La detención y procesamiento del general Humberto Gordon, jefe de la policía secreta y miembro de la Junta Militar durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ratifica los nuevos criterios con que la justicia afronta los casos de derechos humanos en Chile.
Ricardo Lagos, candidato presidencial de la gobernante Concertación por la Democracia, dijo este miércoles que la decisión del juez Sergio Muñoz es un avance para esclarecer el asesinato del sindicalista socialdemócrata Tucapel Jiménez.
El magistrado ordenó el martes el sometimiento a proceso y la detención de Gordon, quien encabezaba la Central Nacional de Informaciones (CNI) cuando Jiménez fue secuestrado y asesinado el 25 de febrero de 1982.
El general retirado de 72 años es considerado uno de los militares más cercanos a Pinochet y es uno de los ex funcionarios de la dictadura requeridos a la justicia internacional por el juez español Baltasar Garzón.
Pinochet está arrestado en Londres desde el 16 de octubre de 1998, en virtud de una solicitud de Garzón, quien instruye procesos en España contra las antiguas dictaduras de Chile y Argentina (1976-1983) por crímenes contra la humanidad.
Entre 1980 y 1986, Gordon dirigió la CNI, el cuerpo de policía secreta creado por la dictadura en 1977 para sustituir a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que ejecutó la represión contra la izquierda desde el golpe de Estado de 1973.
Al dejar la CNI, el general fue designado representante del Ejército en la Junta Militar de Gobierno, integrada además por los mandos superiores de la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros, que cumplía funciones de Poder Legislativo.
El juez Muñoz encausó a Gordon como cómplice en el asesinato de Jiménez, uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos durante la dictadura, no cubierto por la ley de amnistía que Pinochet expidió en marzo de 1978.
Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, fue asesinado cuando promovía la constitución de un frente laboral común de oposición a las políticas económicas y sociales de la dictatura.
El dirigente fue secuestrado en su propio automóvil el 25 de febrero de 1982. Su cadáver apareció al día siguiente en un suburbio semirrural de Santiago, dentro del vehículo, con heridas de bala y señales de degollamiento.
La investigación del crimen estuvo virtualmente paralizada durante los 17 años en que la dirigió el juez especial Sergio Valenzuela Patiño, quien en marzo último dispuso el cierre del sumario sin identificar culpables "por falta de pruebas".
El 30 de marzo, la Corte de Apelaciones revocó la decisión de Valenzuela y ordenó encausar a 12 ex agentes involucrados en el caso, incluyendo al general retirado Arturo Alvarez, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
El tribunal asignó entonces el caso al juez Muñoz, quien centró las investigaciones en los ex agentes de la DINE y la CNI, hasta establecer la participación de esta última en el asesinato a través de uno de sus grupos especiales, la Brigada Laboral.
Gordon es el tercer ex miembro de la Junta Militar acusado judicialmente en un crimen represivo, luego de que en 1994 el juez Milton Juica implicara a los generales de Carabineros César Mendoza y Rodolfo Stange en el secuestro y degollamiento de tres militantes del Partido Comunista.
Mendoza, quien falleció poco después, así como Stange, actual senador, fueron absueltos por la justicia castrense de los cargos de Juica por abandono de deberes militares en relación con ese caso.
En términos jerárquicos, el ex jefe de la CNI es el oficial de Ejército de mayor rango procesado hasta ahora en Chile, ya que se retiró en 1998 con el grado de teniente general, similar al del actual comandante de la fuerza, Ricardo Izurieta.
Ese rango, equivalente al de general de cuatro estrellas, es el segundo en la jerarquía del Ejército chileno detrás del de capitán general (de cinco estrellas), otorgado hasta ahora sólo a Pinochet.
Gordon fue edecán militar del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), padre del actual mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por lo cual se le consideró un militar de buenas relaciones con el Partido Demócrata Cristiano.
El ex jefe de la CNI es el tercer general retirado del Ejército sometido a proceso este año por crímenes contra los derechos humanos, luego de Alvarez y de Sergio Arellano Stark, implicado en la llamada "caravana de la muerte".
Arellano está acusado por el magistrado Juan Guzmán por el secuestro entre octubre y noviembre de 1973 de 19 personas, ejecutadas por una misión militar a su cargo, cuyos cuerpos no han aparecido hasta la fecha.
La tipificación de esos casos como secuestro fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en julio, lo cual impidió que Arellano y otros cuatro ex oficiales encausados pidieran el beneficio de la ley de amnistía de 1978.
Ese fallo ratificó un giro en el tratamiento judicial de los casos de derechos humanos en que están implicados ex miembros de las Fuerzas Armadas, en una tendencia ratificada ahora por el juez Muñoz al ordenar la detención y procesamiento de Gordon. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/99
