Se esfumaron las últimas esperanzas del gobierno de Chile de que el ex dictador Augusto Pinochet (1973- 1990) se librara del juicio de extradición a España, que se iniciará este lunes en Londres.
Las versiones de un supuesto acuerdo secreto entre el gobierno chileno de Eduardo Frei y el británico de Tony Blair, para que Londres liberara a Pinochet por razones humanitarias, fueron desmentidas en esa capital.
El canciller chileno Juan Gabriel Valdés declaró a su vez, desde Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que no hará públicos los últimos informes sobre la deteriorada salud del ex dictador.
Valdés dijo que los resultados de los exámenes que se practicaron este jueves en Londres al anciano general de 83 años serán entregados a las autoridades británicas, encargadas de decidir si corresponde otorgarle clemencia.
En Santiago y Londres circularon el jueves versiones de que el ministro del Interior británico, Jack Straw, estaría finalmente dispuesto a revocar la orden de aceptación del pedido español para extraditar a Pinochet, permitiendo su regreso a Chile.
Los rumores se basaron tanto en la supuesta existencia de conversaciones secretas como en los informes sobre un agravamiento de la salud del ex dictador y senador vitalicio, quien padece de diabetes, cardiopatías y otras enfermedades.
Un portavoz de Straw aclaró el viernes, sin embargo, que el ministro no volverá a considerar el caso Pinochet sino hasta que se agote la vía judicial, es decir que se dicte sentencia en el proceso de extradición en el tribunal de Bow Street.
Sólo en el momento que deba decidir sobre la eventual entrega del ex dictador a la justicia española, Straw volverá a considerar todos los argumentos en torno del caso, "incluso las razones humanitarias", indicó el portavoz.
Luego de estas aclaraciones se tornó inevitable el inicio este lunes del que será tal vez el más importante proceso "de fin de siglo" desde el punto de vista del derecho internacional y de la persecución mundial de los crímenes contra la humanidad.
Pinochet fue eximido de comparecer personalmente ante la corte británica y serán sus abogados los que recibirán la notificación judicial sobre los cargos que le imputa el juez español Baltasar Garzón para pedir que se le extradite.
Las acusaciones, según el dictamen del 24 de marzo de la Cámara de los Lores, sólo podrán aludir a delitos de tortura y conspiración para torturar cometidos por Pinochet a partir de diciembre de 1988, según la respectiva convención internacional.
El tribunal británico tendrá que pronunciarse probablemente sobre el argumento de Garzón de que las 1.198 desapariciones forzadas cometidas en los primeros años de la dictadura son delitos permanentes, válidos también para la extradición.
Según los expertos, los alegatos del proceso durarían una semana, para que la sentencia de primera instancia sea pronunciada unas dos semanas después, con lo cual se entraría a la fase de apelaciones.
Los recursos de apelación podrían prolongar el tratamiento judicial por varios meses, de acuerdo a precedentes de juicios de extradición en Gran Bretaña que en promedio se extienden por dos años.
Pinochet fue arrestado el 16 de octubre de 1998 en el centro médico London Clinic de la capital británica, donde convalecía de una intervención quirúrgica a una hernia lumbar que lo afectó durante una visita a Gran Bretaña.
El pedido de detención fue planteado por Garzón, quien desde 1996 instruye un proceso por crímenes contra la humanidad a las antiguas dictaduras de Chile y Argentina (1976-1983). (FIN/IPS/ggr/hd ip/99
