El fallo de un tribunal penal de Argentina, que rechazó la competencia de la justicia militar para decidir en una causa de secuestro de menores, genera expectativas en Uruguay, donde esos casos están clausurados.
La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal argentina desestimó a mediados de este mes la intervención de la justicia militar que había sido reclamada por un grupo de ex jefes de la dictadura militar de ese país (1976-1983).
Ese cuerpo judicial de segunda instancia decidió que el juez federal Adolfo Bagnasco continuara con la causa en la que están procesados con prisión los ex presidentes Jorge Videla y Reynaldo Bignone y el ex integrante de la junta militar Emilio Massera, entre otros, por la desaparición forzada de 190 personas.
La apelación presentada por la defensa de los ex militares fue rechazada por la Cámara con el argumento de que los hechos investigados constituyen "delitos permanentes, cuya comisión no ha concluido", como establece la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994.
Por otra parte, los ministros sostuvieron que la desaparición forzada de personas es un delito de derecho internacional de persecución imperativa para todos los Estados cualquiera sea su normativa interna al respecto.
El fallo rechazó la pretensión de "cosa juzgada", que sostenían los abogados defensores de los ex militares, porque en un juicio público a nueve integrantes de las juntas militares la fiscalía solo presentó "cinco casos únicos" de sustracción de menores, que fueron objeto de ese juzgamiento.
En 1985 fueron condenados a prisión cinco de los nueve ex comandantes, acusados de crímenes de lesa humanidad, pero en 1989 fueron indultados por el presidente Carlos Menem.
La apelación de los militares tenía el propósito de detener el proceso que los tiene como protagonistas y en el cual también se investiga el caso de Simón Riquelo, que es presuntamente hijo de la uruguaya Sara Méndez, que nació en Buenos Aires el 22 de junio de 1976.
La secretaría de Derechos Humanos de la central sindical uruguaya PIT-CNT dijo el lunes que, como resultado del fallo, el indulto dispuesto por Menem "no impide" a Méndez acusar ahora "a Videla, Massera y otros de la sustracción de su hijo", porque la permanencia de los delitos así lo habilita.
El caso de Simón Riquelo es uno de los cinco presentados por la fiscalía argentina en 1985 en el juicio contra las juntas militares, recordaron los sindicalistas uruguayos.
El abogado de los denunciantes en esa causa solicitó nueve meses atrás el envío de un oficio a Uruguay para que informara si en 1976 y 1977 oficiales de ese país participaron en actividades del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino.
Méndez y el padre del niño, Gerardo Gatti, se encontraban en la capital de Argentina, donde habían viajado huyendo de la dictadura instalada en Uruguay entre junio de 1973 y 1985.
La persecución de que eran objeto los refugiados políticos uruguayos también en Argentina hizo que Méndez y Gatti inscribieran a su niño en el registro civil con el apellido Riquelo, que había adoptado su madre para ocultarse.
El 13 de julio de 1976 fuerzas militares y policiales detuvieron a Méndez y secuestraron a su hijo Simón. Gatti pudo evadir la persecución y se refugió en Europa, y luego del retorno a la democracia regresó a Uruguay donde falleció.
En los años 70 desaparecieron en Argentina 12 niños de padres uruguayos, en el marco de la Operación Cóndor, coordinación represiva de las dictaduras de los dos países, Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay. Solo cinco de los menores secuestrados en ese entonces fueron ubicados hasta ahora.
Méndez fue trasladada de manera clandestina a Uruguay poco después de su detención en Buenos Aires y en mayo de 1981 recuperó la libertad.
En diciembre 1986, con el apoyo de la organización humanitaria argentina Abuelas de Plaza de Mayo, Méndez ubicó en Montevideo a un joven adoptado por un matrimonio de manera legal que presume es Simón.
Ese joven ahora se llama Gerardo Vázquez, inscripto como nacido tres días después del nacimiento de Simón, y sus padres adoptivos son familiares del coronel uruguayo Antonio Rodríguez Buratti, a quien se le imputó haber participado en el operativo de secuestro de Méndez.
La investigación llevó a Abuelas de Plaza de Mayo y a Méndez a la convicción de que Simón y Gerardo son la misma persona, pero sucesivas denuncias ante la justicia militar se frustraron debido a la ley de amnistía aprobada por el parlamento uruguayo en 1986.
Esa ley declaró clausurados todos los juicios contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura.
Las querellas prosiguieron ante los juzgados civiles y concluyeron en 1992, cuando un fallo de la Suprema Corte de Justicia dijo que no se podía realizar la extracción compulsiva de sangre a Gerardo Vázquez.
El joven se había negado a ello durante el proceso civil, así como a reconocer que Méndez fuera su madre.
Según el PIT-CNT, si en Uruguay se produjera una interpretación similar a la realizada por la justicia argentina se abriría "una profunda grieta en la impunidad" consagrada por la ley de amnistía. (FIN/IPS/rr/dm/hd/99)
