La justicia de Guyana tiene plazo hasta este jueves para decidir si ejecuta a dos homicidas condenados a muerte o si reconoce, como argumenta la defensa, que no recibieron un juicio justo y que deben ser liberados.
La ejecución de Noel Thomas y Abdool Saleem Yassin, condenados por asesinar en 1987 al hermano de uno de ellos, estaba prevista para el lunes, pero el domingo un juez les concedió el aplazamiento temporal de la pena que se aplicaría por primera vez en dos años en este país caribeño.
Los presos, que hasta ahora evitaron su ejecución por todos los medios jurídicos posibles, deben soportar, al igual que los demás reclusos condenados a muerte en la prisión central de Georgetown, los simulacros de ahorcamiento que realizan los guardianes y que ellos pueden oír desde sus celdas.
"A mí me sorprende cómo me pudieron hablar mis clientes después de haber oído 10 o 15 veces funcionar el mecanismo de la horca el domingo", relató el abogado defensor Nigel Hughes.
Pero el director de la prisión capitalina, Dale Erskine, discrepa con la opinión del abogado.
"En los dos días antes del ahorcamiento (previsto para el lunes), habremos probado la horca no más de tres o cuatro veces, por cierto que 10 no. Debemos asegurarnos de que la horca, construida hace muchas décadas, pueda funcionar", explicó.
"Cuando vas a la guerra debes estar psicológicamente preparado. Allí no te arrojan maíz acaramelado, sino balas y metralla. Así que ahora creo que los presos están preparados, tienen que estarlo", agregó.
Saleem Yassin fue condenado por pagarle a Thomas 700 dólares guyanenses (entonces el equivalente de 10 dólares estadounidenses) para matar en marzo de 1987 a su hermano Abdul Kaleem Yassin porque el padre de ambos, que aún vive, había favorecido a la víctima en su testamento.
La identidad de los asesinos se reveló cuando Thomas se quejó públicamente de que Saleem Yassin no le había pagado lo que le correspondía por haber baleado a Kaleem Yassin mientras dormía.
Aunque las encuestas muestran que la mayoría de la población apoya la pena de muerte en casos de asesinato premeditado, la opinión pública parece inclinarse por los dos hombres que ya sufrieron dos veces el aplazamiento de su ejecución.
Ahora los tribunales deben responder a la última demanda de los abogados defensores, que sostiene que los dos presos no recibieron un juicio justo, que se les negó la posibilidad de comparecer ante el Comité de Indultos del Estado y que el prolongado aplazamiento de la pena es un castigo cruel.
Tres abogados de derechos humanos de la vecina Trinidad y Tobago, donde nueve hombres fueron ejecutados este año, se sumaron al equipo defensor de Thomas y Saleem Yassin para evitar que se aplique la pena de muerte.
En 1993, pocos meses después de que el Partido Popular Progresista llegó al poder, el gobierno anunció que había firmado el Protocolo Opcional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que permite a los condenados a muerte recurrir ante el Comité de Derechos Humanos del foro mundial para apelar su pena.
En el caso de Thomas, de 41 años, y de Saleem Yassin, de 48, esa firma los convirtió en los primeros en apelar ante el organismo de la ONU, a través de su abogado Doodnauth Singh.
El Comité de la ONU, meses después, concluyó que Guyana debía perdonar y liberar a los hombres.
Pero el gobierno, irritado por lo que consideró un insulto a la soberanía del país, recurrió al Parlamento y, mediante la mayoría simple de los legisladores, dejó de acatar el Protocolo Opcional que había firmado en 1993 y no reconoció la conclusión del organismo de la ONU.
Thomas y Saleem Yassin agotaron los recursos legales y debieron soportar dos juicios más cuando la policía descubrió evidencia de que sus familiares habían interferido con el jurado, incluso un intento de soborno.
El último fallo de un tribunal guyanense en su caso se dictó en 1996, cuando la Corte de Apelaciones les negó la libertad. Desde entonces, la demora en la ejecución se debió a los meses de espera por la conclusión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Ahora, muchos creen que sólo el presidente Bharrat Jagdeo podría salvarlos.
El abogado defensor Doodnaugh Singh había sugerido que se apelara directamente al presidente y no que se plantearan más recursos jurídicos.
Jagdeo, quien juró como presidente hace cinco semanas, tiene interés en sacar ventaja política del caso.
Mientras el Estado espera que los tribunales confirmen la ejecución, la simpatía del público por los condenados a muerte se reforzó cuando el padre de Saleem Yassin pidió por la vida de su hijo en televisión durante el fin de semana.
"Si cuelgan a mi hijo, entonces significa que habré perdido a ambos", dijo en referencia a su hijo asesinado. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/aq/hd/99
