Las policías militares de varios estados de Brasil ya se encuentran en pie de guerra en demanda de aumentos salariales, casi dos años después de una rebelión de oficiales y suboficiales por el mismo motivo.
El movimiento surgió en el nororiental estado de Paraiba, donde un grupo de 300 policías militares, sus esposas y simpatizantes ocupan desde el día 8 una plaza frente a la sede del gobierno estadual, en la ciudad de Joao Pessoa. Los policias reclaman aumentos de sueldos de 22 a 100 por ciento.
En el sudoriental estado de Minas Gerais, los oficiales de rango más alto exigen del gobierno reajustes de 33 por ciento en sus sueldos, al tiempo que solicitan 18 por ciento de aumento para sus subordinados.
La Policía Militar de Minas Gerais es una de las más politizadas del país e impulsó la rebelión de 1997, que paralizó las labores policiales en siete estados brasileños.
En aquel momento, el problema era el mismo que ahora: descontendo con sueldos considerados bajos. En Paraiba, un soldado de la Policía Militar gana 71 dólares mensuales y el movimiento actual pretende un aumento a 112 dólares.
En Sao Paulo, el estado más rico del país, los 14.000 integrantes de la Policía Militar divulgarán esta semana un documento para exigir aumentos salariales. Los policías militares de Sao Paulo afirman que necesitan tener otros trabajos para sobrevivir.
El surgimiento de nuevos focos de descontento en las policías militares llevó a los responsables por la seguridad pública a una serie de reuniones de emergencia en Brasilia para evitar la repetición de los sangrientos conflictos entre policías, como los ocurridos en 1997.
Las policias militares están subordinadas a los gobiernos estaduales y controladas por el comando del Ejercito brasileño. Su función básica consiste en mantener el orden público y la represión a la delincuencia.
"Pasados dos años, la situación de las policías militares en Brasil sigue en la agenda de temas a espera de solución", afirmó el sociólogo Ruben Cesar Fernandes, del Instituto de Estudios de la Religión (ISER), la más activa organización no gubernamental (ONG) brasileña en temas de seguridad pública y violencia urbana.
Ahora surgen otras evidencias aún más preocupantes. En al menos dos estados brasileños, Río de Janeiro y Río Grande del Sur, hay indicios de que los policías militares ya no se limitan a reivindicaciones salariales.
En Río de Janeiro fue asesinado el martes 14 el ex comandante de la Policía Militar local, coronel Nazaré Cerqueira, en un incidente confuso donde todo parece indicar que se trató de una ejecución sumaria.
El crimen ocurió en el centro de la ciudad, a la luz del día, en la puerta de un edificio comercial, y en el hecho estuvieron involucrados otros policías militares cuyos roles aún no fueron determindos.
Nazaré, un oficial negro, fue comandante de la Policía Militar de Río durante los dos gobiernos de Leonel Brizola, a fines de los años 80 y principios de los 90. El militar, que se encontraba en situación de retiro, participaba en una ONG de estudios sobre seguridad pública.
La policía de Río Grande del Sur está en abierto conflicto político con el gobernador Olivio Dutra, del izquierdista Partido de los Trabajadores, considerado un intransigente opositor del presidente Fernando Henrique Cardoso.
La cuestión policial cobrará nuevo impulso cuando algunos estados brasileños presenten sus proyectos de unificacion de las policías militar y civil.
En Río de Janeiro, el estado en el que esta materia se encuentra más avanzada, hay planes para la creación de un Instituto de Seguridad Publica que reemplazará a todas las policías actuales.
En la práctica, el Instituto de Seguridad Pública será una nueva policía a la cual sólo podrán acceder los agentes y militares sin antecedentes penales y sin observaciones negativas en su conducta en la institución.
El nuevo proyecto ha despertado fuerte oposición entre los policías, tanto civiles como militares, porque la mayoría teme perder las condiciones y ventajas actuales. (FIN/IPS/cc/ag/ip/99
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