La privatización de las empresas publicas se convirtió en tema electoral en Perú y el destino de los más de siete millones de dólares obtenidos por su venta podría afectar las aspiraciones reeleccionistas del presidente Alberto Fujimori.
El tema del uso de los recursos de la privatización tomó ribetes de escándalo cuando la parlamentaria opositora Beatriz Merino aseguró que la denuncia periodística sobre su presunta corrupción era una represalia del gobierno "por haber pedido esclarecimiento sobre el empleo del dinero de la privatización".
Los partidos opositores cuestionan al gobierno de Fujimori que haya destinado parte de esos recursos a programas para los sectores en extrema pobreza, pagos de la deuda externa y la compra de armas durante el conflicto bélico con Ecuador, en 1995.
Según la ley que autorizó al gobierno a vender las empresas públicas, que hasta ahora asciende a 7.700 millones de dólares, se debe emplear únicamente para financiar obras de desarrollo.
El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Carlos Blanco, dijo que los ingresos por privatización sólo ascienden a 7.000 millones de dólares, de los cuales 3.700 millones se han a gasto social y compra de armamentos.
Blanco y fuentes del Ministerio de Economía aseguran que "no se ha tocado un centavo de los recursos obtenidos por la privatización en pagos de la deuda externa".
Pero Victor Joy Way, presidente del Consejo de Ministros y titular de la cartera de Economía y Finanzas, informó el día 17 que los ingresos por la venta de empresas públicas ascienden a 7.700 millones.
"La diferencia entre las versiones de Blanco y Joy Way son muy grandes para aceptarlas", dijo Eduardo Farah, directivo de la Sociedad Nacional de Industrias, y subrayó que "no hay excusas para emplear ese dinero en compra de armas ni en deuda externa".
Javier Silva Ruete, jefe del Plan de Gobierno del movimiento Somos Perú, que respalda la candidatura opositora del alcalde de Lima, Alberto Andrade, reclamó que una comisión del Congreso investigara los gastos en compra de armas entre 1995 y 1998.
La parlamentaria oficialista Martha Chávez, presidenta de la Comisión de Defensa, declaró que los gastos se efectuaron cuando el destino de las conversaciones de paz con Ecuador era incierto y que el origen de los recursos podría ser analizado por la Comisión Revisora de la Cuenta General de la República.
La oposición critica las inversiones en obras sociales que el gobierno de Fujimori ha incrementado en los últimos meses, con el argumento presuntamente con fines electorales.
El ministro de la Presidencia, Edgardo Mosqueira, informó la que el gobierno ha invertido desde 1990 a la fecha 6.400 millones de dolares para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores urbanos y rurales de menores ingresos.
Aunque Fujimori encabeza actualmente las encuestas, no llega al 50 por ciento necesario para ganar los comicios presidenciales en la primera vuelta y, según sus detractores, ha comenzado a "soltar la bolsa fiscal" para estimular la demanda y reactivar la economía con propósitos electorales.
Las privatizaciones corresponden al modelo económico neoliberal que ha implantado Fujimori, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Hasta 1980, Perú era el país latinoamericano con mayor proporción de empresas públicas a excepción de Cuba y en 1990, cuando asumió Fujimori, el sector estatal de la economía era todavía el mayor.
La estatización de la economía peruana fue establecida en la década del 70 por el régimen militar izquierdista del general Juan Velasco Alvarado y en 1975, cuando fue derrocado por el general Francisco Morales Bermudez, el 85 por ciento de las exportaciones correspondían al sector estatal.
Los gobiernos de Morales Bermudez (1975-80) y del Fernando Belaunde (1980-85) privatizaron cautelosamente algunas empresas públicas, proceso que fue paralizado durante el gobierno de Alán García (1985-90).
Cuando Fujimori asumió el gobierno existían 180 empresas estatales, cuyas actividades generaban el 15 por ciento del producto interno bruto, con 200.000 trabajadores en conjunto. Casi todas eran deficitarias: entre 1985 y 1989 habían perdido globalmente 1.685 millones de dólares.
La privatización es una de las banderas ideológicas del gobierno de Fujimori, que ha reducido el tamaño y las funciones del aparato estatal, y despedido 165.000 empleados de ministerios y entidades publicas, sin contar las empresas estatales.
El mandatario convirtió la privatización en un recurso para atraer inversiones extranjeras y una bandera para recuperar el respaldo de los organismos financieros internacionales, que habían condenado a Perú al ostracismo crediticio como consecuencia de la moratoria unilateral decidida por García.
Hasta ahora fueron privatizados el petróleo, los sectores minero y pesquero, los servicios telefónicos, de energía eléctrica, ferrocarriles y de correos, así como la banca estatal de fomento. (FIN/IPS/al/ag/ip-if/99
