La muerte en Ecuador de Roy Loor España, que contrajo sida como consecuencia de una hemodiálisis, se sumó a un panorama signado por numerosas denuncias de negligencia, irregularidades y falta de recursos en los hospitales.
Loor España, que falleció el miércoles, es la víctima número 21 de los treinta pacientes que hace tres años contrajeron el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) en una clínica de Guayaquil y nunca fueron indemnizados.
Entre los nueve que aún quedan con vida figuran una joven de 17 años y un niño de 12. Todos contrajeron la enfermedad en un centro privado de hemodiálisis al que fueron enviados desde el estatal Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde se atendían por problemas de riñón.
María Peñafiel, madre de Carlos, el niño contagiado, relató a IPS que desde el gobierno de Abdalá Bucaram (1996-1997) les haciendo promesas que no se cumplen.
"Carlitos me habla que cuando sea grande quiere ser médico para curar a las personas y yo no sé cómo responderle porque tampoco sabemos qué pasará con él", comenta.
Durante el gobierno de Bucaram el Ministro de Salud los declaró "héroes" y ofreció una casa a cada uno. En el mandato de Fabián Alarcón (1997-1998) se les ofreció una indemnización de 6.000 dólares. Hoy, siguen esperando que alguien cumpla lo prometido.
"El dueño de la clínica donde se contagiaron estuvo preso unos meses y fue liberado, a pesar de que tras un peritaje médico se le encontró culpable de negligencia", aseguró Peñafiel.
El médico Galo Garcés fue acusado de negligencia por el contagio de los pacientes y por informarles tarde que estaban infectados, por lo que pueden haber contagiado otras personas con las que tuvieron relaciones sexuales sin saber que portaban el virus.
Garcés dijo que cuando un enfermo va a una clínica, el dueño no está obligado a saber si es portador del VIH o no.
Distintas organizaciones humanitarias exigen que se cumpla con la indemnización prometida y a la que tienen derecho los contagiados o sus familiares en el caso de los fallecidos.
Los portavoces de esas organizaciones recordaron que hace algunos años, un caso similar provocó una aguda crisis de gobierno en Francia. "Aquí parece que nadie tiene la culpa", argumentaron.
Las denuncias de negligencia se cuentan por decenas en los diferentes hospitales públicos y privados, sin que los responsables sean sometidos a la justicia y las víctimas sean indemnizadas.
En diciembre del año pasado, una niña de tres años contrajo el virus del sida en una transfusión de sangre en un hospital de la ciudad de Cuenca, 440 kilómetros al sur de Quito, y tampoco se determinaron las responsabilidades.
En el Hospital Regional de la ciudad de Ambato, en la sierra central a una hora de viaje en automóvil al sur de Quito, tres mujeres sometidas a cesárea quedaron paralíticas dos años atrás, a causa de un anestésico que contenía formol.
El anestesista argumentó en su defensa que los anestésicos utilizados le fueron proporcionados por el equipo de enfermeras.
Los hospitales del Ministerio de Salud donde se denuncian parte de las negligencias tienen serias dificultades por la falta de recursos, ya que los diferentes gobiernos se ha retrasado en brindarles el presupuesto establecido.
Ante esa realidad que mantiene semiparalizados desde comienzo de año a los hospitales públicos, se instrumentó el cobro de los servicios a los pacientes, pero eso sólo cubrirá cinco por ciento del presupuesto anual de cada hospital.
La situación es tan alarmante que en algunos centros de salud se ha llegado a cancelar 30 por ciento de las cirugías planificadas diariamente por falta de medicinas o implementos.
Los centros dependientes del IESS tampoco brindan un buen servicio por la deuda que mantiene el Estado con el Instituto.
Para el sindicato que nuclea a los trabajadores del IESS, "la idea del gobierno es tirar abajo al seguro social para privatizarlo".
La mayoría de la población ecuatoriana ha mostrado su desacuerdo con la privatización en reiterados plebiscitos convocados por gobiernos anteriores.
Los hospitales privados no escapan a las acusaciones de negligencia y sus costos son altos para gran parte de los ecuatorianos, por lo que muchos recurren a los denominados seguros de medicina prepagada.
La persona paga una cuota mensual y cada vez que concurre al médico o a un hospital tiene derecho a recuperar 60 por ciento de lo abonado por la atención y los medicamentos recetados.
Estas empresas han sido denunciadas por eludir el servicio argumentando que ciertas enfermedades no están en el contrato de afiliación o que existían antes de afiliarse, aunque no las hubieran detectado en el examen médico que se hace cada afiliado nuevo.
El sistema de seguros médicos permite que parte de la clase media ecuatoriana tengan acceso a servicios médicos por una cuota de 20 dólares mensuales, algo imposible para la mayoría de los habitantes de este país, donde el salario mínimo que cobra la mayoría de los trabajadores es de 88 dólares.
Sólo 20 por ciento de la población ecuatoriana cuenta con un seguro de salud en el IESS, las fuerzas armadas o los seguros privados. El 80 por ciento restante no tiene asistencia o concurre a los hospitales del Ministerio de Salud.
Del presupuesto anual del Estado, que asciende a 5.000 millones de dólares, sólo 11 por ciento está dedicado a cubrir las áreas de salud y educación.
Cuarenta y dos por ciento se destina a servicios de la deuda externa, 23 por ciento al pago de salarios a empleados públicos, maestros, militares y policías; 11 por ciento a los municipios, 13 por ciento a gastos corrientes y 11 por ciento para cubrir necesidades sociales como salud y educación. (FIN/IPS/kl/mj/he/99
