El sistema judicial de Venezuela retornó al banquillo con la absolución de algunos de los acusados por la crisis bancaria de 1994, considerada el detonante de la crisis fiscal actual.
La Asamblea Constituyente, que en agosto decretó una emergencia judicial para evaluar irregularidades en ese sector, puso este dictamen del viernes pasado como un ejemplo de problemas enquistados en los tribunales venezolanos.
"No hay duda que en estos casos tiene que haber corrupción", dijo el constituyente Manuel Quijada, encargado de la comisión de emergencia judicial que revisa más de 3.000 expedientes por supuestas irregularidades de jueces y funcionarios.
Miembros de la Asamblea destacaron que nueve de esos expedientes corresponden a los dos jueces de la Corte de Apelaciones que libraron de culpa a una veintena de banqueros.
La decisión judicial impactó a Venezuela y trajo el recuerdo de una densa crisis financiera iniciada en enero de 1994, que duró 15 meses, causó la quiebra de 17 bancos y perjudicó a unos 675.000 depositantes.
El Estado debió realizar auxilios a la banca, intervenciones y pagos a depositantes. El costo de la crisis bancaria venezolana rondó los 7.000 millones de dólares, equivalentes a 16 por ciento del producto interno bruto.
Los tribunales venezolanos procesaron a más de 130 personas, pero unas 74 personalidades del mundo financiero escaparon a otros países.
La sentencia de absolución dictada por una sala de la Corte de Apelaciones beneficia a conocidos banqueros que encabezaban operaciones de tres poderosas entidades, y se prevé que podría haber nuevas condonaciones en los próximos días.
"Yo respeto la decisión pero no sé si la acataría", comentó el presidente Hugo Chávez el domingo cuando se refirió a la absolución. "En Venezuela, y lo digo con absoluta convicción, no tenemos Poder Judicial", agregó.
El mandatario dijo que la solución de los problemas del sistema judicial está en manos de la Constituyente, a cargo desde el 3 de agosto de la redacción de una nueva Constitución en un plazo máximo de seis meses.
El presidente de la Asamblea Constituyente, Luis Miquilena, consideró que la decisión de tomar medidas para renovar el poder judicial "le cerrará el paso a sentencias de este tipo".
El constituyente y criminalista Elio Gómez Grillo, quien encabeza el análisis de las reformas judiciales que estarán incluidas en la nueva Constitución, consideró que la absolución "linda con lo escándaloso, aun estando a derecho".
Gómez Grillo no descartó que bajo la nueva Constitución el caso pueda ser retomado, cosa que sería difícil de lograr bajo las reglas que imperan en este momento.
El Código de Ordenamiento Procesal Penal venezolano que entró en vigencia el 1 de julio establece que, cuando se revoca una sentencia en segunda instancia, como ocurrió en este caso, la decisión es definitiva.
Los jueces de la Corte de Apelaciones consideraron que en estos casos "no había ilícitos", descartaron la aplicación de una Ley de Bancos por ser posterior a la crisis de 1994 y dijeron que hubo errores en los procesos.
"No tenemos responsabilidad de los disparates jurídicos", comentó el juez Arnoldo Echegaray.
Pero, mientras, comenzaron los llamados a la Fiscalía General para que solicite una nulidad de la sentencia ante la Corte Suprema. El contralor Eduardo Roche consideró que "no puede quedar impune una situación que derivó en un proceso de inflación y pérdida del poder adquisitivo de la moneda".
Más allá de la inflación y la devaluación que caracterizó esta década en Venezuela, la crisis bancaria generó fuga de capitales, descapitalización del órgano estatal de garantía de depósitos y rigidez en el sistema financiero.
Además, se considera que fue fundamental para la generación de un déficit fiscal que este año rondará los 8.000 millones de dólares. (FIN/IPS/lc/mj/if ip/99
