Dos casos de justicia por mano propia conmueven a Ecuador. Comunidades indígenas de Angahuana, un pueblo de la sierra central cercano a esta capital, mantienen detenidas a seis personas acusadas de robar automóviles.
Los detenidos duermen en pequeñas casetas prefabricadas a un costado de la plaza principal del pueblo y los comuneros aseguran que serán juzgados de acuerdo a las leyes indígenas.
La Constitución, aprobada en 1997, reconoce la aplicación de la justicia indígena en esas comunidades, pero el Congreso aún no dictó las leyes que la regulen.
"Nuestra administración de justicia está amparada en la Constitución. No secuestramos a nadie, sólo queremos información para llegar a los pandilleros que causan robos y asesinan en nuestras comunidades", aseguraron los indígenas de Angahuana.
Las autoridades provinciales temen que suceda algo similar a lo ocurrido el día 1 en Cayambe, cuando un joven de 15 años murió quemado por indígenas que lo acusaban de pertenecer a una pandilla juvenil que ha cometido varios robos en la zona.
Más de 300 indígenas detuvieron al joven, lo bañaron en agua fría y le aplicaron ortigas, cumpliendo "el rito purificador" de la justicia aborigen, y luego lo quemaron.
En 1996 hubo 12 muertos ajusticiados por mano propia, 14 en 1997, 17 en 1998 y este año ya van 15.
La diputada indígena Nina Pacari, vicepresidenta del Congreso, dijo a IPS que el castigo o la sanción impuesta por los indígenas ecuatorianos siempre tiene que ver con una limpieza corporal, espiritual.
"Está demostrado que la ortiga tiene propiedades curativas para el sistema nervioso, que tiene reacciones positivas. Esa limpieza se completa con agua fría", señaló.
Aunque la pena de muerte está contemplada en las normas indígenas, Pacari aseguró que sólo se aplica en casos extremos. El proceso se inicia en el consejo de la familia, luego en un consejo comunitario, después pasa al cabildo, y es toda la comunidad la que decide la sanción tras el juicio.
Los casos de justicia por mano propia ocurren no sólo en las comunidades indígenas, sino tambén en las ciudades.
En octubre pasado, 60 taxistas de Portoviejo, en la costa del Pacífico, quemaron a cuatro menores acusados de haber asaltado a un taxi. Dos de ellos murieron en el lugar y los otros dos resultaron heridos de gravedad.
Días antes, vecinos de las ciudades costeñas de Machala y Guayaquil, principal centro comercial del país, lincharon a dos presuntos ladrones que murieron al llegar al hospital.
En Los Ríos, otra provincia costeña, tres civiles fueron asesinados ese mismo mes supuestamente por agentes de la Policía que realizaban un operativo de control.
Pacari aseguró que no es lo mismo un linchamiento en las ciudades que las medidas tomadas en las comunidades indígenas, que tienen su marco jurídico propio.
"Somos pueblos originarios, con formas de vida distintas. Tenemos normas, leyes y formas de administrar justicia que han sido parte de nuestros mecanismos de sobrevivencia, distintas a las occidentales", afirmó.
Según la diputada, las normas jurídicas indígenas responden a los tres principios básicos de no mentir, no robar, no matar.
"Nuestra justicia es colectiva, hay un juicio. En los linchamientos de las ciudades no hay justicia porque la gente embravecida pega o lastima al delincuente sin que sea juzgado", subrayó.
En Tungurahua no sería la primera vez que ajustician a personas acusadas de haber cometido asaltos en esa región.
El sacerdote Gonzalo Espinoza, vicario general de la diócesis de Tungurahua, dijo que aunque es injustificable, el hecho se explica por el terror al que las bandas de delincuentes han sometido a la población campesina.
Vicente Chato, dirigente del Parlamento Indígena de Tungurahua, máxima autoridad aborigen de la provincia, dijo a IPS que la justicia del Estado no es para los indígenas.
"Durante el levantamiento indígena de julio, fue asesinada una chica india y ninguna autoridad investigó. Igual ocurre con hechos como el de las pandillas que vienen a las comunidades secuestran, roban y matan, pero nadie aplica la justicia", afirmó Chato.
Se trata de una discriminación solapada hacia los indígenas porque tanto las Fuerzas Armadas como las autoridades civiles reprimen los levantamientos pero "no hacen nada por combatir a los delincuentes", añadió.
Chato aseguró que el Parlamento Indígena escuchará la posición de los cabildos comunitarios de Angahuana, y aceptará la resolución que tomen.
"Nosotros tenemos nuestro propio sistema de gobierno, lamentamos la ausencia policial, pero no nos sentaremos a esperar", expresó.
Las provincias de Guayas y El Oro en la Costa, Pichincha, Tungurahua y Cotopaxi en la Sierra, y Sucumbíos en la Amazonia, son las más afectadas por ajusticiamientos colectivos, según un estudio del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Una encuesta realizada por el organismo humanitario reveló que uno de cada cinco ecuatorianos está de acuerdo con los ajusticiamientos por mano propia. (FIN/IPS/kl/ag/hd/99
