Paraguay expresó su malestar con el rechazo de Argentina al pedido de extradición del ex general Lino Oviedo, retirando en la víspera a su embajadora en Buenos Aires, Leila Rachid.
Asunción adoptó una medida similar el jueves con su representante en Uruguay, luego que ese país rechazó la solicitud de extradición del ex ministro de Defensa José Segovia.
El gobierno de Luis González Macchi se enemistó de esta manera con dos de los tres países socios en el Mercado Común del Sur (Mercosur), Argentina, Brasil y Uruguay, que dieron protección a los distintos protagonistas de la crisis institucional de fines de marzo.
Oviedo, liberado de prisión en Paraguay sin cumplir una condena por intento de golpe de Estado, se refugió con su familia en Argentina, luego de la renuncia del presidente Raúl Cubas el 28 de marzo, y obtuvo el asilo político.
Cubas, obligado a abandonar el gobierno al concluir la crisis desatada por el asesinato el 23 de marzo del vicepresidente Luis María Argaña, se encuentra actualmente asilado en Brasil, al igual que el ex dictador Alfredo Storoessner.
El pedido de extradición de Paraguay contra Oviedo fue rechazado por Buenos Aires el jueves.
La bancada de diputados de la Alianza de oposición de Argentina dijo que pedirá el juicio político del canciller Guido Di Tella por la decisión adoptada, que consideran "disparatada" y que viola tratados y leyes para dar proteción a un amigo personal del presidente Carlos Menem.
El gobierno paraguayo llamó a la embajadora Rachid a consultas el viernes, lo mismo que había hecho el jueves con la embajadora en Montevideo Julia Velilla, ante la negativa de Uruguay a entregar a Segovia.
El canciller Miguel Abdón Saguier manifestó el viernes su extrañeza por la determinación argentina de impedir la extradición de Oviedo, acusado en su país de delitos comunes y sospechoso de estar involucrado en el asesinato de Argaña.
"Nos extraña que Argentina no haya permitido que este asunto se dilucide en la justicia", dijo Saguier, quien recordó que Oviedo fue señalado como mentor del atentado fatal contra Argaña y es investigado por el crimen de al menos ocho manifestantes en la plaza del Congreso a fines de marzo.
En la víspera, Saguier se había manifestado "frustrado e indignado" al conocer la decisión del gobierno argentino, que se adoptó pocas horas después de una actitud similar de Uruguay en favor de Segovia, acusado de malversación de fondos públicos durante su gestión.
El vicecanciller paraguayo Carlos Balmelli dijo el viernes que considera la actitud argentina como una muestra de "incomprensión del anhelo que persigue su país de hacer justicia" en el caso de Oviedo.
La cancillería argentina mencionó, entre los fundamentos de rechazo, la necesidad de dar protección física a Oviedo y resaltó la tradición del país en brindar asilo a dirigentes políticos de América Latina.
Oviedo, condenado a 10 años de prisión por intentar un golpe de Estado en 1996 contra el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy, había sido liberado por el gobierno de Raúl Cubas, representante del sector liderado por el ex militar del todavía gobernante Partido Colorado.
Al aterrizar en Argentina en marzo, el ex militar fue albergado en un haras por un empresario amigo de Menem y luego fue alojado en una residencia en las proximidades de Buenos Aires, donde recibe visitas de dirigentes políticos paraguayos.
Una de las pocas salidas de Oviedo de la casa, que tiene una fuerte custodia militar, fue para practicarse un implante de cabello en una costosa clínica privada dedicada a la cirugía estética. (FIN/IPD/mv/dm/ip/99
