El gobierno de unidad nacional de Paraguay cumple hoy seis meses, entre críticas de sectores y partidos que lo integran, mientras se abre una cuenta regresiva de cien días para definir su continuidad.
La coalición de gobierno está integrada por el Partido Colorado del presidente Luis González Macchi, el Encuentro Nacional, el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Revolucionario Febrerista.
En las elecciones del 10 de mayo de 1998 triunfó el Partido Colorado y ocupó la presidencia Raúl Cubas, seguidor del ex general Lino Oviedo (hoy asilado en Argentina). Oviedo había intentado dar un golpe de Estado en 1996.
La vicepresidencia correspondió al colorado Luis María Argaña, y el nuevo gobierno asumió el 15 de agosto de 1988.
González Macchi, ex presidente del Congreso, llegó al gobierno, con el apoyo de la mayoría colorada, tras el asesinato de Argaña, que se produjo el 23 de marzo de este año, y la renuncia de Cubas (hoy asilado en Brasil), cinco días después, precipitada por intensas movilizaciones populares.
La unión de todos los partidos en un Frente Democrático tras el asesinato de Argaña, para promover un juicio político contra Cubas en sus últimos días de gobierno, permitió la formación de un gabinete de coalición que asumió el 30 de abril.
Las críticas a medidas inconsultas de González Macchi por parte de sus aliados llevaron al presidente a crear un Consejo Político Asesor, integrado por los presidentes de los partidos Encuentro Nacional, Liberal Radical Auténtico y Revolucionario Febrerista.
Un equipo técnico del Ejecutivo y los partidos cogobernantes elaboró un programa de emergencia y otro de reformas de largo plazo, postergado por falta de fondos hasta el desembolso, a fines de agosto, de 400 millones de dólares obtenidos en Taiwan a cambio de una emisión de bonos.
El presidente del Partido Revolucionario Febrerista, Carlos María Lubejtich, admitió este martes que los aliados del Partido Colorado "quieren seguir en el cogobierno", pero añadió que "desean posiciones drásticas de parte de una conducción real".
Lubejtich señaló que si eso no ocurre el país volverá a tener "una oposición y un partido dominante".
Guillermo Caballero Vargas, fundador del Encuentro Nacional y actual ministro de Industria y Comercio, reconoció que "no ve cambios" y fijó un plazo de entre 90 y 100 días "para detener el contrabando" y empezar "con valor" reformas, porque "el país está en ruinas y no se hace nada".
"Si no logramos hacer nada es mejor que nos vayamos", añadió.
El presidente del Encuentro Nacional, Euclides Acevedo, convocó a los líderes de los partidos Liberal Radical Auténtico y Revolucionario Febrerista para redactar un proyecto de "Acuerdo Nacional" que condicione su permanencia en ministerios a la concreción de reformas.
El equipo económico del gobierno, encabezado por las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, quienes son colorados argañistas de tendencia estatista, se comprometió en julio con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a comenzar un proceso de privatizaciones.
Pero la oposición de los sindicatos de funcionarios, que realizaron huelgas y marchas de protesta, llevó a que González Macchi se comprometiera a postergar cualquier cambio hasta el año 2000, tras una reunión privada con representantes de la Central de Sindicatos de Trabajadores del Estado Paraguayo (Cesitep).
La Cesitep recordó al presidente que sus afiliados se movilizaron en marzo para derribar a Cubas y promover su ascenso a la Presidencia, y señaló que el actual mandatario no fue elegido por el voto de la ciudadanía, por lo cual su "legitimidad" podía ser "cuestionada".
Jóvenes por la Democracia fue otra de las organizaciones sociales cuyos integrantes se enfrentaron el 26 de marzo con grupos armados oviedistas que intentaban irrumpir en el Congreso para evitar el juicio político a Cubas. Siete jóvenes murieron por heridas recibidas durante ese enfrentamiento.
Memoria Viva, un movimiento de madres y familiares de los fallecidos, realizó una marcha por Asunción durante la cual Haydée Pereyra, una portavoz del grupo, afirmó que se sentía defraudada porque seis meses después "sigue la impunidad" de los asesinos y "no se justifica la lucha ante la falta de cambios".
La necesidad de elegir un nuevo vicepresidente ha provocado un enfrentamiento entre varios aspirantes al cargo del Partido Colorado: su presidente, Bader Rachid, el presidente del Congreso, Juan Carlos Galaverna, el edil Félix Argaña (hijo del asesinado Luis María) y el ex canciller Diógenes Martínez.
Martínez, quien fue sucesivamente aliado de Argaña, del ex presidente Juan Carlos Wasmosy (antecesor de Cubas) y de Oviedo, criticó la permanencia "en el poder de gente sin vocación de poder ni de servicio a la Patria", y cuestionó la legitimidad de González Macchi por no haber sido elegido en las urnas.
El ex canciller afirmó que los aliados del Partido Colorado están "a punto de abandonar el barco" del gobierno, pero aseguró que "ellos son tan responsables" como los colorados por las acciones u omisiones del Poder Ejecutivo.
En una investigación de la consultora independiente Gabinete de Estudios de Opinión, cuyos resultados se publicaron este martes en el diario El Día, 81,8 por ciento de los encuestados en el área metropolitana de Asunción consideraron que la pobreza había aumentado en los últimos seis meses.
Sobre un total de 600 personas entrevistadas en la encuesta, dirigida por el sociólogo José Nicolás Morínigo, 79,7 por ciento afirmaron que en ese período había disminuido el nivel de empleo, y 55,3 por ciento que había empeorado la situación de la Justicia. (FIN/IPS/cm/mp/ip/99
