La justicia de Cuba envió un mensaje ejemplarizante al sancionar con fuertes condenas a dos procesados por tráfico ilegal de emigrantes, en un caso que costó la vida a una persona y puso en peligro la de varios menores de edad.
El Tribunal Provincial de La Habana sentenció a Joel Dorta a cadena perpetua y a David García a 30 años de prisión, según una nota oficial divulgada este martes por la prensa estatal.
Dorta y García son cubanos residentes en Estados Unidos, en tanto Pedro Córdova González, acusado de complicidad y condenado a 15 años de prisión, vivía en el municipio de Mariel, 35 kilómetros al noroeste de La Habana.
El tribunal consideró probado que los procesados intentaron el 3 de julio trasladar a 14 personas, entre ellas cinco niños, de Cuba a Estados Unidos a cambio de 8.000 dólares por cada una.
La lancha rápida en que se trató de efectuar el viaje, con capacidad para transportar solo entre seis y ocho personas, zozobró en alta mar, a consecuencia de lo cual murió Sergio Maurilio Martínez Martínez, de 45 años.
Se trata del primer juicio contra traficantes de personas, luego de la aprobación en febrero de severas leyes contra este delito, que hasta ese momento no figuraba en el Código Penal cubano.
Las reformas legales incluyeron la previsión de cadena perpetua para casos con agravantes tales como porte de armas, el empleo de violencia o la intimidación de personas, poner en peligro la vida de las personas al cometer el hecho o si éstas sufren lesiones graves o mueren.
También hace aumentar el rigor del castigo si entre los viajeros figuran menores de 14 años y la reincidencia, como en el caso de Dorta, patrón de la nave marca Chris Craft, modelo Escorpión, acusado de haber ingresado varias veces al país de manera ilegal.
La defensa tiene cinco días hábiles para presentar el recurso de apelación.
Otros 26 cubanos residentes en Estados Unidos guardan prisión en Cuba por similar delito, aunque cometido con anterioridad a las modificaciones legales de principios de año, según medios oficiales de prensa.
Por esa misma causa se encuentran encarceladas en Cuba otras siete personas, también procedentes de Estados Unidos, que sí cometieron el delito con posterioridad a la reforma del Código Penal.
El gobierno de Fidel Castro reiteró este martes que el tráfico ilegal de emigrantes desde Cuba "responde a los intereses de la mafia anticubana que, desde el exterior, alienta la emigración ilegal y el desorden".
Esa conducta constituye un "absoluto desafío a los acuerdos migratorios existentes entre Cuba y Estados Unidos, los cuales propugnan una salida segura, legal y ordenada", agregó en un comunicado oficial.
A quienes violan las leyes y las aguas territoriales y participan de un modo u otro en el tráfico de personas "les serán aplicadas las sanciones correspondientes por tales actos de gravedad como ha quedado demostrado en ese caso", alertaron las autoridades.
Los acuerdos en materia migratoria suscritos por ambos países en septiembre de 1994 y mayo de 1995 comprometen a Estados Unidos a conceder 20.000 visas anuales a ciudadanos cubanos y a devolver a la isla a los emigrantes ilegales interceptados en alta mar, quienes no podrán ser castigados en Cuba.
Luego de las reformas introducidas al Código Penal, el gobierno cubano aumentó también el rigor de los reglamentos para la tenencia y operación de embarcaciones, con fuertes multas y amenaza de decomiso de bienes para los infractores.
Las autoridades admitieron en julio, cuando anunciaron las nuevas reglas, que aumentó el número de personas que tratan de emigrar de manera ilegal en medios de transporte que parten de la isla, "aunque la mayor parte" de las embarcaciones proceden de Estados Unidos.
Castro reiteró luego que su gobierno evitará a toda costa un éxodo masivo de personas que pueda conducir al fin de los acuerdos migratorios, único punto, hasta ahora, en que La Habana y Washington han logrado sentarse a negociar en 40 años de enemistad.
Entre las medidas para desalentar la emigración ilegal, Castro advirtió que se estudia la posibilidad de negar la visa de entrada a la isla para visitas familiares a toda persona que hubieran salido de Cuba de esa forma, con posterioridad al acuerdo de 1995.
"Quienes viajen de forma legal tendrán derecho a visitar este país siempre que lo deseen", dijo Castro en agosto. Hasta ahora, los emigrantes ilegales deben esperar como mínimo cinco años para poder retornar al país en calidad de visitante. (FIN/IPS/pg/mj/ip pr/99
