El asesinato de un juez de Brasil que denunció a sus colegas e investigaciones que señalan a un diputado como jefe del crimen en su estado dejaron en evidencia la expansión del narcotráfico, que ya amenaza las instituciones.
El juez Leopoldino Marques do Amaral apareció muerto con dos tiros en la cabeza y el cuerpo parcialmente quemado el día 7 en territorio paraguayo.
La ejecución dejó en dificultades a 16 de los 20 integrantes del Tribunal de Justicia de Mato Groso, estado del oeste brasileño en la frontera con Bolivia, todos acusados por el juez de numerosas irregularidades, desde nepotismo a la "venta" de sentencias favorables incluso a traficantes.
Las denuncias fueron enviadas el 23 de julio a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre irregularidades del Poder Judicial y reiteradas públicamente por una emisora de televisión poco antes del asesinato.
La Policía Federal ya detuvo a varios sospechosos de participar en el homicidio y mantiene bajo su protección en un lugar secreto un testigo clave, una escribana que fue la última persona que tuvo contacto con la víctima.
En sus últimos días el juez investigaba el soborno de algunos colegas por narcotraficantes y, según otro testigo, había recibido documentos que comprobaban sus sospechas en la víspera de su desaparición.
La misma CPI ya había recogido informaciones de que tribunales de Manaos, capital del estado de Amazonas, también facilitaron la liberación de muchos conocidos traficantes, entre ellos colombianos.
Otra CPI, que investiga directamente el narcotráfico, concluyó que el diputado Hildebrando Pascoal comandaba el negocio de las drogas y un escuadrón de la muerte en el estado de Acre, que tiene fronteras con Bolivia y Perú.
La Cámara de Diputados debe aprobar la inhabilitción de Pascoal en los próximos días e inmediatamente la CPI pedirá su prisión, anunció el presidente de la Comisión, Magno Malta. El pedido no se hace antes porque el indagado cuenta con inmunidad parlamentaria.
Las investigaciones parlamentarias involucran otras 27 personas involucradas en el crimen organizado de Acre, sobre quienes también se requerirá su detención. Hay muchos policías en el grupo que, según denuncias, responden por más de 30 asesinatos.
Varias personas que prestaron testimonio a la CPI tienen su identidad oculta y serán incluidas en el Programa de Protección a Testigos creado por el Ministerio de Justicia.
Todas las informaciones obtenidas serán enviadas a la Fiscalía de Acre para que "la Justicia cumpla su papel y castigue a los criminales", dijo Malta.
El diputado Moroni Torgan, relator de la CPI sobre narcotráfico, pedirá que se la convierta en comisión permanente del parlamento, ante la gravedad de la infiltración de esa actividad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, según adelantó al diario O Estado de Sao Paulo el domingo.
Además de tribunales liberando a traficantes y del poder conquistado por el crimen en el Acre, Torgan mencionó el uso de aviones de la Fuerza Aérea Brasileña para el transporte de drogas.
Hace algunos meses se descubrió en uno de esos aviones un cargamento de 33 kilos de cocaína destinados a España, en una operación dirigida por oficiales de esa fuerza.
Las revelaciones de las dos CPI indican que la penetración del narcotráfico en las instituciones tiende a ser más grave en los estados fronterizos con Bolivia, Colombia y Perú, los tres mayores productores de cocaína del mundo.
También el creciente consumo de drogas ilegales en el país, en especial entre los jóvenes, es fuente de preocupación para las autoridades.
Una encuesta, hecha por el Centro Brasileño de Análisis y Planificación para el Ministerio de Salud, reveló que 13 por ciento de la población entre 16 y 65 años de edad, es decir 7,5 millones de brasileños, ya consumieron alguna droga.
Entre los jóvenes el índice es más elevado, 34,6 por ciento, en especial en las capas más ricas, donde los que por lo menos probaron drogas alcanzan 58,6 por ciento. La marihuana es la más presente, pero la cocaína llegó a 21 por ciento de los consumidores. (FIN/IPS/mo/mj/ip/99
