Los países asiáticos formaron un frente homogéneo para obstruir en la ONU la creación, a iniciativa de la Unión Europea, de una comisión internacional que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas en Timor Oriental desde enero.
La discrepancia del bloque de 11 países asiáticos miembros de la Comisión de Derechos Humanos causó tirantez en los debates de ese organismo, que este jueves inició un período extraordinario de sesiones para examinar los graves episodios ocurridos en Timor Oriental en las últimas semanas.
Las críticas del Grupo Asiático se concentraron en la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, acusada por la representación de actuar sin imparcialidad, transparencia ni objetividad.
En cambio, no hubo discrepancias en torno de la cuestión de fondo, la gravedad de las violaciones perpetradas por las milicias armadas proindonesias contra independentistas timorenses.
La propia representación de Indonesia ante la Comisión de Derechos Humanos deploró "con tristeza y energía" la espiral de violencia que se desató en Timor Oriental después de la consulta popular del 30 de agosto, que dio el triunfo a la la opción independentista.
El informe presentado a la Comisión por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, sostuvo que existen pruebas abrumadoras de una campaña "maliciosa y sistemática" de graves violaciones de derechos humanos en Timor Oriental.
Robinson mencionó que se cometieron crímenes desenfrenados contra activistas del movimiento independentista, dirigentes de la comunidad y religiosos, incluidos asesinatos en masa en varias localidades.
Además, se expulsó por la fuerza del territorio a una población de entre 120.000 y 200.000 personas y se perpetraron violaciones de mujeres por parte de milicianos y de militares indonesios, agrega el informe.
Los países asiáticos objetaron el procedimiento empleado por la Oficina de la Alta Comisionada para la convocatoria del período extraordinario de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.
Indonesia cuestionó que la reunión ha sido llamada sin el aval de la mayoría de los 53 estados que integran la Comisión, la principal institución de derechos humanos del sistema de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
El día 16, a las 18.00 horas de Ginebra, cuando venció el plazo para obtener la mayoría favorable, solo 26 países habían aprobado mediante comunicación escrita la realización de la reunión, afirmó la representación indonesia.
La Oficina de la Alta Comisionada alegó que la delegación de Ruanda anunció a las 17.30 que su gobierno tenía dificultades técnicas para hacer llegar su texto de conformidad con el llamado a sesión. El voto de Ruanda arrojaba un total de 27 opiniones favorables, cinco negativas y cuatro abstenciones.
Los asesores legales de Robinson estimaron que el voto de Ruanda podía considerarse válido y una nueva votación, el 20 de septiembre, ratificó ese criterio con 28 a favor, 15 en contra y dos abstenciones.
Indonesia sostuvo que la segunda votación implicó nada menos que un cambio de las reglas procesales de la Comisión de Derechos Humanos. En consecuencia, dijo, "tememos que el crédito y la confianza entre las partes han quedado seriamente dañadas".
El representante de Japón, Nobutoshi Akao, manifestó el desagrado de su país por la convocatoria de la sesión sin el apoyo, y con el unánime rechazo debido a errores procesales, de los países de Asia, la región donde está enclavada la ex colonia portuguesa de Timor Oriental.
Filipinas, que expuso la opinión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), dijo que tanto la conveniencia como la legalidad de la sesión "pueden ser cuestionadas".
Robinson reconoció que la votación de convocatoria de la sesión se realizó mediante "un procedimiento desusado". Sin embargo, "hubo una clara mayoría favorable", dijo.
"Comprendo que se trata de una cuestión muy difícil para los miembros del Grupo Asiático", comentó la Alta Comisionada. Pero mientras esos países planteaban objeciones serias e importantes al procedimiento empleado "no desconocían la substancia del problema", agregó.
La representación filipina estimó que la reunión extraordinaria de la Comisión puede ser contraproducente "aunque más no sea por haber creado una atmósfera de animosidad entre los estados miembros y también con la Oficina de la Alta Comisionada".
En nombre del Grupo Asiático, la delegación de Sri Lanka aseveró que no se había tenido en cuenta la opinión de esa región para efectuar la convocatoria de la sesión y que tampoco se realizaron consultas con los países de la zona.
Esa actitud, dijo Sri Lanka, erosiona la confianza en los mecanismos de derechos humanos del sistema multilateral.
La Comisión deberá pronunciarse probablemente este fin de semana sobre un proyecto de resolución presentado por Finlandia, en nombre de los 15 miembros de la Unión Europea.
La iniciativa pide al secretario general de la ONU, Kofi Annan, el establecimiento de una comisión internacional de investigación encargada de recoger informaciones sobre las posibles violaciones cometidas en Timor Oriental desde enero de 1999.
Las personas que cometieron o autorizaron violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario son responsables en forma individual y deberán responder por esos hechos ante la comunidad internacional, precisó la iniciativa europea.
Robinson observó que los desencuentros políticos y las trabas legales para perseguir a los responsables de las violaciones en Timor Oriental se podrían haber resuelto si ya hubiera sido ratificada la creación del tribunal penal internacional. (FIN/IPS/pc/mj/hd/99
