Una delegación de indígenas chilenos reclamó hoy en esta capital a las empresas españolas que invierten en su país el respeto de las leyes, del ambiente y de los derechos de sus comunidades.
La exigencia fundamental se dirige a la transnacional española Endesa, propietaria de Endesa-Enersis, la mayor empresa generadora de electricidad de Chile, con la cual los indígenas mantienen un litigio por la ocupación de sus tierras en el Alto Bío-Bío, 500 kilómetros al sur de Santiago.
Ese problema surgió a principios de esta década, antes de que Endesa de España tomara el control de la hidroeléctrica chilena en 1998, y se agudizó el 8 de este mes, cuando un juez admitió el reclamo de familias pehuenches y dispuso, como medida precautoria, la suspensión de la construcción de la represa de Ralco.
El lonko (jefe) pehuenche Antolín Curriao, quien representa a todas las comunidades indígenas del Alto Bío-Bío, calificó de "hábil" a Endesa, por haber logrado engañar a gran parte de las familias que ocupaban las tierras desde tiempos ancestrales.
Curriao dijo que enviados de Endesa visitaron a cada familia pehuenche y les afirmaron que contaban con todas las autorizaciones oficiales para ocupar sus tierras y que les ofrecían otras a cambio.
El mensaje fue: "O aceptan el canje o se quedan sin nada. Y quieran ustedes o no, la represa se construirá, porque esa es la decisión del gobierno", agregó.
"Endesa no nos trató como a una comunidad, sino como a familias individuales, con presiones y con engaños, que ahora hemos descubierto", afirmó Curriao.
El diputado socialista Alejandro Navarro, integrante de la delegación, negó que los problemas de Endesa en Chile se deriven del juicio que en España se sustancia contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres.
Prueba de ello, añadió Navarro, es que el abogado de Endesa en Chile es Pablo Rodríguez Grez, fundador y líder del grupo ultraderechista Patria y Libertad, organización que en los últimos meses del gobierno de Salvador Allende (1970-1973) cometió más de veinte atentados por día.
"No pueden atribuir al caso Pinochet los problemas de Endesa, porque su abogado (de la empresa) fue clave en la pérdida de la democracia en Chile en 1973, cuando se produjo el golpe de Estado contra Salvador Allende y su gobierno constitucional", especificó Navarro.
La oficina de prensa de Endesa, consultada por IPS, se negó a responder sobre este asunto pues, dijo un portavoz autorizado, todo lo referido a Endesa en Chile lo tratan en aquél país.
Navarro afirmó que Chile y los chilenos quieren que continúen las inversiones españolas. "Endesa es un punto negro, por eso deben quedarse todos los españoles, excepto esa empresa", dijo.
La suspensión definitiva del proyecto Ralco, además de respetar los derechos indígenas y el ambiente, resultará beneficiosa para Endesa, afirmó el abogado.
Para apoyar su pronóstico, señaló que las acciones de Endesa en Chile subieron 20 por ciento desde que se paralizó la construcción de la represa. "El mercado financiero percibe a Ralco como un proyecto muy caro", observó.
Curriao, Navarro y los abogados José María Bulnes y Roberto Celedón fueron recibidos por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, a la que entregaron documentación y ante la que expusieron su posición.
Celedón precisó que la legislación chilena excluye la expropiación de las tierras indígenas, además de exonerarlas de impuestos. No puede ser aplicada entonces ninguna medida a la que se resistan las familias pehuenches, "propietarias desde tiempo inmemorial de esos territorios", concluyó. (FIN/IPS/td/ff/hd en/99
