El juez español Baltazar Garzón pidió al gobierno de Colombia respeto por los derechos de las comunidades indígenas, objeto de multiples agresiones.
Garzón se reunió el jueves con representantes de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado y el desarrollo de proyectos económicos, en su último día de visita a Colombia integrando una misión internacional de estudio sobre la situación de los defensores de derechos humanos en este país.
El juez español sostuvo que las autoridades deben tomar "con seriedad la defensa de los derechos de los indígenas" y proteger "sus tradiciones y cultura", evitando anteponer los intereses económicos "a lo que constituye su esencia étnica vital".
También consideró que la licencia otorgada por Bogotá a la empresa transnacional Occidental Petróleoum (Oxy) para realizar trabajos de exploración de hidrocarburos en el llamado bloque Samoré, en el nordeste del país, afecta la comunidad u'wa, aunque formalmente el proyecto no esté en su reserva.
El gobierno de Andrés Pastrana concedió autorización a Oxy para la prospección petrolera en un área a escasos cinco kilómetros de los límites de la reserva de los indígenas u'wa, sobre la cual la comunidad reclama derechos ancestrales.
Evaristo Tegría, asesor de los u'wa, dijo a Garzón que la decisión a favor de Oxy viola los derechos patrimoniales, culturales y económicos de esa comunidad.
Augusto Valbuena, presidente de la Organización Nacional Indígena (ONIC), indicó que, al igual que pasó con los u'wa, otras comunidades indígenas tampoco fueron consultadas por el gobierno sobre los proyectos a desarrollar.
El gobierno tiene como política "desconocer nuestros derechos e imponer arbitrariamente sus intereses", afirmó.
Valbuena señaló el caso de la represa hidroeléctrica de Urrá, al noroeste del país, donde no sólo se están violando los derechos de los indígenas al no ser consultados, sino que están siendo masacrados por guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha que se disputan el control de la zona.
Gerardo Jumí, indígena embera, informó que en lo que va de este año fueron asesinadas nueve personas y otras tres están desaparecidas, pertenecientes a su comunidad conformada por unos 2.000 miembros.
Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos tres años fueron asesinados 96 indígenas, en su mayoría radicados en zonas de conflicto o que cuentan con importantes recursos naturales, pese a que estas comunidades se han declarado neutrales en la guerra civil colombiana.
Jumí señaló que la invasión de narcotraficantes en sus territorios, la tala de los bosques en zonas selváticas, los intereses de las compañías transnacionales y el conflicto armado, son las causantes del genocidio contra la comunidad indígena en Colombia.
El juez Garzón, conocido por enjuiciar al ex dictador chileno Augusto Pinochet, afirmó que la población indígena en Colombia también está sufriendo los efectos de la llamada "globalización de la economía", que prioriza los intereses económicos aunque tenga que "agredir a los más débiles".
En su visita de tres días a este país, Garzón pidió a los participantes en el conflicto armado que dejen trabajar a los defensores de los derechos humanos que fueron declarados "objetivo de guerra", y la liberación de las personas que tienen secuestradas.
"El secuestro como arma política es inviable en cualquier estado de derecho", afirmó.
Según los organismos de seguridad colombianos la guerrilla y los grupos paramilitares de derecha tienen cerca de 1.000 personas en su poder.
Garzón también condenó la ayuda de Estados Unidos al Ejército de Colombia para la lucha contra el narcotráfico, porque esa es una "tarea exclusiva de la policía. (FIN/IPS/yf/dm/hd/99
