Los gobiernos del Sur en desarrollo han apelado cada vez más a las ONG para elaborar y seguir las políticas de población, tras la conferencia mundial celebrada en El Cairo en 1995, pero los avances al respecto son aún insuficientes.
Esa es una de las conclusiones del "Estado de la población mundial 1999", el último informe especializado del Fondo de Naciones Unidas para la Población (FNUAP).
El documento destaca la importancia de que un número creciente de ONG (organizaciones no gubernamentales) realicen un trabajo conjunto con instituciones del poder político como gobiernos y parlamentos en áreas como la educación, el combate a la pobreza, el ambiente y los derechos humanos.
A partir de 1995, cuando la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) se celebró en El Cairo, se aumentó el reconocimiento de distintos gobiernos al papel jugado por las ONG, aun si se observan realidades muy distintas según las regiones, señala el informe.
A la conferencia celebrada en Egipto asistieron 1.234 organizaciones no gubernamentales de 138 países y territorios, un número sin precedentes que demuestra, por un lado, la activa participación de esas asociaciones y, por otro, la legitimidad que adquirieron frente a estados e instituciones internacionales.
Desde entonces, hubo una presencia cada vez más masiva de ONG en distintas instancias convocadas por la Organización de las Naciones Unidas, así como en la preparación de la sesión especial de la Asamblea General del foro mundial de este año, recuerda el texto.
Sin embargo, en una encuesta elaborada en 1998 por el FNUAP para indagar las medidas tomadas en relación a la incorporación de las ONG a la definición y aplicación de políticas de población, sólo 49 de los 114 gobiernos que respondieron comunicaron decisiones significativas al respecto.
Otros 26 países informaron de la implementación de medidas para "ampliar la capacidad institucional de la sociedad civil", mientras "algunos" aseguraron haber definido acciones en ambos planos.
En total, indica el "Estado de la población mundial 1999", 56 de los 144 estados que respondieron al sondeo tomaron resoluciones "fuertemente significativas" en dirección de una coordinación estrecha con la sociedad civil en la materia.
En 19 naciones, las ONG están representadas en instituciones estatales encargadas de formular políticas de población, y en una cifra idéntica de países se las consulta y se las tiene en cuenta para la aplicación de los planes adoptados.
Asimismo, 11 países establecieron comités de coordinación con las ONG y otros diez facilitan la actividad de esas asociaciones en el plano financiero y legal.
El documento concluye que pese a los considerables progresos realizados desde la CIPD queda aún mucho por hacer para que ONG y gobiernos trabajen de manera mancomunada, y existen países en que esa asociación no ha sido siquiera ensayada.
Las naciones en que las organizaciones no gubernamentales están representadas en instituciones estatales son Belice, Botswana, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Ghana, Jamaica, Jordania, Líbano, Madagascar, Marruecos, Nepal, Perú, Senegal, Sri Lanka, Túnez y Turquía.
La existencia de mecanismos de consulta y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil fue informada por Bangladesh, Botswana, Colombia, Cuba, República Dominicana, Gambia, Laos, Letonia, Malawi, Mali, México, Mozambique, Panamá, Swazilandia, Tanzania, Trinidad y Tobago, Venezuela y Zambia.
En Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Jamaica, Malí, Nepal, Rumania, Senegal, Sudáfrica y Uganda hay instancias de coordinación entre Estado y ONG.
Mientras, en Burundi, El Salvador, Guyana, Corea, México, Nepal, Rumania, Senegal, Sudáfrica y Uganda se creó un ambiente adecuado para el funcionamiento de las asociaciones.
Finalmente, Burkina Faso, Níger, Samoa, Sudáfrica y Uruguay reconocen a las ONG en la elaboración de sus políticas de población.
En materia de promoción de la igualdad de género, la participación social y los derechos reproductivos de las mujeres el FNUAP reconoce progresos en regiones en desarrollo en que había un fuerte déficit al respecto.
Las instituciones financieras multilaterales y algunos países donantes, apunta el informe, han incorporado el principio de la concesión de microcréditos a organizaciones y fundaciones de asistencia a los sectores más pobres, en particular a las mujeres de esa condición.
En cuanto a la participación de la mujer en la vida política, países donde no se la reconocía, como Kuwait, han modificado sus leyes electorales para permitir que puedan ser elegibles a cargos locales y nacionales.
Un número creciente de naciones, incluida India, la mayor democracia parlamentaria del mundo, dice la agencia de Naciones Unidas, han definido una cuota mínima para la presencia de mujeres en cuerpos electivos.
En Colombia, Costa Rica y Malí se han creado, a su vez, ministerios de la mujer.
El documento resalta los esfuerzos realizados en Jordania para la promoción de los derechos femeninos a partir de la acción de más de 20 ONG reunidas en una coordinación cada vez más activa en un país en que la discriminación de género había alcanzado un grado particularmente elevado.
En materia de salud reproductiva, la conferencia de El Cairo operó como motor para la expansión de las ONG, asegura el FNUAP.
A los países en desarrollo que contaban con asociaciones especialmente activas en ese plano, como Bangladesh, Brasil, Chile, Colombia, Filipinas, India, Perú y Sudáfrica, se sumaron luego otros como Egipto, México, Malasia, Nigeria y las naciones del Caribe.
En el sudeste asiático, ONG de mujeres elaboraron una plataforma para la promoción de los derechos reproductivos desde una perspectiva islámica.
En Ecuador, las asociaciones femeninas se han destacado por su peso en la elaboración de una agenda nacional de desarrollo social que incluye puntos como la salud y los derechos reproductivos.
También se han producido avances en este plano desde 1995 en países árabes, en particular Egipto, Jordania y Túnez, mientras en Brasi y México un número creciente de ONG trabajan en conjunto con el gobierno federal y algunos estaduales en la formulación de programas de salud reproductiva desde una perspectiva de género.
El combate a la violencia sexual en general y doméstica en particular ha sido incorporado a planes estatales de numerosos países en desarrollo.
El FNUAP destaca como modelos en la materia los programas ejecutados en Cambodia, Colombia, Ecuador y Filipinas.
Por otra parte, el informe observa la existencia en diversas regiones en desarrollo de redes de ONG para el seguimiento de Plan de Acción establecido en la CIPD.
Sobresalen en ese aspecto países latinoamericanos cono Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Desde 1996, funciona una Red de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas en Salud Reproductiva, particularmente activa en Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y Perú.
El documento resalta a su vez la experiencia desarrollada en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, para la promoción de los derechos reproductivos de la mujer, a partir de una acción conjunta de profesionales de la salud, ONG y representantes de distintas confesiones religiosas.
Subraya asimismo la importancia de la actividad desarrollada en México por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, que promueven la aplicación de los lineamientos del Plan de Acción de la CIPD y monitorean la actuación del gobierno nacional en la materia. (FIN/IPS/dg/mj/pr dv/99
