Una huelga de hambre de los 600 guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) presos en cárceles de Perú agrega tensión al debate sobre derechos humanos en el escenario preelectoral.
Victor Polay, Peter Cárdenas y Miguel Rincón, los tres principales líderes del MRTA, comenzaron el día 21 una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad del Callao, ciudad portuaria vecina a Lima.
Los tres dirigentes guerrilleros exigen la eliminación del régimen de aislamiento casi total que se les ha impuesto en esa prisión custodiada por la Marina y el derecho a la visita de familiares, que se les limita a una sola por mes.
Polay y sus compañeros lograron sacar al exterior un documento de denuncia en el que comunican la huelga de hambre, y su mensaje llegó a los militantes del MRTA recluidos en otras cárceles.
El 23 se plegaron a la huelga de hambre los 52 miembros de esa organización destinados a Yanamayo, una prisión situada en la sierra sur y reservada a condenados a cadena perpetua. Y al día siguiente se sumaron los guerrilleros del MRTA detenidos en otras cárceles.
"Mediante la huelga de hambre de sus militantes presos, el MRTA interviene en el escenario preelectoral con un propósito político que va más allá de la denuncia contra las duras condiciones de reclusión", afirmó el sociólogo Flavio Solorzano, analista de la organización no gubernamental Población y Desarrollo.
"Con el ayuno de los presos, que se convertirá en un tema dramático si se prolonga lo suficiente, el MRTA quiere poner a prueba la dureza antisubversiva que proclama con fines electorales el presidente (Alberto) Fujimori", opinó Solorzano.
"La oposición denuncia la política antisubversiva como fuente de violaciones de derechos humanos y civiles, acusaciones que Fujimori no se muestra muy interesado en refutar, pues parte de su estrategia electoral se basa en mostrarse duro para capitalizar el miedo al retorno del terrorismo", agregó.
Hasta ahora, la campaña para cerrar el paso a la intención de Fujimori de ser reelegido el año próximo para un tercer período consecutivo de gobierno se concentraba en el fracaso de la política económica para abatir el elevado desempleo y en el autoritario centralismo que se endilga al presidente.
En materia de derechos humanos, los opositores se limitaban a denunciar actos de hostilidad realizados supuestamente por simpatizantes del gobierno contra actos públicos de los adversarios de Fujimori y la ilegal intercepción telefónica de sus conversaciones.
Las denuncias de acoso a los candidatos de oposición no parecieron interesar al electorado, que siguió otorgando a Fujimori el primer lugar en las encuestas de intención de voto, a pesar de que su postulación ha sido cuestionada con base en cláusulas de la Constitución.
La oposición incorporó en las últimas semanas a sus banderas políticas la demanda de revisión de la legislación antiterrorista, apoyada en el conflicto entre el gobierno y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica.
"Si es cierta la afirmación de Fujimori de que las organizaciones terroristas han sido aplastadas, no hay razón para mantener una legislación excepcional, dictada en tiempos de emergencia ya superados", señaló el parlamentario social cristiano Antero Flores Araoz.
Pero el presidente advirtió este martes que no modificará la legislación antisubversiva y que tampoco retornará al ámbito jurídico de la CIDH "mientras ese organismo internacional siga apoyando al terrorismo".
La CIDH declaró el lunes inadmisible la decisión de Fujimori de desconocer su jurisdicción, y Perú se arriesga a sanciones que podrían llegar incluso a su separación de la Organización de Estados Americanos.
El entredicho surgió cuando la CIDH se pronunció contra el procesamiento y condena en Perú de ciudadanos extranjeros por el delito de traición a la patria y pidió que tres militantes chilenos del MRTA sentenciados por esa causa sean puestos en libertad y juzgados nuevamente.
Fujimori rechazó ese fallo de la Corte y desconoció la jurisdicción contenciosa de la CIDH, aunque aclaró que Perú mantenía su adhesión al Pacto de San José, que dio origen a ese tribunal interamericano.
La CIDH, por su parte, informó que seguirá contemplando otras denuncias planteadas contra el gobierno peruano, incluyendo entre ellas la situación de los miembros del Tribunal Constitucional que fueron destituidos por oponerse a la reelección de Fuijimori.
Mientras, las madres de Polay y Rincón se entrevistaron el lunes con el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, quien aceptó respaldar su gestión para felixibilizar las rigurosas condiciones de encarcelamiento de los guerrilleros.
Santistevan, según los familiares de presidiarios que lo entrevistaron, se habría comprometido igualmente a pedir que se atenúen las condiciones de reclusión en Yanamayo, una prisión ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en una altiplanicie batida permanentemente por un viento helado.
La prisión de Yanamayo alberga a 376 reclusos, de los cuales 18 son presos comunes, siete fueron condenados por terrorismo pero niegan pertenecer a ninguna organización política, 52 qpertenecen al MRTA y los restantes al partido insurgente Sendero Luminoso.
Los militantes de Sendero Luminoso no secundaron la huelga de hambre, debido a su enemistad con el MRTA, una organización que alcanzó notoriedad internacional al tomar en diciembre de 1996 la residencia del embajador de Japón en Lima, cuando se hallaban allí 450 invitados.
La captura de la residencia del embajador japonés y la toma de cientos de rehenes fue la operación más espectacular del MRTA, pero pagó por ella un alto precio.
En abril de 1997, el ejército liberó el edificio, con un ataque que costó la vida a dos soldados, a uno de los 72 rehenes que quedaban y a los 14 guerrilleros que mantenían la ocupación.
En Yanamyo se encuentran los tres chilenos miembros del MRTA sentenciados por traición a la patria, y cuya situación jurídica provocó el conflicto entre el gobierno de Perú y la CIDH. (FIN/IPS/al/ff/hd ip/99
