El gobierno y los sindicatos de Colombia iniciaron hoy la discusión de un petitorio de las centrales obreras que, según sus redactores, abre el debate sobre la política económica y el deterioro social en este país.
La discusión se llevará a cabo a partir de este martes en mesas de trabajo que se decidió constituir la semana pasada, como condición para el levantamiento del paro general convocado por las tres centrales sindicales colombianas y la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase).
Tarcisio Mora, coordinador del Comando Nacional del Paro, informó que una mesa central se reunirá dos veces por semana para analizar los temas macroeconómicos, relacionados con el plan de ajuste, deuda externa, desempleo, derechos humanos y la negociación de paz.
El equipo negociador del gobierno estará encabezado por el director de Planeación Nacional, Mauricio Cárdenas, y los ministros Gina Riaño, de Trabajo, Néstor Martínez, del Interior, Rodrigo Villalba, de Agricultura, y Germán Bula, de Educación.
El Comando Nacional de Paro participará en la mesa central y en las sectoriales estarán representadas las organizaciones de mujeres, trabajadores del transporte, campesinos, estudiantes y deudores hipotecarios.
Mora indicó que el comando fijó un plazo de 30 días para llegar a acuerdos concretos con el gobierno, pero adelantó que no se descarta una prórroga.
los trabajadores y organizaciones populares van con la mejor disposición a la negociación, que tiene un alto significado político, dijo a IPS Luis Garzón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor del país.
La negociación tiene un carácter político porque se debatirá a fondo las causas que han llevado al mayor deterioro social que ha afrontado la población en las últimas cuatro décadas, subrayó.
Los indicadores económicos, que incluyen un desempleo de 20 por ciento, una caída de la producción de seis por ciento en el primer semestre de este año y un aumento de la pobreza que alcanza a más del 50 por ciento de la población, de 37 millones de habitantes, no pueden ser peores, añadió.
El inicio de las conversaciones se produce en un ambiente tenso, debido a la convocatoria de una próxima jornada de protesta nacional y el anuncio de un paro indefinido de los trabajadores de la salud.
La negativa de las centrales sindicales a participar el viernes pasado en la comisión ampliada de concertación, en la que participan representantes empresariales y de los trabajadores, fue interpretada como una señal de endurecimiento de la posición de los sindicatos ante el inicio de la negociación.
Algunos analistas consideran que el gobierno de Miguel Pastrana ha tratado marginalmente el tema social, dando prioridad al acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor organización guerrillera del país.
Entre los temas más polémicos que los sindicatos llevan a la mesa de negociaciones se encuentra el de la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de contingencia por 3.000 millones de dólares.
Los sindicatos rechazan la negociación, que según Garzón conlleva la aprobación de una reforma laboral y tributaria que significará "más impuestos para los trabajadores y el deterioro de la calidad del empleo".
La reforma laboral propuesta por el gobierno reduce el pago de indemnizaciones por despidos injustificados, eliminación de compensaciones por trabajo nocturno y la flexibilización de las condiciones de trabajo, que facilitaría la contratación parcial.
La negociación con el FMI implica también la reducción del déficit fiscal, del cuatro por ciento del producto interno bruto al 2,5 por ciento para 1999, que implicaría el congelamiento de salarios para los empleados estatales y despido de trabajadores.
Otra de las propuestas que los analistas anticipan como de difícil negociación es la de la moratoria de la deuda pública, de 17.000 millones de dólares, recursos que los sindicatos piden que se destinen a financiar a la pequeña y mediana empresa para crear puestos de trabajo.
Los sindicatos piden también la suspensión de los proyectos de privatización y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos. (FIN/IPS/yf/ag/ip-if/99
