La Cámara de Diputados de México demandó al presidente Ernesto Zedillo ante la Corte Suprema de Justicia por negar información sobre el financiamiento de la campaña política que lo llevó al poder en 1994.
Esta es la primera vez que el Poder Legislativo presenta una demanda de naturaleza constitucional contra el presidente en la historia de México, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna desde 1929, perdió la mayoría en el parlamento en 1997.
El diputado del conservador Partido Acción Nacional Fauzi Hamdan declaró este viernes que Zedillo deberá cumplir con su responsabilidad de brindar la información requerida por los legisladores, "si así lo determina la Corte Suprema de Justicia".
El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Medina, presentó este jueves ante el máximo tribunal una acusación que incluyó también a la Secretaría (ministerio) de Gobernación y a la de Hacienda, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La demanda, planteada en 52 hojas, constituye una oportunidad para que la Corte Suprema de Justicia demuestre que en México existe plena división de poderes, afirmó Medina.
El legislador destacó que el Congreso acatará el dictamen, previsto para un plazo no mayor de cuatro meses.
Por primera vez en la historia de México, los diputados acordaron este martes demandar al Poder Ejecutivo por retener información sobre un fideicomiso bancario utilizado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sus gastos de campaña en 1994.
La medida fue aprobada con el voto mayoritario de la oposición (219 sufragios), contra 177 del partido que gobierna México hace 70 años.
La demanda pretende que el órgano de justicia obligue al gobierno mexicano a entregar la información solicitada por los diputados para analizar las operaciones financieras del intervenido Banco Unión.
El financiamiento de la campaña electoral que condujo a Zedillo al poder hace cinco años está en la mira de la oposición desde que el ex propietario del Banco Unión, Carlos Cabal, reveló que aportó millonarios donativos al partido gobernante.
Desde la celda en Melbourne donde aguarda la resolución de las autoridades de Australia sobre el pedido de extradición de México, Cabal afirmó meses atrás que entregó más de 20 millones de dólares al PRI, que no ha perdido ni una elección presidencial en toda su historia.
Los recursos fueron canalizados a un fideicomiso destinado a sufragar gastos de la campaña de Zedillo y de otros candidatos del PRI, como Roberto Madrazo, quien contendía por el gobierno del estado sureño de Tabasco.
Madrazo es ahora gobernador con licencia, en virtud de que disputa en las primeras elecciones internas de su partido la candidatura a la presidencia para los comicios del 2000.
Cabal, acusado en México de fraude al sistema financiero nacional, afirmó que la entrega de los recursos se fraguó en secreto por recomendación del entonces secretario (ministro) de Hacienda y actual gobernador del Banco de México (central), Guillermo Ortiz.
El también ex propiestario de Banca Cremi sostuvo que el partido gobernante presionó al Banco Unión para que pagara gastos de las actividades proselitistas del PRI, "aun después de que la empresa fue intervenida tras declararse en quiebra, a finales de 1993".
Las revelaciones del banquero repercutieron en el parlamento, que considera las operaciones en Banco Unión cruciales para esclarecer supuestas irregularidades en el gigantesco rescate del sistema bancario aprobado el año pasado.
La demanda se anticipó desde que la Secretaría de Hacienda decidió no proporcionar información sobre el fideicomiso de Banco Unión, con el argumento de que se lo impedían las leyes que disponen el secreto bancario y fiduciario.
Un comité legislativo pretende llegar al fondo de la quiebra del Banco Unión y determinar cómo fue que la cartera vencida de las instituciones financieras del país creció hasta dimensiones desmesuradas, que el Estado debió absorber.
La crisis bancaria que se desencadenó al asumir Zedillo, cuando se registró el peor desastre económico de las últimas cinco décadas en México, requirió un plan de rescate cuyo costo equivale a 21,3 por ciento del producto interno bruto, según la firma calificadora de riesgo de inversiones Standard & Poor's (S&P).
Las autoridades financieras del país estimaron inicialmente en cuatro por ciento del producto la carga para sanear a los bancos.
Standard & Poor's sostiene que el rescate bancario mexicano alcanza ya 105.138 millones de dólares.
Los programas para salvar a los bancos de Colombia y Argentina representaron sólo ocho y cinco por ciento de sus respectivos productos, estimó la firma calificadora estadounidense.
El diputado Medina expresó su confianza en que la Corte Suprema de Justicia entregue una resolución favorable al parlamento, a fin de concluir las auditorías a la institución responsable del rescate iniciadas este año bajo la supervisión del canadiense Michael Mackey.
La demanda declara que la negativa del Poder Ejecutivo a proporcionar documentación de Banco Unión para aclarar los gastos de campaña de Zedillo y Madrazo viola la Constitución e impide el ejercicio adecuado de las funciones legislativas. (FIN/IPS/pf/mj/ip if/99
