El creciente número de abortos en Perú ascendió en 1998 a 271.000, y más de 2.000 mujeres murieron por intervenciones mal hechas, aunque la tasa de fecundidad cae y aumenta el uso de anticonceptivos, según informes oficiales.
Las cifras fueron proporcionadas por el Ministerio de Salud, la Sociedad Peruana de Fertilidad y el Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inppares).
"Esas cantidades corresponden a los casos de muertes y de abortos inducidos estimados por el Sistema Nacional de Salud, pero los números pueden ser mayores, porque los abortos se practican clandestinamente", comentó la obstetra Sara Bonilla.
Las leyes peruanas sancionan con penas de cárcel a las mujeres que se someten a abortos y contra profesionales de la salud y otras personas que intervengan en su preparación y ejecución.
La Iglesia Católica condena esta práctica y ninguna organización peruana propone su legalización, aunque algunas feministas han emitido opiniones personales a favor.
"El aborto no es deseable para ninguna mujer, pero debe respetarse el derecho de las mujeres de interrumpir en los primeros meses un embarazo no deseado", sostuvo la feminista René Castro.
En su opinión, el aborto es un peligro social en Perú "porque la forma clandestina en que se realiza impide garantizar las condiciones mínimas de seguridad medica que deberían rodearlo".
"Todas las mujeres que murieron por aborto eran pobres, sin recursos para pagar una clínica en donde se lo hubieran hecho con el mínimo de riesgo, tal como ocurre en algunos países en donde está autorizado y reglamentado", afirmó.
"Los principales adversarios de la legalidad del aborto son los médicos abortistas, porque la clandestinidad es el negocio", concluyó Castro.
Las mujeres que se sometan a abortos pueden ser condenadas a penas de no más de dos años de prisión. Los profesionales de la salud que participen son inhabilitados para ejercer y condenados a penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel, que pueden llegar a 10 años de prisión si muere la gestante.
Sólo se autoriza el aborto si es practicado con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal, y la intervención es el único medio para salvar la vida de la gestante.
"Al margen de las implicancias penales y jurídicas que tiene el aborto, se trata de un problema de salud pública porque los abortos tienen secuelas físicas y psicológicas graves", expresó la psiquiatra Marta Rondón, presidenta de la Asociación de Salud Mental de la Mujer en Perú.
"Obviamente, las secuelas son más graves por las condiciones de clandestinidad en las que se realizan los abortos en nuestro país", precisó Rondón.
Eduardo Maradiegue, médico del programa perinatal del Ministerio de Salud, cree que "el aborto puede ser reducido y eliminado mediante una mayor difusión de los procedimientos y recursos anticonceptivos que impidan los embarazos indeseados".
Maradiegue expuso en en el IV Congreso Latinoamericano de Planificación Familiar, celebrado en Lima en agosto, el programa que desarrolla el Ministerio de Salud en la materia.
El programa incluye la distribución y colocación gratuita de dispositivos anticonceptivos intrauterinos y una campaña de promoción de la llamada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), que consiste en la ligadura de trompas.
También realiza, en coordinación con los Ministerios de Educación y de Bienestar familiar, una campaña de difusión de métodos anticonceptivos entre estudiantes de secundaria y en organizaciones sociales populares.
Esta política ha hecho descender la tasa global de fecundidad de este país de unos 24 millones de habitantes, que hace 30 años era de seis hijos por mujer, a poco menos de tres. Se calcula que en 1998 un millón de parejas tuvo acceso al Programa de Paternidad Responsable.
La Iglesia Católica se opone a la política gubernamental de población y condena el programa de esterilización voluntaria, al que acusan de coercitivo, pues afirman que se promete regalos a las mujeres para convencerlas y que se exige cuotas mensuales de intervenciones quirúrgicas a los médicos.
En su exposición ante la 21 Asamblea General de las Naciones Unidas, en junio, el presidente Alberto Fujimori deploró los ataques de la Iglesia Católica a su política de población y sostuvo que el elevado número de abortos podría reducirse si los embarazos no deseados disminuyeran.
Maradiegue señaló que el Ministerio de Salud realizó una investigación sobre el perfil social de las mujeres que incurren en la práctica del aborto y los procedimientos que suelen adoptar.
Las franjas de mayor incidencia de aborto las de mujeres menores de 19 años y mayores de 35.
"Son casos distintos. Las primeras suelen ser primerizas y recurren al aborto porque carecen de pareja fija, de recursos o empleo y muchas son estudiantes. Mientras, las mayores lo hacen porque ya tienen familias numerosas", señaló.
"En cuanto a los procedimientos, las mujeres de menor nivel educativo buscan abortivos caseros, hierbas y otras cosas parecidas, que no funcionan… Otras se dejan caer por las escaleras, como tampoco funciona. Finalmente, buscan alguna persona empírica" (idónea sin formación universitaria), comentó.
"Por lo general, muchas terminan en un servicio de emergencia hospitalario", concluyó Maradiegue. (FIN/IPS/al/mj/pr he/99
