Los 182 países accionistas del Banco Mundial y el FMI mantendrán su reunión anual la semana próxima y discutirán cuestiones polémicas como el alivio de la deuda externa y la prevención y solución de las crisis financieras.
Los gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se reunirán en Washington entre el 28 y el 30 de septiembre, tras los encuentros previstos para este fin de semana de la Comisión Provisional del FMI y de la Comisión de Desarrollo de ambas agencias.
Durante este fin de semana se reunirán también bloques de países accionistas, como el Grupo de los 24, de países en desarrollo, y el Grupo de los 10, de las naciones más ricas.
Los principales responsables de las políticas del FMI y el banco se encuentran dos veces por año, pero la reunión anual de accionistas es una oportunidad tradicional para que los gobernadores de las dos agencias intercambien puntos de vista con ministros de Economía y presidentes de bancos centrales.
En los últimos dos años, las sesiones a puertas cerradas y las veladas sociales de las reuniones de accionistas se caracterizaron por lo que un veterano observador llamó "sosegado desasosiego" acerca de las causas y consecuencias de las crisis financieras y de su manejo por parte de ambas agencias.
Las reuniones de accionistas son objetivos prioritarios para los activistas que demandan cambios institucionales en el FMI y el banco. Organizaciones no gubernamentales (ONG) que realizarán encuentros paralelos en el sudoeste de Washington informaron que marcharán hacia las sedes de ambas agencias en el centro de la ciudad.
Las cuestiones más polémicas en la agenda del encuentro anual son el alivio de la deuda externa, la reforma de las normas e instituciones que regulan las finanzas mundiales, y la propuesta de que el sector privado comparta el costo de la ayuda de emergencia a países en crisis financiera.
En relación con el alivio de la deuda, funcionarios del FMI anunciarán un plan de venta de más de diez millones de onzas de oro de las reservas de la agencia, para financiar su contribución a la iniciativa en favor de los Países Pobres Fuertemente Endeudados (PPFE).
El FMI intentará realizar esa venta en una forma que resulte aceptable para los países dependientes de la minería y el Consejo Mundial del Oro, los cuales han realizado fuertes presiones contra la venta libre de randes cantidades de oro en el mercado mundial, a fin de evitar nuevos descensos en su precio.
Funcionarios del Fondo también pretenden intensificar sus esfuerzos para estrechar la relación entre el alivio de la deuda y la reducción de la pobreza, si bien las ONG demandarán alternativas al proyecto para los PPFE.
Soren Ambrose, analista político de la red estadounidense "50 años son suficientes", una ONG, dijo que el objetivo principal de la iniciativa para los PPFE es "asegurar que esos países sigan implementando políticas económicas neoliberales, más que aliviar el impacto de la deuda".
El analista es uno de los activistas y académicos que proponen la creación de un organismo internacional que arbitre cancelaciones y reducciones de deuda, según lineamientos establecidos por tribunales de quiebras.
Ambrose explicó que se trata de crear "una institución fuerte que instruya a los acreedores para que acepten cobrar sólo una parte de lo que se les adeuda, y establezca un mecanismo para limpiar los antecedentes de morosidad de los deudores, a fin de que reingresen a la economía mundial en condiciones de equidad".
Las iniciativas de reforma de la "arquitectura financiera global" (las normas e instituciones que gobiernan las finanzas mundiales), para evitar futuras crisis, tienen contenidos distintos, en función de diferentes explicaciones de las crisis en México, Asia Oriental, Rusia y ahora América del Sur.
El Banco Mundial y el FMI han propuesto medidas destinadas a fortalecer los sectores financieros de los países afectados, aumentar la transparencia en la gestión pública y privada, e impulsar el establecimiento de regulaciones de la actividad bancaria que combatan la corrupción y el favoritismo.
Ambas agencias se han mostrado, en cambio, reticentes a la adopción de normas que controlen los movimientos de capital, aunque admitieron la conveniencia de medidas como el impuesto a las inversiones de corto plazo en Chile, la limitación de la salida de capitales en Malasia y la "tasa Tobin".
Se llama "tasa Tobin" a un impuesto a los movimientos internacionales de capital que impliquen especulación con divisas. La implantación de esa tasa, cuya recaudación sería destinada al financiamiento de proyectos sociales, fue propuesta en 1972 por el economista James Tobin, premio Nobel de Economía en 1981.
Según los críticos, la resistencia del banco y el FMI es coherente con el papel que han jugado al brindar asistencia a países en crisis, beneficiando a grandes bancos con el cobro de altas tasas de interés, y a inversores internacionales con mayor acceso a los mercados, mientras trasladaban los costos a la población de los países afectados.
Ambas agencias fueron acusadas de servir en esos casos a los intereses políticos y comerciales de sus principales accionistas, en especial Estados Unidos.
Los accionistas más pequeños demandan, a su vez, una reforma de las propias agencias, mediante cambios institucionales y en el sistema de votación que las hagan más independiente de sus principales accionistas.
Algunos analistas de Estados Unidos propusieron que la representación de ese país en el banco deje de corresponder al Departamento del Tesoro y pase a ser responsabilidad del Departamento de Estado, en el cual perciben mayor sensibilidad ante cuestiones ambientales, de desarrollo y de derechos humanos.
El influyente Consejo sobre Relaciones Exteriores, con sede en Estados Unidos, consideró que más allá de que se asigne la representación de ese país a uno u otro organismo del gobierno, es preciso restablecer una clara distinción entre las tareas del Banco Mundial y el FMI.
El Fondo tendría que dedicarse a sus áreas tradicionales, vinculadas con los préstamos, las tasas de cambio y los impuestos, y dejar los ajustes estructurales a largo plazo en manos del banco, el cual debería, a su vez, dejar de actuar como un vendedor ambulante de asesoramiento macroeconómico y administración de las crisis, opinó el Consejo.
Los funcionarios del Banco Mundial y el FMI no se ponen de acuerdo en el debate sobre reforma de la "arquitectura financiera mundial", la mayoría de ellos parecen aceptar que las instituciones privadas de financiamiento deberían compartir los costos de futuros ayudas de emergencia a países en crisis.
Una de las propuestas en esa materia es incluir cláusulas de responsabilidad compartida en los contratos de emisión de bonos garatizados por los Estados, para limitar los derechos de los acreedores y facilitar la refinanciación de las deudas.
Los mayores bancos y firmas inversoras del mundo se han opuesto tenazmente a esa iniciativa.
El Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que agrupa a esas instituciones, afirmó que sus 300 miembros sufrieron graves pérdidas en las crisis, pero volvieron a realizar operaciones en los países afectados, aportando, por ejemplo, dinero a Brasil mientras sus acreedores públicos reclamaban que se les pagara.
Funcionarios del banco y el FMI replicaron que el sector privado no admite que obtuvo importantes beneficios antes de las crisis, que jugó un papel para precipitarlas, y que el retorno a países en crisis del que se jacta tuvo como objetivo la adquisición de activos locales a precios deprimidos.
Los miembros del IIF también mantendrán su reunión anual este fin de semana, y se prevé que presionarán para lograr una mayor participación del sector privado en las decisiones de las agencias, incluyendo a la Comisión Provisional del FMI y a la Comisión de Desarrollo del Fondo y el Banco Mundial. (FIN/IPS/tra- en/aa/mk/ego/if ip/99)
