Los países del Caribe se preparan para lanzar una contraofensiva al mundo industrializado en el área de los servicios financieros extraterritoriales, y decidieron sumar sus esfuerzos contra el lavado de dinero practicado en la región.
También inauguraron un diálogo con sus críticos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), un grupo integrado por los principales países industrializados.
"Iniciamos un diálogo con la OECD, lo cual no significa que acatemos su autoridad, ni para establecer una lista de paraísos fiscales ni para determinar el régimen impositivo de otros países", declaró Ron Sanders, alto comisionado (embajador) de Antigua en Londres.
"Sin embargo, decidimos entrar en conversaciones con la OECD en un espíritu de cooperación internacional, para tratar de entender exactamente qué es lo que pretenden", explicó.
Antes del inicio de las reuniones, los países del Caribe comenzaron un estudio acerca de los efectos adversos que podrían causar las acusaciones, hechas por los países industrializados, de que los "paraísos fiscales" significan una competencia "desleal" para los servicios financieros extraterritoriales.
"Es importante que todos los países tengan regulaciones internacionales aceptables", concluyeron los gobernantes de la Comunidad del Caribe, el bloque comercial de la región, luego de reunirse.
"Ese deseo hará que disminuyan y, en lo posible, desaparezcan, las oportunidades para lavar dinero procedente de la corrupción, el tráfico de drogas y otras actividades delictivas", declararon.
Las inquietudes del Caribe acerca de la integridad de los servicios financieros aumentaron a raíz de un informe de la OECD en el cual se acusa a varias instituciones financieras extraterritoriales de brindar oportunidades para delinquir.
El informe de la OECD identifica a 47 países, entre los cuales hay 21 del Caribe, que presentan "una competencia fiscal injusta".
La organización se propone luchar contra las jurisdicciones que admiten que no residentes eviten el pago de impuestos de sus países de residencia.
La OECD también se preocupa por aquellos lugares que no brindan información sobre los ciudadanos del mundo industrializado que se benefician con los bajos impuestos o falta de ellos en el Caribe, y que se proponen atraer inversiones basadas exclusivamente en su política fiscal.
El ataque se dirige principalmente a las jurisdicciones más grandes y más establecidas, como islas Caimán y Bahamas, pero también a centros más pequeños como Barbados, Turcas y Caicos e Islas Vírgenes británicas.
Esos lugares ofrecen una serie de servicios financieros a los no residentes que incluye bancos, fondos de ayuda mutua, seguros y reaseguros, registro de firmas comerciales internacionales y de barcos.
Varios países son criticados porque apenas controlan las operaciones financieras que se realizan en su territorio, y porque su legislación al respecto es muy laxa, lo cual permite que los evasores fiscales del mundo pueden violarlas con facilidad.
Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, los países del Caribe tienen la ayuda de Estados Unidos y Gran Bretaña.
"Las islas están en la principal ruta de tráfico de drogas entre América del Sur y del Norte, y entre la primera y Europa", señaló un portavoz de la secretaría de Caricom. Es probable que muchos centros financieros extraterritoriales se utilicen como lugares de lavado de dinero, sostuvo.
"Ningún país de la región tiene interés en que se lo reconozca como un lugar que recibe dinero de la corrupción y el tráfico de drogas", comentó Hubert Ingraham, primer ministro de Bahamas.
El fiscal general de Barbados, David Simmons, dirige la investigación de los servicios financieros que brindan los países del Caribe.
Los gobiernos tendrán un informe con los resultados de la investigación de Simmons cuando se reúnan a comienzos de marzo. Algunos países ya participaron en "consultas" con la OECD, y se espera que otros lo hagan esta semana, dijo Sanders.
"Ninguno de los representantes del Caribe se reúne con la OECD porque acepte su visión del asunto sino que lo hacemos para lograr una cooperación internacional, pero conservando el derecho de fijar y manejar nuestros sistemas fiscales", explicó el diplomático.
"Estamos luchando con todas nuestras fuerzas contra la acción unilateral de la OECD, que podría interpretarse como una forma de intimidación", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/rs/cb/ceb/aq/if/99
