El fiscal general de India prometió que este país ratificará la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratamientos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
El anuncio fue hecho por el fiscal Soli Sorabjee durante el Octavo Simposio Internacional sobre la Tortura, organizado por el Consejo Internacional de Rehabilitación para las Víctimas de Tortura (IRCT), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC), el Insitituto de Derecho de India y la Asociación Médica India.
El simposio, que comenzó el miércoles y concluye este sábado, cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, el Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de Tortura y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.
India, acusada de violar los derechos humanos al reprimir a los separatistas armados de los estados del norte de Punjab y Cachemira y en la región del noreste, firmó la convención contra la tortura adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1984, pero aún no la ratificó.
Tampoco autorizó la visita oficial del relator especial de la ONU sobre la tortura, Nigel Rodley.
El gobierno insiste en que su propia comisión de derechos humanos puede manejar adecuadamente los casos de tortura, violación y otras violaciones a los derechos humanos que sufren los detenidos por la policía.
"Las deliberaciones lograron cambios de actitud", dijo Inge Genefke, secretaria general del IRCT y líder del movimiento mundial contra "el lado oscuro de la historia humana".
El juez retirado V.S. Malimath, presidente del simposio, observó que la NHRC, un organismo autónomo, se encarga de muchos casos de tortura de personas detenidas por las fuerzas de seguridad y no puede encargarse de otros.
"Sin embargo, estamos lejos de aquellos tiempos en que las víctimas de tortura no tenían a quién recurrir o incluso guardaban silencio por vergüenza y miedo de perder su lugar en la sociedad", dijo el juez Malimath.
El principal objetivo del Octavo Simposio Internacional sobre la Tortura es sensibilizar a la sociedad civil respecto de la difícil situación de las víctimas mutiladas física y psicológicamente, y de su necesidad de rehabilitación.
Los organizadores afirmaron que un tercio de los 185 estados miembros de la ONU todavía practican la tortura o toleran su aplicación.
A juicio de Malimath, la poca cobertura del acontecimiento por la prensa local, dedicada de lleno a las elecciones legislativas en curso, fue prueba suficiente de la poca conciencia que existe sobre la seriedad del problema.
La IMA reveló en un estudio que 80 por ciento de los médicos tienden a colocarse del lado de los torturadores en lugar del de la víctima.
Prem Aggarwal, secretario general de la IMA, dijo que "los médicos en India tienen una vaga comprensión de la tortura y parecen trabajar con la idea de que es necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad".
"Esas actitudes son perturbadoras porque los médicos están involucrados en alguna etapa en la mayoría de los casos de tortura y quienes participan, incluso indirectamente, deberían ser penalizados", agregó.
Sorajbee dijo que es importante negar la inmunidad a los torturadores. "No puede ni debe haber un lugar seguro para los torturadores, sin importar los argumentos basados en la soberanía estatal y la jurisdicción interna".
Otros eminentes juristas que participaron en el simposio, como el presidente de la NHRC, M. N. Venkatachaliah, y Krishna Iyer, apoyaron la rápida ratificación de la convención de la ONU, .
Iyer dijo que ésta fue aprobada por "la jurisprudencia mundial, sacudida por la degradación universal del proceso democrático mediante la tortura estatal".
"La tortura es hoy tan sofisticada, desarrollada tecnológicamente y psicológicamente patológica, tan compleja y llena de consecuencias mentales, morales y somáticas, que su determinación en términos precisos y su castigo no pueden quedar a cargo de la ley penal, abogados penales o procesos judiciales comunes", señaló.
El simposio, al que asistieron más de 200 delegados de todo el mundo, aprobó por unanimidad el Protocolo de Estambul sobre la Tortura.
Genefke dijo que era la versión final de un documento elaborado durante tres años de análisis, investigación y borradores realizados por más de 75 científicos forenses, médicos, psicólogos, supervisores de derechos humanos y abogados de 40 organizaciones en 15 países. (FIN/IPS/tra-en/rdr/an/at/aq/hd/99
