La Cámara de Diputados de Brasil estudia una enmienda constitucional que reducirá la impunidad en casos de masacres, al diferenciar los crímenes contra los derechos humanos de los delitos comunes y derivar la investigación a tribunales federales.
El secretario de Estado de Derechos Humanos, José Gregori, espera una rápida aprobación de la iniciativa, para lo cual solicitó al presidente de la Cámara, Michel Temer, que acelere el trámite respectivo.
La absolución en agosto de los oficiales de la Policía Militar que comandaron la operación en la que murieron 19 campesinos del Movimiento de los Sin Tierra, en abril 1996, aumentó la necesidad de la nueva legislación.
El tribunal del norteño estado de Pará decidió que no había pruebas suficientes, aunque la matanza fue filmada por periodistas de televisión y exhibida al mundo.
El fallo confirmó la convicción generalizada de que será poco probable punir a los responsables de ejecuciones colectivas de campesinos, presos y pobladores de barrios pobres si esos casos continúan en manos de la policía y la justicia estadual.
"Hay crímenes que debido a presiones locales, deficiencias técnicas o falta de capacitación de la policía exigen tramitación en el fuero federal", dijo Gregori al defender la enmienda constitucional.
En Brasil han ocurrido masacres, como la de 111 reclusos en una cárcel de Sao Paulo en 1992 y otra de 10 campesinos en 1995, que alimentan las críticas locales e internacionales contra la impunidad de la violencia policial.
El proyecto de pasar ese tipo de delitos a jurisdicción de la justicia federal es un viejo reclamo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales consideran que la investigación y juicio en instancias locales son muy vulnerables al poder de los acusados y sus aliados.
Eso ocurre principalmente con los crímenes rurales, como las masacres de campesinos.
La propuesta a estudio del parlamento es también defendida por el ministro de Política Agraria, Raúl Jungmann, quien ha encontrado dificultades para implementar una reforma del sector a causa de la impunidad que profundizó los conflictos en el campo.
Los partidos opositores también apoyan el proyecto. El diputado José Dirceu, presidente del izquierdista Partido de los Trabajadores, anunció el voto favorable de la bancada de su sector y se comprometió a acelerar la aprobación.
La reforma constitucional presentada por el gobierno en 1996 establece que el procurador general o un consejo independiente es el que define si un delito constituye violación de los derechos humanos y si es investigado por la policía federal, dependiente del Ministerio de Justicia, y juzgado por un tribunal federal.
"Esos casos exigirán la evaluación de sus características", observó Gregori.
La matanza de 19 campesinos en Eldorado de Carajás por parte de la policía del estado de Pará "es un crimen clásico contra los derechos humanos", explicó.
El juicio a 150 policías militares que participaron en esa operación fue interrumpido por el fiscal Marco Aurelio Nascimento, quien acusó el juez de favorecer la absolución de los jefes y entendió que lo mismo ocurriría con los demás funcionarios.
El juicio fue dividido en 27 sesiones. La primera audiencia, que transcurrió del 16 al 18 de agosto, concluyó con la absolución de los tres oficiales de mayor rango, pero el fiscal pidió su anulación.
Gregori aprovechó la repercusión negativa de ese proceso para acelerar la votación de la enmienda constitucional. Pero para que ello suceda se necesita ser separada de una reforma del Poder Judicial más amplia, aún en elaboración por una comisión especial de la Cámara de Diputados.
La diputada Zulaié Cobra, relatora de la comisión, se resiste a tratar los proyectos por separado, ante el temer de que presiones similares para votación de otros puntos debiliten la reforma de la justicia en su conjunto.
En cualquier caso, se considera segura y rápida la aprobación de la legislación, lo cual evitaría que otras graves violaciones de los derechos humanos sigan impunes en Brasil. (FIN/IPS/mo/dm/hd/99
