Un fallo judicial confirmó en Argentina la prisión de ex jefes de las Fuerzas Armadas por sustracción de menores durante la última dictadura militar y sentó un precedente al afirmar que los delitos contra la humanidad no prescriben.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, dijo a IPS que el fallo de la Cámara Federal (tribunal de apelaciones), que rechazó los recursos de la defensa, es "muy favorable" pues sienta jurisprudencia en materia de derechos humanos.
Tras 20 años de reunir pruebas, las Abuelas de Mayo consiguieron que la justicia devolviera a prisión a ex jefes militares y oficiales de menor rango que habían obtenido el indulto presidencial en 1990, luego de ser condenados por graves violaciones de los derechos humanos.
Carlotto considera que, por esta vía, podrían ser procesados otros militares que aún no fueron citados.
El juicio inicial a los dictadores -condenados por la desaparición sistemática de al menos 10.000 personas durante la última dictadura militar (1976-1983)- no incluyó la acusación de secuestro de menores, robo de identidad y falsificación de documentos, porque en aquel momento no había pruebas de esos delitos.
Las leyes de amnistía promulgadas a fines de los años 80 garantizaron la impunidad a miles de oficiales y suboficiales subordinados, pero no contemplaron el delito de secuestro de menores, por lo que ni estas leyes ni el posterior indulto son obstáculo para juzgar esos hechos.
La Cámara Federal consideró que no hubo cosa juzgada, como pretendía la defensa, ni tampoco prescripción, ya que se trata de un delito de igual magnitud jurídica que el genocidio, y se sigue perpetrando mientras los menores no aparezcan.
Las Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron en 1977 para buscar a alrededor de 500 menores secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautiverio. Desde entonces, devolvieron su identidad a 55 niños, muchos de los cuales viven con sus abuelos.
Con el fallo de la Cámara Federal se confirmó la prisión del ex general Jorge Videla -detenido en junio de 1998- y del ex almirante Emilio Massera, arrestado unos meses después. Ambos cumplen la detención en sus respectivo domicilio, por ser mayores de 70 años.
Respecto de otros seis detenidos, la Cámara Federal anuló el procesamiento de los ex militares Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Antonio Vañek, Jorge Acosta y Héctor Febres.
El juez federal Antonio Bagnasco deberá citarlos nuevamente para ampliar la indagatoria, ya que la Cámara de apelación consideró que la orden de prisión no está basada en casos concretos sino genéricos.
Con la posición adoptada por la Cámara, el proceso podría seguir adelante con la citación de otros militares que no estarían libres de culpa, como es el caso de los ex generales Leopoldo Galtieri y Guillermo Suárez Mason.
Carlotto afirmó que el proceso iniciado por Bagnasco en busca de los responsables del secuestro y robo de identidad de 194 menores puede dar lugar a una causa por delito "sistemático", que se prueba por la acumulación de casos.
De ahí que el juez no se explayara en casos particulares, sino en la existencia de maternidades clandestinas que operaban en centros de detención clandestinos o en hospitales militares, y en el testimonio de médicos y enfermeros militares que reconocieron los hechos.
Los testigos citados por Bagnasco indicaron que, de manera metódica, las prisioneras del régimen eran mantenidas con vida hasta después del parto. Entonces, los recién nacidos eran separados de sus madres.
La Cámara Federal también rechazó el pedido de la defensa de que los delitos sean juzgados por un tribunal militar, ya que la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas prohibe radicar ese tipo de procesos en el fuero castrense. (FIN/IPS/mv/ag/hd- ip/99
