Un Foro por la Paz que se llevará a cabo en la capital de Angola esta semana pedirá un inmediato cese del fuego en la guerra civil, a fin de que se pueda brindar ayuda humanitaria a las personas hambrientas de todo el país.
El foro será organizado por el Grupo de Angola para la Reflexión sobre la Paz (GARP, por su sigla en portugués), dirigido por el respetado teólogo Daniel Ntoni-Nzinga e integrado por eclesiásticos, sindicalistas, activistas por los derechos humanos, periodistas, académicos y estudiantes.
Un millón de angoleños desplazados, en seis capitales provinciales sitiadas por los insurgentes, dependen por completo de la ayuda que envían las agencias humanitarias por vía aérea.
Otros tres millones de personas en el territorio controlado por los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), que representa 70 por ciento del país, están fuera del alcance de los trabajadores de ayuda humanitaria.
"Si la ayuda alimentaria se detiene, en un mes tendremos una hambruna como la de Somalia, porque la gente no tiene reservas", advirtió Jean-Marie Falzone, vicecoordinador del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Más de 500 personas firmaron el manifiesto del GARP desde julio.
Ntoni-Nzinga sostuvo que el cese del fuego debe firmarse antes de permitir la acción de trabajadores de ayuda humanitaria, ya que de otro modo la ayuda "será empleada para continuar la guerra".
El Foro elegirá una comisión de personas socialmente destacadas para que inicien negociaciones con las dos partes en conflicto.
El GARP se reunirá esta semana con los arzobispos católicos de Angola y otros dirigentes religiosos, a fin de sumar esfuerzos para la creación de un movimiento pacificador.
La Iglesia Católica ha aumentado sus criticas a la guerra y sus llamados a iniciar negociaciones, y no pasa una semana sin que algún obispo haga declaraciones contra el enfrentamiento armado y a favor del diálogo. Esa postura se opone a la del gobierno, que no quiere negociar con la UNITA.
"La guerra está destruyendo a las personas y la infraestructura de este país, y se alimenta de un conjunto de intereses personales y grupales", denunció el obispo de Malange, Luis María Pérez de Onraita.
De Onraita reiteró conceptos expresados en julio en una carta pastoral (mensaje a la sociedad) de los obispos católicos, en la cual se condenó a quienes "hacen de la guerra un negocio rentable" y acumulan dinero en bancos extranjeros.
La acusación de los obispos aludió con claridad a los generales y altos funcionarios del partido de gobierno que ganan importantes comisiones por la venta de armas y otros negocios turbios.
En la carta pastoral se sostuvo que en la actualidad ambos bandos en conflicto son responsables de la guerra. Esto marcó un cambio en la posición de la Iglesia Católica, que hasta entonces había mantenido una relación de mutua tolerancia con el gobernante Movimiento para la Liberación Popular de Angola.
El GARP se propone realizar una convención nacional de paz a fines de este año. Los activistas afirmaron que la sociedad civil fue excluida de los acuerdos de paz auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas en 1991 y 1994, y que esa omisión debe ser corregida.
"La UNITA debe sentarse en la mesa de negociaciones y explicar sus exigencias", sostuvo Ntoni-Nzinga.
Los participantes en la convención discutirán bases para la creación de un nuevo Estado angoleño, incluyendo la descentralización, el cese de las políticas de exclusión y marginación de las minorías, y nuevas orientaciones para la política económica.
"La economía debería servir a la gente y no al revés", sentenció Ntoni-Nzinga.
El GARP analizó en su declaración la cultura de la codicia y el abuso que se ha instalado en el país tras 25 años de guerra.
Angola es un país con grandes riquezas naturales que incluyen petróleo, diamantes y tierras fértiles, pero es una de las 15 naciones más pobres del mundo, y la primera en mortalidad infantil. También presenta la mayor tasa mundial de personas que sufrieron amputación de miembros a causa de minas terrestres.
"La guerra se convirtió en un modo de vida y de hacer negocios en Angola", comentó Ana da Conceiçao Pedro Garcia, secretaria general del GARP y del sindicato de trabajadores que producen materiales para la construcción.
"Los generales y la UNITA explotan las minas de diamantes. Por extensión, los ciudadanos tratan de aprovechar cada oportunidad que se les presenta para lograr beneficios económicos. Debemos cambiar esta mentalidad, forjada durante 25 años de guerra", sostuvo.
Angolense, un semanario favorable al MPLA, informó que altos oficiales del Ejército recibieron 200 millones de dólares en comisiones por la compra de armas. El ministro de Defensa, Kundi Payhama, admitió en el parlamento que las fuerzas armadas están muy mal equipadas pese a la gran cantidad de armas adquiridas.
El gobierno destinó 840 millones de dólares a gastos militares en 1998, según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz, con sede en Estocolmo.
Las autoridades han hipotecado los beneficios de la producción de petróleo de varios años para comprar armas. Este año el gobierno empleó para comprar armamentos 870 millones de dólares obtenidos a cambio de concesiones para la prospección y explotación de yacimientos.
La UNITA obtuvo, a su vez, más de 1.700 millones de dólares de beneficios con el comercio de diamantes desde 1994, según la organización no gubernamental humanitaria Human Rights Watch.
Los insurgentes manejaban dos tercios de la producción total de diamantes del país entre 1996 y 1997, cuando controlaban los yacimientos del valle septentrional de Cuango. En 1996, el valor de la producción de diamantes en esa región llegó a un máximo de 730 millones de dólares y en 1997 fue de 500 millones.
La capa superficial de diamantes se agotó, y la UNITA abandonó el valle de Cuango en 1998.
Los rebeldes obtuvieron sólo 200 millones de dólares por la venta de diamantes en 1998, según estimaciones de especialistas, en parte debido al colapso de los precios en el mundo, y en parte por el agotamiento de los yacimientos más lucrativos que controlaban.
Las autoridades también están involucradas en la venta ilegal de diamantes. "Varios altos funcionarios de gobierno tuvieron un papel importante en la producción no oficial de diamantes del país", señaló el investigador Alex Vines en un informe sobre Angola publicado por Human Rights Watch hace dos semanas.
Paulino Neto, el director de la empresa pública Endiama, fue destituido a comienzos de este año, bajo la acusación de haberse apropiado de diamantes y de fondos procedentes del comercio de diamantes. Neto fue sustituido por el general Agostinho Dias Gaspar.
Varios generales explotan concesiones en la región de Lundas, rica en diamantes, y se sospecha que realizan ventas ilegales al exterior, tal como lo hace la UNITA.
"Nuestros principales recursos, el petróleo y los diamantes, se entregan a cambio de armas. La economía de la guerra creó una cultura del robo. Dirigentes políticos y militares se apropian en forma indebida de recursos nacionales, en especial minerales, con la cobertura de negocios privados", afirmó el GARP.
Los observadores se preguntan si el llamado de la paz será más fuerte que el del petróleo y los diamantes. (FIN/IPS/tra- en/ms/pm/ceb/mp/ip/99
