La violencia siguiente al anuncio del triunfo de la opción por la independencia en Timor Oriental fue resultado de una política sistemática planificada por altos militares de Indonesia, sugieren diversos testimonios.
"Vi pruebas de una política planificada y sistemática de matanzas, desplazamiento, destrucción de propiedades e intimidación. Debe hacerse justicia", exhortó Mary Robinson, titular de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.
Robinson instó a la comunidad internacional a formar un tribunal que investigue los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en esa antigua colonia portuguesa brutalmente ocupada por Indonesia en 1975. La anexión nunca fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La violencia en Timor Oriental recrudeció tras la publicación de los resultados del plebiscito de autodeterminación del pasado 30 de agosto, en que 78,5 por ciento de los votantes optaron por la independencia de Indonesia.
Milicias y soldados indonesios opuestos a la separación del territorio incendiaron y saquearon casas y mataron a cientos de personas, causando el desplazamiento de unos 600.000 timorenses orientales, de una población total de 800.000.
Durante su visita a Indonesia la semana pasada, el presidente Bacharuddin Jusuf Habibie aceptó su sugerencia de formar una comisión investigadora internacional para "analizar y recabar pruebas" sobre la violencia en Timor Oriental.
Sin embargo, ninguna investigación estará libre de obstáculos políticos, especialmente en un país como Indonesia, donde las Fuerzas Armadas son tan poderosas.
Los militares indonesios, cuya imagen se vio afectada por su apoyo a las milicias y su incapacidad para detener la violencia, sostienen que hicieron su trabajo y que hablar de "crímenes de guerra" no ayuda a los esfuerzos para mejorar la seguridad en Timor Oriental.
Además, tales acusaciones son cuestionables, declaró el jefe del Estado Mayor del territorio, Susilo Bambang Yudhoyono.
"He estado en Bosnia, así que la situación de Timor Oriental no es tan mala", dijo, y afirmó que hay una conspiración internacional para desacreditar a Indonesia y culparla de crímenes contra la humanidad.
El secretario de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas, general Wiranto, declaró el día 20 ante el parlamento que el ejército cumplió su tarea durante 23 años defendiendo la integración nacional de actos separatistas, y esto no puede considerarse crímenes de guerra ni contra la humanidad.
Sin embargo, diversas pruebas sugieren lo contrario.
Una semana antes del anuncio de los resultados del plebiscito, el día 4, un periodista indonesio que era a la vez observador electoral denunció al grupo de derechos humanos Solidamor una reunión entre el general Adam Damiri, regente de Ainaro, el comandante militar de distrito y líderes de milicias locales.
En ese encuentro, Damiri entregó a las milicias 1.200 armas y uniformes y les ordenó atacar a partir del día 4, según el periodista. Damiri estaba a cargo de toda la isla de Timor y de Bali hasta que se declaró la ley marcial en Timor Oriental.
"A partir del 4, ataquen y persigan a los independentistas. No permitiremos que obtengan lo que defendimos con tantas dificultades", dijo Damiri, de acuerdo con el periodista.
También hay testimonios de encuentros previos de milicianos sobre planes para destruir Timor Oriental y expulsar del territorio a los partidarios de la independencia en caso de que triunfara esta opción.
Bonar Tigor Naipospos, presidente del grupo Solidamor, también citó una fuente que habría presenciado una reunión el 26 de julio en Baucau, 60 kilómetros al este de Dili, entre militares y paramilitares indonesios.
Los participantes de esa reunión, según la fuente, fueron el entonces jefe de la oficina militar de inteligencia, general Zacky Anwar Makarim, el comandante del regimiento de Timor Oriental, coronel Tono Suratman, comandantes de distrito y los jefes de las milicias Tim Saka y Sera.
El objetivo del encuentro, realizado dos meses después del acuerdo entre Portugal e Indonesia sobre el plebiscito de Timor Oriental, fue la distribución de armas a las milicias, sostuvo la fuente.
Makarim era también el oficial de enlace del ejército indonesio con la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Timor Oriental (Unamet).
La reunión se habría realizado en cumplimiento de lo ordenado en una carta del jefe de las fuerzas de combate prointegración, Joao da Silva Tavares, fechada el 17 de julio.
La carta ordenaba a los comandantes de las 13 regencias de Timor Oriental que el ejército proveyera 15.000 rifles y el pleno apoyo de las fuerzas de elite indonesias a las milicias.
La semana pasada, un informe de Macao citó a Tomas Gonçalves, ex jefe de la milicia Fuerza de Paz y Defensora de la Integración, según el cual las matanzas en Timor Oriental fueron planeadas desde febrero en una reunión secreta de las temidas fuerzas especiales Kopassus del ejército indonesio.
Un mes antes, Habibie había anunciado que Indonesia aceptaría la independencia de Timor Oriental si eso era lo que los timorenses querían.
Gonçalves, entrevistado por el diario South China Morning Post en Macao, declaró que huyó de Indonesia porque no podía matar a religiosos.
En las reuniones denunciadas predominaba el sentimiento de que el ejército y los paramilitares con los que aquél combatió el separatismo no podían permitir la separación de Timor Oriental después que miles de soldados indonesios murieron en la campaña por la integración.
"Durante 23 años nuestros soldados cumplieron con el deber de la nación de combatir el separatismo, aunque a los ojos de extranjeros, este esfuerzo nacional haya sido un intento por sofocar el movimiento por la independencia", dijo Wiranto al parlamento.
Sin embargo, Robinson afirmó que de todas sus conversaciones con personal de la ONU, voluntarios y refugiados se desprende que "las Fuerzas Armadas de Indonesia estuvieron plenamente involucradas" en la campaña de terror de Timor Oriental.
La justicia es tan importante para el futuro de los derechos humanos en Indonesia como para Timor Oriental", declaró Robinson en Yakarta.
La formación de un tribunal internacional no sólo sería una prueba de la voluntad política de la ONU y sus miembros, sino que también probaría el grado de compromiso con los derechos humanos del gobierno civil de Indonesia, que se renovará en noviembre, y su relación con el poderoso ejército. (FIN/IPS/tra-en/sb-kyjs/js/mlm/hd/99
