Perú se arriesga a ser separado de la OEA al desconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera tres casos contra el gobierno de Alberto Fujimori.
Los jueces de este tribunal internacional dieron a conocer el lunes un fallo en el que declaran inadmisible la pretensión de Perú de retirarse de su jurisdicción, rompiendo el hermetismo que habían mantenido en su tercer período de sesiones ordinarias anuales, que comenzó el día 16.
La CIDH, con sede en San José de Costa Rica, añadió que continuará adelante con los procesos de casos pendientes y que si Perú desea retirarse de su competencia deberá cumplir con todos los requisitos estipulados por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
"La Corte declaró inadmisible la pretensión del Estado peruano de retirar con efectos inmediatos la competencia obligatoria", dice un comunicado emitido por el tribunal, presidido por el juez brasileño Antônio Cançado.
En esta resolución de la CIDH, de carácter inapelable, los siete jueces expresaron de manera unánime que Perú deberá acatar aquellas sentencias de casos que ya han sido fallados.
La CIDH es una institución judicial autónoma de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y fue establecida en 1979.
"Ya no hay vuelta atrás. O Perú cumple con la decisión de la Corte o se atiene a las sanciones que le pueda imponer la Asamblea de la OEA", explicó a IPS Tomás Guerra, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Costa Rica.
Guerra dijo que la tarea de la CIDH será ahora elevar un informe a la Asamblea General de la OEA, cuya próxima sesión se desarrollará entre el 4 y el 6 de junio del 2000 en Ontario, Canadá.
"La Asamblea tratará de convencer a Perú de que acate las disposiciones. De lo contrario, podría tomar represalias, desde sanciones comerciales y bloqueos económicos hasta, incluso, la expulsión de Perú" de la organización, como prevén las normas de la OEA, añadió Guerra.
Si Perú desea retirarse de la jurisdicción de la CIDH debe denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, tramitar un preaviso de su salida de este tratado internacional y esperar un año para que la decisión se haga efectiva.
La CIDH fue establecida por esta convención, conocida también como Pacto de San José, que se firmó el 22 de noviembre de 1969 y que entró en vigor en todos los países firmantes, entre ellos Perú, el 18 de julio de 1978.
"Lo que no puede el estado peruano es retirarse así como así, pues la CIDH ya está tramitando casos que están pendientes", añadió Guerra.
El experto costarricense consideró difícil que Estados Unidos tolere incumplimiento de las disposiciones de la CIDH, pues, de lo contrario, se desmantelaría el sistema y se legitimaría el desacato de disposiciones de organismos de la OEA por parte de los países.
Con su último pronunciamiento, este tribunal internacional zanja una polémica continental que surgió el 9 de julio, cuando el gobierno de Fujimori anunció que se retiraba de la jurisdicción de este órgano judicial.
La decisión de Fujimori de alejarse de la CIDH se dio después de que la corte falló a favor de cuatro chilenos que habían sido condenados a cadena perpetua por terrorismo por un tribunal militar secreto, en un proceso al que cuestionó "vicios legales" y falta de garantías.
La CIDH ordenó que se juzgara de nuevo a Jaime Castillo, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Concepción Pincheira, pero en una corte civil. El tribunal aclaró el lunes que nunca ordenó la liberación de los chilenos.
"Cuando un estado de derecho no respeta las decisiones de órganos judiciales internacionales es porque su estado de derecho interno no es coherente. La pregunta ahora es si hoy en Perú hay un verdadero estado de derecho", dijo a IPS Luis Sáenz abogado, periodista y profesor de la Universidad de Costa Rica.
La comunidad internacional debería ejercer medidas de presión pues Perú firmó un tratado que no puede desconocer inmediatamente, añade Sáenz.
Perú decidió salirse de la jurisdicción de la CIDH cuando ésta se aprestaba a a tratar dos casos importantes y polémicos. El primero de ellos es el retiro de la nacionalidad peruana y de la propiedad de un canal de televisión al empresario de origen israelí Baruch Ivcher.
Este canal había denunciado a través de sus programas casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos atribuidos a funcionarios del gobierno de Fujimori.
El otro caso que precipitó el retiro de Perú de la CIDH fue la destitución de tres integrantes del Tribunal Constitucional (Delia Revoredo, Manuel Aguirre y Guillermo Rey Terry) que habían votado contra la posibilidad de que Fujimori fuera reelecto.
Ante estos dos casos, el tribunal interamericano reivindicó, de manera inflexible y clara, su competencia para actuar, y anunció que continuará adelante con los procesos.
"El pretendido retiro, con efectos inmediatos, por el Estado peruano, de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la CIDH es inadmisible", reitera el fallo.
Guerra pronosticó que a partir de ahora se registrarán fuertes presiones diplomáticas para convencer a Perú de que acate las disposiciones.
La CIDH continúa estudiando el caso de Norberto Durand y Gabriel Ugarte, apresados por acusaciones de terrorismo en 1986 y desaparecidos después de un motín en la cárcel San Juan Bautista (El Frontón), quienes luego fueron absueltos.
Otro caso aún pendiente es el de Luis Alberto Cantoral, un joven que, al parecer, fue privado de manera ilegal de su libertad, sometido a tratos crueles y degradantes y juzgado dos veces por el mismo delito.
El tercero de los casos es el de Gustavo Cesti Hurtado, contra quien se siguió un proceso en el fuero militar, a pesar de un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial por un recurso de hábeas corpus que ordenaba su inmediato traslado al fuero común. (FIN/IPS/nms/mj/hd/99
