El gobierno de Chile está permitiendo un gran aumento de los cultivos transgénicos, así como la venta de alimentos de este origen sin los debidos resguardos, según denuncias de organizaciones de ecologistas y consumidores.
Un estudio divulgado esta semana por la Fundación Chile Sustentable afirma que "la superficie de plantaciones transgénicas aumentó cuatro veces entre 1997 y 1998, esto es desde 7.152 hectáreas a 28.541 hectáreas".
Los alimentos transgénicos son producidos mediante procesos de manipulación genética en que parte de los genes de un organismo son insertado en otros usando como vehículo virus o bacterias, para aumentar así su productividad.
En estas manipulaciones pueden combinarse genes animales con vegetales, o viceversa, para contar así con semillas, generalmente de maíz y soja, que posibiliten la modificación de alimentos derivados de estos dos productos.
Los transgénicos llegan al consumo humano a través de harinas, proteínas, aceites, almidones, lecitina, maltodextrina, dextrosa y jarabes de glucosa, empleados para elaborar alimentos como galletas, cereales, postres, helados, confituras y chocolates.
Los productos transgénicos, según sus detractores, pueden producir en las personas alergias, resistencia a antibióticos y bacterias ambientales e intestinales, infecciones por regeneración de virus de enfermedades e incluso cáncer.
El gobierno de Chile se negó a firmar en febrero último el Protocolo Internacional de Bioseguridad, propuesto en la Conferencia Extraordinaria de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, celebrada en Cartagena de Indias.
La aprobación de este protocolo, que busca sentar bases para fiscalizar el comercio de organismos transgénicos, quedó diferida por los menos hasta el año 2000, a raíz del bloqueo del llamado Grupo de Miami, integrado, además de Chile, por Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos y Uruguay.
El gobierno de Chile fundamentó entonces su posición en la defensa del libre comercio y señaló que en este país no se venden alimentos transgénicos, sino que sólo se cultivan semillas que son luego exportadas al hemisferio Norte.
La utilización del territorio chileno para esos efectos queda en evidencia en el aumento de las empresas dedicadas a estos cultivos, de dos en 1994, a 13 en 1998, la mayoría de ellas extranjeras.
Manzur advirtió que esta expansión de los cultivos manipulados genéticamente significa un serio riesgo para la biodiversidad y la agricultura chilena, en especial para recursos fitogenéticos del país, como la papa, el tomate y el maíz.
La Fundación Chile Sustentable sostuvo que esta amenaza se origina en que no se están aplicando cuarentenas a las semillas transgénicas importadas que son sembradas en el país, lo cual implica "un inminente riesgo de contaminación biológica a los cultivos y malezas cercanas (a las plantaciones)".
"La desregulación de los cultivos transgénicos implica que Chile está transgrediendo su propia legislación, que exige cuarentena de bioseguridad", e igualmente viola la Convención de la Diversidad Biológica, que es ley en este país, según la denuncia ecologista.
La Fundación Chile Sustentable y la Liga de Consumidores Conscientes denunciaron igualmente que "el maíz transgénico descartado para semilla está siendo usado como alimentos para cerdos y pollos".
Esto representa un riesgo aún no determinado para los chilenos que están ingiriendo carne potencialmente contaminada con transgénicos, señaló Isabel Lincolao, dirigenta de la Liga de Consumidores Conscientes.
Sara Larraín, candidata presidencial de grupos ecologistas para los comicios del 12 de diciembre, entregó en julio último a las autoridades una canasta de productos manipulados genéticamente que se venden en los supermercados chilenos.
Entre esos alimentos había galletas fabricadas en España, que fueron retiradas de los circuitos comerciales en ese país a raíz de las drásticas medidas de control de los alimentos transgénicos adoptadas por la Unión Europea.
Lincolao reclamó una inmediata rotulación de esos alimentos, en que se adviertan los casos en que contienen insumos derivados de cultivos transgénicos, al tenor de la Ley de Defensa del Consumidor vigente en Chile desde 1996.
Manzur planteó a su vez que el gobierno declare una moratoria a los permisos para la siembra de semillas manipuladas genéticamente y la destrucción de los actuales cultivos realizados sin cuarentena y otras medidas de seguridad.
La Fundación Chile Sustentable y la Liga de Consumidores Conscientes demandaron también una investigación para que se estableza la responsabilidad de los ministerios de Agricultura y de Salud en las situaciones denunciadas. (FIN/IPS/ggr/ag/en/99
