Los reportes de muerte y violencia en las cárceles de Venezuela resurgieron esta semana, desafiando a las autoridades judiciales con uno de los problemas sociales más graves que enfrenta esta nación.
Los enfrentamientos entre reclusos provocaron cuatro muertos este martes, tres muertos el lunes y seis muertos el sábado en tres cárceles distintas, además de decenas de heridos, de acuerdo con informes divulgados por medios locales.
Pero estos hechos de violencia son apenas la confirmación de la crisis crónica que vive un sistema penitenciario donde, según la Dirección de Prisiones, hubo 217 asesinatos el primer semestre de 1999.
Aun así, fueron menos que los 294 registrados en el primer semestre de 1998. También disminuyeron los heridos por arma de fuego dentro de las celdas, de 458 a 404.
El hacinamiento que causan el atraso de los procesos penales y deficiencias de infraestructura, el tráfico de drogas y armas, la aplicación de políticas penitenciarias erradas son considerados factores que detonan los conflictos.
El viceministro de Justicia, Vassily Kotoski Flores, reconoció que se considera la militarización de las cárceles conflictivas, una decisión que podría tomar el presidente Hugo Chávez a comienzos de la próxima semana, cuando regrese de una gira por Europa.
Venezuela tiene 32 cárceles que, según las últimas cifras oficiales, albergan a 20.061 personas, al menos el triple de su capacidad. De ese número de reclusos, 60 por ciento están procesados pero sin haber sido aún sentenciados.
La entrada en vigencia de un nuevo Código Orgánico Procesal Penal el 1 de julio generó grandes expectativas porque permitiría agilizar procesos y, por lo tanto, contribuiría a descongestionar algunas cárceles.
El viceministro de Justicia confirmó que 2.222 internos fueron liberados en las últimas semanas como consecuencia de la aplicación del nuevo código.
Pero la llegada de una nueva ley también causa problemas. Gran parte de los conflictos que han asolado las cárceles venezolanas en las últimas semanas fueron detonados por protestas de presos que demandan liberaciones basadas en el nuevo código.
"La crisis actual no es por la violencia destada sino por la frustración. En los presos se generaron falsas expectativas y ahora sienten que fueron víctimas de un fraude", comentó el viceministro de Justicia.
La aplicación del nuevo código ha generado problemas en varios frentes, incluyendo los procedimientos policíacos contra la delincuencia y la respuesta de los tribunales.
Los especialistas comentan que el sistema judicial venezolano no estaba preparado para esta modernización que establece la libertad como regla y la detención como excepción.
En un país donde hay un serio problema de delincuencia, también se ha manifestado preocupación por la posibilidad de que el nuevo código permita la liberación de reclusos peligrosos, debido a problemas procesales.
La Asamblea Constituyente instalada el 3 de agosto con la misión de redactar una nueva Constitución de Venezuela decretó una emergencia judicial para depurar los tribunales, que busca resolver entre otras cosas los problemas de atraso procesal y corrupción.
La nueva Constitución deberá generar nuevas reglas para el funcionamiento de un Poder Judicial más transparente y eficiente, según han dicho los constituyentes.
Pero mientras llegan las innovaciones, las cámaras de televisión registran escenas de prisiones que parecen virtualmente tomadas por los presos, quienes gritan sus mensajes desde los tejados.
Este martes, las tanquetas de la militarizada Guardia Nacional irrumpieron en una de las cárceles para imponer la calma en el penal de El Rodeo I, a unos 50 kilómetros de Caracas, donde hubo cuatro muertes.
En mayo, en El Rodeo un motín había dejado un saldo de cinco muertos y en las últimas semanas numerosos presos realizaron una huelga de hambre reclamando mejores condiciones y la aplicación del nuevo código. (FIN/IPS/lc/mj/hd/99
