Agencias y gobiernos que apoyan a Indonesia se preguntan si su dinero fue usado para financiar actos de violencia en Timor Oriental, tras el referendo del lunes para elegir entre la autonomía respecto de Yakarta y la total independencia.
Instituciones financieras internacionales y gobiernos que otorgan préstamos y contribuciones a Indonesia están preocupadas porque las fuerzas de seguridad de ese país no evitaron que las milicias contra la independencia atacaran a quienes consideraban sospechosos de apoyarla.
Las grandes preguntas que deben enfrentar esos gobiernos e instituciones son si su dinero fue utilizado para financiar la opresión y la violencia, y qué están dispuestos a hacer al respecto.
Casi 99 por ciento de la población de Timor Oriental participó en la votación del lunes. Los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Dili, que dirigieron el proceso, dijeron que los resultados se conocerán la próxima semana.
La escalada de violencia llevó al Consejo de Seguridad de la ONU y al gobierno de Estados Unidos a reiterar sus pedidos de que Indonesia reprima las actividades de las milicias. Nueva Zelanda pidió, por su parte, la intervención de una fuerza militar internacional para mantener el orden.
Yakarta insistió en que tiene la situación bajo control y rechazó la presencia de fuerzas internacionales armadas para el mantenimiento de la paz, pero Muladi, el secretario de Estado indonesio, dijo que ahora el envío de una fuerza de la ONU es "una alternativa que debe ser considerada".
Organizaciones que promueven el desarrollo y el respeto de los derechos humanos señalaron que la comunidad internacional debe hacer un seguimiento más cuidadoso de la forma en que se emplea su dinero, para eliminar todas las fuentes de problemas en Timor Oriental.
Donantes y prestamistas, y en especial el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son los principales responsables de los préstamos de emergencia a Indonesia, "deben asumir parte de la responsabilidad moral", dijo Lynn Fredricksson, representante en Washington de la Red de Acción por Timor Oriental.
Grupos como el de Fredricksson han presionado durante meses al Banco Mundial para que suspenda sus operaciones en Timor Oriental y realice una auditoría financiera completa, ya que hay pruebas de que las autoridades locales usaron fondos de ayuda extranjeros para apoyar a las fuerzas contra la independencia.
Esa preocupación aumentó en junio, cuando el secretario general de la ONU, Kofi Annan, informó sobre "fuertes indicios de que los fondos públicos fueron usados" por funcionarios locales para apoyar las campañas a favor de la autonomía, violando los acuerdos de paz firmados a comienzos de mayo.
Documentos presupuestarios presuntamente muestran que el gobernador de Timor Oriental, Abilio José Osario Soares, intentó desviar hacia los autonomistas más de 700.000 dólares de fondos del Banco Mundial para la "red de seguridad social", destinados a la distribución de arroz y a servicios de salud y educación.
Según los informes, se pretendió utilizar ese dinero para financiar "cuerpos de defensa civil" en los distritos de Lautem y Ambeno y para "programas de socialización", un eufemismo para la campaña contra la independencia.
Soares se negó a hacer comentarios públicos sobre esos documentos presupuestarios, pero fuentes del Banco Mundial dijeron que no negó su autenticidad al ser interrogado.
Funcionarios del Banco Mundial dijeron que sus investigaciones y las del gobierno indonesio no han podido demostrar que los fondos de la agencia fueran desviados. "No se presentaron pruebas que vinculen nuestro dinero con las milicias, sólo acusaciones", afirmó Peter Stephens, portavoz de la institución.
La investigación del Banco Mundial "no ahondó en detalles y confió demasiado en la autoinvestigación de Indonesia", respondió Fredricksson.
No se tuvieron en cuenta pruebas de que fuerzas locales opuestas a la independencia controlaron la distribución de fondos sociales y emplearon las donaciones de arroz para influir sobre los votantes, aunque esas pruebas fueron recogidas por funcionarios del propio Banco Mundial, agregó.
"Es casi irrelevante que el dinero del Banco Mundial o de los donantes se haya utilizado directamente para apoyar a los paramilitares. El punto es que ese dinero permite que otros fondos locales queden disponibles para la opresión", explicó.
"Los préstamos y donaciones deberían suspenderse hasta que las milicias sean desarmadas y desmanteladas", sostuvo Fredericksson.
El Banco Mundial no parece dispuesto a aceptar esa recomendación. Jean Michel Severino, vicepresidente de esa institución para el este de Asia y el Pacífico, aseguró que la agencia "está lista para actuar en Timor Oriental", sea cual fuere el resultado de la votación del lunes.
La magnitud y los detalles de un programa de préstamos directos todavía deben elaborarse, añadió.
El Banco destinó 1.500 millones de dólares a Indonesia el año pasado, incluyendo 600 millones para reforzar las reservas internacionales del gobierno y 400 millones de dólares para programas sociales.
El envío de gran parte del dinero fue suspendido hasta después de las elecciones nacionales parlamentarias de junio, pero los funcionarios aseguraron que los préstamos son esenciales para estabilizar la economía.
El Banco Mundial reconoció que una quinta parte de los fondos de su programa para Indonesia suele ser malversada.
Ahora la agencia condiciona sus desembolsos a una supervisión más cercana y procedimientos eficientes para asegurar que la ayuda "no pase por muchas manos", pero los potenciales abusos siguen siendo una causa de preocupación, dijo Stephens.
"Las preguntas planteadas en relación con Timor Oriental pueden aplicarse respecto de otros lugares", ya que Yakarta también está combatiendo lo que llama desafíos a su soberanía en la provincia de Irian Jaya (o Papúa Occidental, donde se reclama la autodeterminación), y las islas Molucas, comentó Fredricksson.
Analistas políticos han señalado que la comunidad internacional no desea emplear la fuerza o imponer sanciones a Indonesia, temiendo que tales medidas contribuyan a la desintegración de un país ya inestable.
Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, y un aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo.
Los donantes de Indonesia comprometieron en julio la entrega de 5.900 millones de dólares hasta marzo del año próximo, a pesar de sus preocupaciones acerca de la corrupción, la seguridad y la incertidumbre política.
La comunidad internacional se limitó a "protestar y luego aceptar", dijo Michael van Langenberg, jefe del Departamento de Estudios sobre el sudeste de Asia de la Universidad de Sydney, en Australia.
"Es posible que el Banco Mundial venga y amenace un poco, pero creo que todos en Yakarta saben que hay un límite para las sanciones financieras que se pueden imponer, porque alentarían la desintegración política de Indonesia", agregó. (FIN/IPS/tra- en/aa/mk/at/mp/ip/99
