El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, lanzó un ambicioso plan de políticas sociales, tras el anuncio de la oposición de que habrá nuevas protestas callejeras para pedir cambios en la política económica.
El 7 de septiembre se realizarán manifestaciones en todos los estados brasileños a la misma hora, tras el éxito de la llamada Marcha de los Cien Mil, organizada por partidos de izquierda, sindicatos y el movimiento de campesinos "sin tierra", que se llevó a cabo en Brasilia el 26 de agosto.
Las próximas protestas, llamadas "el grito de los excluidos", coincidirán con la conmemoración de la independencia del país.
Una semana después, el 14 de septiembre, los trabajadores metalúrgicos se proponen realizar un paro general para protestar contra el desempleo.
Gobierno y oposicion discreparon sobre el número total de participantes en la manifestación de Brasilia. Las autoridades dijeron que no habían sido más de 40.000 personas, mientras los organizadores estimaron que fueron 120.000.
Lo cierto es que la marcha tuvo un impacto positivo en la opinión pública, por su caracter pacífico y por su exigencia de un cambio en la política económica del gobierno, acusada de ser antisocial e inhumana.
El principal objetivo político de la manifestación fue inicialmente pedir la renuncia de Cardoso, pero el descontento por la política económica y social amplió el apoyo popular a la protesta, admitieron organizadores de la marcha como el diputado federal José Genoino, del opositor Partido de los Trabajadores.
La Marcha de los Cien Mil se llevó a cabo tras una manifestación de productores agropecuarios que pedían una reducción de sus deudas con el Estado, y de una huelga nacional de camioneros.
En ambos casos las protestas se acompañaron de demandas de cambio en la política económica, mientras las encuestas indicaban que la popularidad de Cardoso había llegado a su punto más bajo desde el inicio de su primer gobierno, en 1994.
El aumento del descontento disminuyó las distancias ideológicas y políticas entre sindicatos, pequeños empresarios como los camioneros, campesinos "sin tierra" y propietarios de tierras endeudados. El resultado fue la fuerte participación en las protestas de la empobrecida clase media brasileña.
Entre los factores que explican ese fenómeno están el desempleo (que afecta a 7,8 por ciento de la población económicamente activa), la crisis de los servicios públicos de educación, salud y jubilaciones, y la gradual reaparición de la inflación.
El impacto de la Marcha de los Cien Mil fue tal que hasta los aliados de Cardoso empezaron a pedir cambios en la política económica.
Los oficialistas habían acusado a los organizadores de la protesta de atentar contra las instituciones democráticas, pero tras la manifestación en Brasilia la reacción de las autoridades fue cautelosa.
Fuerzas conservadoras como el Partido del Frente Liberal trataron de minimizar la participación popular en la marcha, pero admitieron que la población había enviado un mensaje de cambio al gobierno.
Los titulares de los principales periódicos brasileños del fin de semana destacaron que varias figuras del gobierno consideraban necesario retomar la iniciativa en el terreno de las políticas sociales, donde las encuestas han ubicado el origen del descontento de la clase media.
Cardoso anunció el martes el lanzamiento de un plan para los próximos cuatro años que incluye más de 350 proyectos, la mayoría de ellos en el área social, que implicarán un gasto público de más de 500 millones de dólares.
El plan, denominado "Avanza Brasil" se propone crear 8,5 millones de puestos de trabajo, asegurar el acceso a la escuela primaria de todos los niños del país, ampliar los servicios de enseñanza secundaria, y erradicar el trabajo infantil en tareas peligrosas.
También incluye la entrega de tierras a 287.000 familias, el aumento de los créditos a pequeños productores rurales, y un programa de incentivos a las pequeñas y medianas empresas.
Cardoso aludió a las recientes protestas afirmando que la iniciativa es "una revolución que se hizo en forma silenciosa, mientras la gente gritaba en las calles", y aseguró que la inversión social es posible porque el ajuste económico, criticado por los opositores, permitió ordenar las finanzas públicas.
El plan de las autoridades prevé la reducción gradual de las tasas de interés, para estimular las inversiones, y un crecimiento de la economía de cuatro por ciento en el año 2000, 4,5 por ciento en el 2001 y cinco por ciento en el 2002 y el 2003.
Observadores políticos en Brasilia opinaron que el lanzamiento de políticas sociales puede fortalecer al gobernador de Sao Paulo, Mario Covas, que representa el sector más izquierdista del Partido de la Social Democracia Brasileña, al cual pertenece Cardos. (FIN/IPS/cc/mp/ip if/99
