se benefician de un sistema que muchos califican de feudal.
Los 53 grupos étnicos minoritarios en Vietnam, que comprenden 13 por ciento de la población y se encuentran en su mayor parte en zonas montañosas remotas, son quizás los que menos se beneficiaron del auge económico.
En 1996, el PNUD estimó que 66 por ciento de los miembros de minorías étnicas vivían en la pobreza y padecían de seria escasez de alimentos durante cuatro meses al año.
Los métodos agrícolas tradicionales de segar y quemar, ambos ecológicamente destructivos e insustentables, y el rápido crecimiento de la población volvieron aún más crítica su situación.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) que combaten la pobreza entre minorías étnicas manifestaron sus dudas sobre el compromiso gubernamental hacia grupos que, en el pasado, no se aliaron con la lucha vietnamita por la independencia, hablan lenguas distintas y tienen culturas "primitivas".
Las decisiones sobre la asignación de la ayuda oficial son adoptadas generalmente desde Hanoi y están basadas en escasos conocimientos de los problemas de cada comunidad.
Nasir Khan, un experto del PNUD sobre alivio de la pobreza, dijo que se adoptaron medidas para reducir la dependencia de los grupos minoritarios respecto de la burocracia de la capital.
En la provincia central de Dak Lak, un proyecto de asistencia a minorías del PNUD toma en cuenta por primera vez las necesidades comunitarias a nivel de aldeas.
Las propuestas específicas para cada comunidad son elaboradas por grupos minoritarios y luego son enviadas a los altos niveles jerárquicos para su aprobación.
Los propios aldeanos aportan 36 por ciento del capital, aliviando así la carga financiera al estado.
Los funcionarios expresaron que no existe una solución rápida en la lucha contra la pobreza, pero esa iniciativa local es una que puede marcar la diferencia. "Podría transformarse en un modelo para aliviar la pobreza en el futuro", dijo Khan. (FIN/IPS/tra-en/nnp/js/ego-mlm/if dv/99
