Organizaciones de derechos humanos de República Democrática de Congo (RDC) exigen la eliminación del Tribunal de Orden Militar, que no admite apelación y dictó 250 condenas a muerte desde su instalación hace dos años.
Las organizaciones, que asistieron a un taller de tres días sobre administración judicial y derechos humanos realizado en Kinshasa la semana pasada, fueron unánimes en su exigencia de que el tribunal sea eliminado.
El tribunal militar fue criticado por ser demasiado represivo y por dictar sentencias de muerte de modo sistemático. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que el organismo supervisó la ejecución de 250 personas desde que fuera creado en 1997.
"Como RDC quiere unirse a las filas de países que están contra la pena capital, esa cifra es sumamente perturbadora", dijo Frej Fenniche, del organismo de la ONU en RDC.
"Esta clase de situación es inaceptable y las autoridades deben corregirla en nombre del respeto a la vida humana", exhortó Fenniche.
El tribunal fue creado para controlar el aumento de la delincuencia y la disidencia en el ejército, inmediatamente después de que el presidente Laurent Kabila llegara al poder en mayo de 1997.
Los soldados que llevaron a Kabila al poder probaron ser expertos en el arte del robo armado, el asesinato y la extorsión para obtener dinero de la gente.
"Al principio la gente aceptó la creación del tribunal porque el ejército estaba fuera de control, pero a medida que pasó el tiempo, se volvió más represivo que los tribunales militares anteriores", dijo Doly Ibefo, alto funcionario de Voz para los Sin Voz, un grupo por los derechos humanos.
Tal vez lo que enfurece más a los grupos por los derechos humanos es la falta de disposiciones que permitan apelar. "No hay manera de verificar si se llega correctamente o no a una sentencia", dijo Ibefo.
"El orden legal que creó este tribunal especial no dispuso la posibilidad de apelar, lo que constituye una desnaturalización del derecho de defensa. Es también una violación al principio judicial del mundo civilizado de que es imposible la verdadera justicia si no hay apelación", dijo Fenniche.
La eliminación del tribunal es apoyada por el enviado especial de la ONU a RDC, el abogado chileno Roberto Garretón, luego de su primera visita al país en febrero.
Recomendó que las autoridades congoleñas "pongan fin a las operaciones del tribunal y restauren el derecho a un juicio justo".
"Aunque el tribunal haya sido necesario luego de la liberación (la caída del régimen de Mobutu Sese Seko), no se adaptó a la situación de guerra actual ni al contexto diplomático, político y militar que impone, ni al proceso de liberalización democrática", dijo Fenniche.
La corte inicialmente sólo tenía jurisdicción en asuntos militares, pero su ámbito de influencia pronto se extendió para incluir a civiles, sobre todo a los opositores del régimen de Kabila.
Varios disidentes políticos acusados de violar la norma que prohíbe las actividades políticas fueron condenados a severas sentencias de prisión por el tribunal.
Uno de los condenados es Joseph Olenghankoy, de las Fuerzas Innovadoras por la Unión y la Solidaridad, sentenciado a 15 años de prisión, pero liberado en junio luego de cumplir 18 meses de reclusión en la prisión de alta seguridad de Buluwo, en el suroeste del país.
Joseph Kapika, el portavoz de la Unión por la Democracia y el Progreso Social, el principal partido opositor, compareció ante el tribunal luego de ser acusado, el 30 de enero, de violar las leyes que regulan los partidos políticos. Está recluido desde febrero en la prisión Makala, en Kinshasa.
Los activistas exigieron que el tribunal sea remplazado por un órgano judicial militar más tradicional.
"Recomendamos que al restructurar el sistema judicial militar se incluyan disposiciones que permitan la apelación, incluso en tiempos de guerra", dijeron los participantes del taller en su informe final.
"No me sorprende el pedido de eliminación del Tribunal de Orden Militar", declaró el juez de la corte, comandante Alamba Mungako, quien precisó a IPS que el Artículo 7 de la ley que creó el tribunal contiene disposiciones para su desmantelamiento cuando finalice la guerra, que estalló hace un año.
"El tribunal es esencialmente represivo", admitió Mungako. "Las sentencias que dicta apuntan a impresionar a las tropas e intimidarlas".
"El hecho de que no le gustemos a nadie muestra que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Nadie hará excelentes críticas a un tribunal represivo", agregó.
Paradójicamente, el ministro de Derechos Humanos Leonard She Okitundu, concuerda en que el tribunal no respeta los acuerdos internacionales sobre derechos humanos de los cuales la RDC es parte.
"Si el tribunal se ciñera a las disposiciones de los acuerdos internacionales que hemos firmado, no habría problemas", dijo. (FIN/IPS/tra-en/bm/nrn/sz/mn/at/aq/hd/99
