El ex dictador Augusto Pinochet salió hace un año de Chile en un viaje hasta ahora sin retorno a Londres, donde comenzará dentro de cinco días el juicio sobre su extradición a España.
El martes fracasó el último intento del canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, de impedir el proceso de extradición, invocando la precaria salud del ex dictador de 83 años para que las autoridades británicas lo liberaran por razones humanitarias.
En la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Robin Cook, le reiteró a Valdés que su gobierno no considerará un pedido de clemencia antes de que se dicte sentencia en el juicio.
Pinochet, quien encabezó la larga dictadura chilena entre 1973 y 1990, viajó el 22 de septiembre de 1998 a Gran Bretaña. El 10 de marzo de ese mismo año se había retirado del mando del Ejército para jurar al día siguiente como senador vitalicio.
Afectado por los fuertes dolores de una hernia discal, el ex dictador se internó el 8 de octubre para una intervención quirúrgica en el centro médico London Clinic, donde fue arrestado por agentes de Scotland Yard en la noche del día 16.
La historia de esta impactante detención se comenzó a escribir discretamente en Valencia el 1 de julio de 1996, cuando la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de España presentó una querella contra la Junta Militar que tomó el poder en Chile en 1973.
El arresto fue solicitado por el juez Baltasar Garzón, quien investigaba una querella similar, por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, que la UPF había presentado en marzo de 1996 contra los militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983.
Garzón extendió la causa a Pinochet por 94 chilenos desaparecidos en Argentina en el marco de la Operación Cóndor, el sistema de coordinación represiva que establecieron en los años 70 las dictaduras en el Cono Sur latinoamericano.
El juez Manuel García Castellón, quien tenía a su cargo la querella de la UPF contra Pinochet, se inhabilitó el 20 de octubre, con lo cual Garzón concentró las causas contra las antiguas dictaduras de Argentina y Chile.
Pinochet viajó a Londres con una confusa invitación de la empresa bélica Royal Ordenance, protegido por la inmunidad diplomática que supuestamente le otorgaba el pasaporte oficial extendido a su nombre por la cancillería chilena.
El "caso Pinochet", como se le conoce, puso a prueba el derecho internacional, con un conflicto entre la territorialidad de la justicia y la persecución más allá de las fronteras de criminales represivos beneficiados en su país por la impunidad.
Los interminables procesos de presentaciones y apelaciones en la Cámara de los Lores británica desembocaron el 24 de marzo en un fallo que declaró a Pinochet imputable, para efectos de la extradición a España, por la Convención Internacional contra la Tortura.
En el proceso que se iniciará el lunes próximo en Londres se analizarán los cargos presentados por Garzón por actos de tortura y conspiración para torturar, cometidos por el ex dictador desde diciembre de 1988, fecha en que la convención fue ratificada por Gran Bretaña.
El gobierno chileno intentó insistir en su "mejor derecho" para juzgar a Pinochet en el marco de la Convención contra la Tortura, pero España rechazó llevar el caso a un arbitraje bilateral.
Hace una semana, el canciller Valdés anunció que, ante la negativa española, el caso sería llevado a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, siempre de acuerdo con los procedimientos previstos en el instrumento internacional.
El ex canciller y actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Miguel Insulza, aclaró este martes que La Haya no es un camino para traer pronto de regreso a Pinochet, sino un trámite determinado por una posición de principios.
Insulza recordó que, en el mejor de los casos, un proceso en la corte internacional se demoraría dos años, lapso similar al que podría demandar el juicio de extradición en España si no mediara el delicado estado de salud de Pinochet.
Los alegatos que se inician el lunes en el tribunal británico londinense de Bow Street durarían unos cinco días, según los expertos, para que los respectivos jueces emitan una sentencia de primera instancia unas dos semanas después.
Entre los seguidores del ex dictador predomina la idea de que ese fallo será negativo para Pinochet, es decir favorable a la extradición, pero con ello se habrá cubierto solo una primera fase, ya que se abre la etapa de apelaciones.
Aún cuando el fallo fuera a favor del senador vitalicio, quien puede apelar en esa eventualidad es la Fiscalía británica, que representa a Garzón, con lo cual siguen vigente los cálculos sobre un interminable trámite de apelaciones.
Todo indica que, así como este miércoles se cumplió un año con Pinochet fuera de Chile, el 16 de octubre se cumpliría el primer aniversario del arresto del ex dictador, con éste sometido todavía a un régimen de detención domiciliaria. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/99
